El Supremo portugués anula parte de los estatutos del partido ultra Chega por falta de democracia interna
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El Gobierno resuelve una crisis interna tras la dimisión de uno de los principales asesores presidenciales
11 nov 2022 . Actualizado a las 18:33 h.La ultraderecha portuguesa queda en evidencia a ojos de la Justicia. El Tribunal Constitucional obliga a la formación Chega, con doce diputados en la Asamblea Nacional, a restar poder a su líder, André Ventura. Lo hace con un fallo en el que declara inválidos varios de los puntos de los estatutos aprobados en un congreso del año pasado.
En concreto, aluden a la significativa concentración de poderes en la figura del presidente del partido y rechazan que se puedan implementar medidas punitivas contra los militantes por «insubordinación». Además, el organismo entiende que una mayor complejidad de la organización interna del partido podría obstaculizar la articulación y transparencia. El texto concedía a Ventura la facultad para «designar un importante conjunto de órganos internos» y «poseer un rango muy amplio de competencias».
Caso cerrado
Este partido de ultraderecha es una de las formaciones que mejor capitaliza en intención de voto la caída de popularidad de los socialistas desde que entraron al Gobierno con mayoría absoluta. En concreto, vierten sus críticas sobre los casos de incompatibilidades que salpicaron al Ejecutivo. El último de ellos es el de Miguel Alves, el secretario de Estado adjunto del primer ministro. Tras fuertes críticas de la oposición y una desafortunada entrevista a un diario portugués, en la que trataba de excusarse, fueron varios miembros de su propio partido los que advirtieron de la crisis de credibilidad que esto podría suponer. Tras varios días de silencio, Alves presentó en la tarde del jueves su dimisión con apenas un mes en el cargo.
El problema se remite a su etapa como presidente de la Cámara de Caminha, cuando se realizó el «adelanto sospechoso» de 300.000 euros al promotor de la construcción de un Centro de Exposiciones Transfronterizo, que está bajo investigación de la Justicia. Por este caso, Alves debe comparecer ante los tribunales.
La polémica ascendió de nivel, por constituir una excepción a la férrea norma socialista de expulsar del Gobierno a cualquier persona investigada por la Justicia.
