El Tribunal General de la Unión Europea determinará hoy el futuro judicial del expresidente
25 nov 2022 . Actualizado a las 08:13 h.La defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont argumentó ayer ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que las euroórdenes que emitió el Tribunal Supremo (TS) para poderle juzgar en España podrían haberse evitado si la Eurocámara hubiera defendido su inmunidad.
Un argumento con el que sentó las bases de la discusión que tendrá lugar este viernes en el mismo tribunal sobre si el Parlamento Europeo actuó o no correctamente a la hora de levantarle a Puigdemont la inmunidad parlamentaria, aceptando el suplicatorio que pidió el TS para poder juzgarle por la causa del procés.
El 10 de diciembre del 2019, el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, evitó tramitar la solicitud que le hicieron 38 eurodiputados para que defendiese la inmunidad de Puigdemont y esa decisión, según su abogado Gonzalo Boye, produjo «efectos jurídicos» contrarios a los intereses del expresidente de la Generalitat. Y es que si la hubiese tramitado, alegó Boye, el TS tendría que haber «suspendido» la causa contra Puigdemont y no haber emitido las euroórdenes, a la espera de saber qué decisión hubiera adoptado la Eurocámara respecto a la inmunidad del líder independentista.
Sin embargo, el abogado del Parlamento, Niklas Görlitz, alegó que Sassoli no pudo empezar el proceso para defender la inmunidad de Puigdemont porque este no se lo pidió y añadió que, en cualquier caso, de haberlo hecho, no hubiera tenido «efectos vinculantes» para la justicia española. Un posicionamiento, este último, que compartió la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis.
De esta forma, unos y otros sentaron las bases sobre la discusión de este viernes, en la que Boye alegará que el suplicatorio que pidió el Supremo para que Bélgica extradite a Puigdemont es ilegal porque lo solicitó después de haber emitido las euroórdenes, sin esperar a saber si la Eurocámara le levantaba o no la inmunidad.
La vista de este viernes entrará de lleno en la cuestión del suplicatorio, la causa principal que determinará el futuro judicial de Puigdemont y de los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, a quienes también reclama el TS.
Persecución política
Para pedir la anulación del suplicatorio, Boye argumentará también que los tres eurodiputados son víctimas de una persecución política y, para reforzar su argumento, aducirá que prueba de ello es la reforma del delito de sedición que ha planteado el Gobierno de España y que tramita ya el Congreso.
Según sus abogados, el cambio del Código Penal refuerza su tesis de la persecución porque a lo largo de la causa del procés, los delitos por los que el TS ha reclamado su extradición han ido cambiando, primero por rebelión, después por sedición y, si se aprueba la reforma, por uno posible de desórdenes públicos agravados. Argumentarán también que la comisión parlamentaria que aprobó su suplicatorio y los de los eurodiputados de JxCAT Toni Comín y Clara Ponsatí no actuó de forma imparcial, y que el TS no es el competente para reclamarlo.
El Parlamento Europeo, sin embargo, consideró que no debía entrar a analizar si el TS es o no el competente para pedir el suplicatorio, que decidió aprobar porque consideró que los hechos por los que le reclama la justicia española ocurrieron antes de que Puigdemont fuese eurodiputado.