Llarena retira la acusación de sedición a Puigdemont y abre la puerta a su regreso
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Le imputa desobediencia y malversación agravada y critica la reforma del Código Penal
13 ene 2023 . Actualizado a las 10:30 h.El expresidente Carles Puigdemont comienza a ver una pequeña puerta para volver a España. Este jueves, el juez instructor del caso del procés, Pablo Llarena, emitió un auto en el que le elimina la acusación de sedición y la sustituye por una de desobediencia a la autoridad, penada con tres meses a un año de prisión o multa de seis a dieciocho meses, porque considera que lo sucedido en el 2017 en Cataluña no encaja en el delito de desórdenes públicos agravados. Se intentó «desbordar el orden constitucional y lograr, directa o indirectamente, pero fuera de las vías legales, un nuevo orden territorial y político», arguye.
Además, le mantiene la acusación de malversación agravada, cuyas penas son como las de la antigua, de 4 a 8 años de cárcel, pudiendo llegar a 12 si el perjuicio causado excede de 250.000 euros, y de 10 a 20 años de inhabilitación. Argumenta Llarena que los líderes independentistas tuvieron idea de «apropiarse» de «patrimonio público» en la intentona separatista del otoño del 2017, mientras que el «tipo atenuado es únicamente si se dispone temporalmente de una cosa». Así, dice que la única diferencia es que la vieja sustracción se ha sustituido por apropiación en la nueva norma, pero él pone la tinta en «la disminución ilícita de los caudales públicos», defiende que el delito de malversación «no requiere el enriquecimiento del autor, sino la disminución ilícita de los caudales públicos». Con ambos tipos penales, desobediencia y malversación agravada, el juez esquiva la reforma del Código Penal que rebaja a entre 1 a 4 años de cárcel la malversación si no hay ánimo de lucro personal, y evita el delito de desórdenes públicos, por los que en principio se sustituye el de sedición.
Aún así, la adaptación de la causa al nuevo Código Penal que entró este jueves en vigor allana bastante el camino, pero todavía tiene curvas tanto para el expresidente como para los consejeros huidos con él, Toni Comín y Lluís Puig.
Ponsatí y Rovira evitan la cárcel
La situación pasa a ser más favorable para la exconsejera Clara Ponsatí y la dirigente de ERC Marta Rovira, que no estaban acusadas de malversación, sino solo de sedición. Al desaparecer este delito pasan a ser acusadas solo de desobediencia, y no entrarían en la cárcel por no estar penado con más de dos años. Rovira, que lleva 5 años en Suiza, ya dijo ayer que descarta un regreso inminente y que se lo pensará.
Aunque ahora es más difícil que Carles Puigdemont entre en la cárcel si vuelve a España, el auto del juez del Supremo conocido ayer no supone una garantía absoluta de que el expresidente catalán no acabe en prisión preventiva si pisa territorio nacional.
Las rebajas de las penas de los delitos de los que ahora se acusa a los huidos conllevó que Llarena dejara sin efecto las euroórdenes por sedición para detener y extraditar a Puigdemont, Comín y Puig, al tiempo que pospuso emitir unas nuevas a que el Tribunal General de la Unión Europea decida sobre la eventual retirada de la inmunidad parlamentaria de los dos primeros, y a que el Tribunal de Justicia de la UE resuelva la cuestión prejudicial planteada por el magistrado.
Sí redactó una nueva orden nacional de busca y captura e ingreso en prisión para los tres por malversación y desobediencia.
Tres críticas
En su auto, Llarena se permite tres críticas al Poder Ejecutivo y Legislativo por la reforma que le ha obligado a rehacer la causa. Señala que aunque diga que busca una mayor proporcionalidad en la respuesta penal, opina que la derogación de la sedición plantea «un contexto cercano a la despenalización». Arremete contra la tesis del Gobierno de armonizar el Código Penal con el de otros países europeos. «Las penas previstas para el delito de sedición eran plenamente homologables a las de nuestro entorno», zanja. Y no duda en ver una reforma a la carta: «Ha encontrado su génesis en la sentencia del procés».
Si los magistrados del Supremo que juzgaron el procés y condenaron a Junqueras y a los otros once encausados siguen el camino marcado por Llarena, Puigdemont tendrá un horizonte judicial complicado, pero también sería posible mantener la condena a 13 años de inhabilitación que pesa sobre Oriol Junqueras, —y las del resto—, que terminaría de cumplir en el 2031.
El Supremo dio ayer ocho días a las acusaciones y a las defensas de los nueve condenados a penas de prisión para que realicen las alegaciones que consideren pertinentes sobre el efecto en la causa de la reforma penal que entró este jueves en vigor.
