La derrocada presidenta de Birmania acumula 33 años de prisión de distintas sentencias tras el golpe de Estado del 2021
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Un tribunal militar la declaró hoy culpable de cinco cargos de corrupción
30 dic 2022 . Actualizado a las 11:17 h.Un tribunal militar de Birmania (Myanmar) condenó este viernes a la derrocada líder Aung San Suu Kyi a siete años de cárcel al encontrarla culpable de cinco cargos de corrupción, en el último de los casos presentados en su contra, informaron fuentes cercanas al proceso.
Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión en Naipyidó, acumula un total de penas de 33 años a raíz de un maratón de juicios por casi una veintena de delitos imputados tras el golpe de Estado del 1 de febrero del 2021.
Este era el último proceso, dirimido por un tribunal especial ubicado en el correccional, programado contra la premio nobel de la paz, quien en esta ocasión era juzgada por abuso de su posición para el alquiler de terrenos y por la compra y alquiler de helicópteros, entre otros delitos vinculados a la corrupción.
La líder electa, detenida durante las primeras horas de la sublevación, ya ha sido hallada culpable por una retahíla de delitos como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de «walkie talkies», la violación de la ley de Secretos Oficiales y el fraude electoral, entre otros.
La primera condena contra la depuesta política, vista por el pueblo birmano como una heroína en la lucha por la democracia y que ya pasó años de arresto domiciliario bajo anteriores dictaduras militares, fue anunciada el 6 de diciembre del año pasado. Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las acusaciones presentadas en su contra.
La sentencia se conoce después de que la semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU reclamara la liberación de todos los presos políticos detenidos desde la sublevación, incluida Suu Kyi. El texto del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, que ha sido objeto de negociaciones durante meses y salió adelante con doce votos a favor y tres abstenciones (de China, Rusia e India), también reclamó un cese inmediato de la violencia en Birmania.
El golpe militar del 1 de febrero del 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 2.682 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.100 permanecen detenidas, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP).