Los magistrados resuelven a favor de la petición de la compañía y revierten la decisión de la Audiencia Nacional. Invalidan, de esta forma, dos sentencias previas de la Audiencia Nacional, que había anulado la prórroga de la concesión de Costas. El dictamen despeja la incertidumbre sobre el futuro de las 5.100 familias vinculadas a su actividad
08 feb 2023 . Actualizado a las 09:27 h.El Tribunal Supremo ha fallado a favor de la validez de la prórroga de la concesión de Costas de la factoría de Ence en Pontevedra hasta el año 2073, atendiendo el recurso en casación presentado por la empresa, colectivos del sector forestal y de firmas auxiliares y de la representación de los trabajadores de la empresa. Desde el Supremo señalaron que se ha admitido el argumento defendido por la empresa y los demás recurrentes en el sentido de que se puede otorgar una prórroga de la concesión de empresas que tenían una autorización antes de la reforma de la Ley de Costas. Asimismo, desde el Supremo se precisa que Ence contaba con informes ambientales favorables a la prórroga de la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre en Lourizán y que cumplía con los requisitos para poder continuar en su actual emplazamiento al amparo de la prórroga que, en su día, le otorgó el Gobierno de Rajoy.
En un comunicado, el Poder Judicial explica que la decisión de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado los recursos de Ence y otras entidades, lo que ratifica la resolución que el 20 de enero del 2016 emitió la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que otorgó a Ence una prórroga de sesenta años de la concesión de ocupación de una franja de dominio público marítimo terrestre destinada a pasta de celulosa en Pontevedra. En este comunicado, se precisa que la Sala «considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, siempre que consten informes medioambientales favorables». En el asunto analizado, sobre la continuidad de la factoría de Ence en Lourizán, «constaban informes favorables de la Administración en esta materia». El contenido íntegro de la resolución del Supremo sobre Ence, que contará con un voto particular, de la magistrada Ángeles Huet, «se conocerá en los próximos días».
Los magistrados del Supremo invalidan, de esta forma, dos sentencias previas de la Audiencia Nacional, que anuló la prórroga de la concesión de Costas. Estas sentencias que han quedado sin efecto son las que daban la razón al Concello de Pontevedra y a Greenpeace. Una tercera, la de la Asociación pola Defensa da Ría, queda todavía pendiente de fallo, pero se supone que irá en el mismo sentido, ya que las tres resoluciones de la Audiencia Nacional abundan en los mismos motivos y las tres fueron recurridas en casación ante el Supremo.
En la reunión de la Sección Quinta de este martes, también se analizaron otros recursos relativos a la prórroga de concesiones de dominio público marítimo terrestre, pero referentes a viviendas. En este sentido, los mismos magistrados han ratificado la resolución de la Administración, también apoyada en este caso por la Audiencia Nacional, de «denegar la prórroga porque en esos casos la denegación venía amparada con informes medioambientales desfavorables». Se trataba de viviendas ubicadas en la playa Babilonia, en Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante.
Ence celebra la decisión del Supremo
La decisión del Tribunal Supremo es motivo de «satisfacción» para la dirección de la compañía que, a través de un comunicado, reconoce que el dictamen despeja la incertidumbre sobre el futuro de las 5.100 familias vinculadas a su actividad. Además, aporta la seguridad necesaria para cometer sus planes de futuro, tal y como explican en ese comunicado. «La empresa seguirá centrada en crear riqueza y empleo sostenibles en Galicia a través de la actividad de esta planta, que se mantendrá siempre a la vanguardia de la eficiencia, mejores tecnologías disponibles y sostenibilidad», añaden desde la pastera.
Ence celebra que la biofábrica vaya a formar parte del futuro de Pontevedra y de Galicia, «un futuro en el que quiere aportar valor contribuyendo al desarrollo sostenible e incluyendo y escuchando a todos». En esa línea, recalca que va a entablar, de forma proactiva, un diálogo abierto con la sociedad con la que convive. «Queremos seguir escuchando la voz de todos, respondiendo a las inquietudes de nuestro entorno para, juntos, ser capaces de visibilizar todo lo que aportamos a esta comunidad, así como continuar avanzando y mejorando», señaló tras conocer el fallo del Tribunal Supremo el presidente de Ence, Ignacio Colmenares, quien añadió que: «Está invitación al diálogo y a la escucha activa incluye también a los colectivos más críticos con la actividad de Ence Pontevedra, a los que volveremos a invitar a reunirse con nosotros para buscar puntos de encuentro y vías de colaboración en beneficio de toda la sociedad».
Desde la pastera reconocen que el compromiso con Pontevedra y su entorno sigue vivo y una vez despejadas las dudas que sobrevolaban la compañía, volverá a plasmarse en el Plan Social.
En paralelo a Pontevedra, la compañía ha iniciado los estudios y la ingeniería para la puesta en marcha de una bioplanta de reciclado y biomateriales en As Pontes. Además, acaba de anunciar la creación, puesta en marcha y desarrollo de una nueva filial, Ence Biogas, un proyecto que prevé construir y operar 20 plantas de biometano en distintos puntos de Galicia.
Primeras reacciones políticas
El gobierno municipal bipartito BNG-PSOE era contrario a la continuidad de la pastera .El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), fue rotundo: «Isto é un fracaso do Estado de Dereito». El regidor mostró su público repudio a un fallo que va en contra de lo que el Bloque ha defendido siempre. «Levo moitos anos nesta loito e sabíamos que un Concello, ainda sendo unha capital de provincia e a súa veciñanza, pelexando primeiro contra o Estado e despois contra o gran capital, foi sempre unha loita desigual». No obstante, el regidor hizo referencia a las famosas palabras de Quevedo, «poderoso caballero es don dinero». Lores sostuvo: «Esta sentenza significa literalmente cargarse a Lei de Costas e a proteción e recuperación do litoral de Pontevedra». Sobre qué nuevos pasos va a tomar el Concello, Lores afirmó que hay que esperar a que se reciba la sentencia entera y examinar su contenido, antes de saber cómo recurrirla, ya que no está dispuesto a darse por vencido. En relación al PP, también arremetió directamente contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el portavoz municipal y candidato a la alcaldía, Rafa Domínguez. «Non entendo como dous pontevedreses lle queren tan mal a Pontevedra como para non contribuir a reubicar unha industria que levamos 60 anos padecendo», manifestó.
El portavoz socialista en el Concello, Iván Puentes, recordó que el PSOE «sempre defendeu a contiuidade de Ence pero fóra de Lourizán». A la vista de la decisión del Supremo, mostró su «absoluto respeto» al fallo. Adelantó que el Concello exigirá a la fábrica «as inversións que leva sen facer 60 anos: na mellora da seguridade na fábrica e tamén na cidade, nas asociacións e no entorno, igual que otras empresas destinan parte dos seus beneficios á comunidade». Además, Puentes también subrayó que se exigirá a la empresa «o mantemento dos postos de traballo en Pontevedra». En cuanto al BNG, que siempre ha sido el grupo más contrario a la continuidad de Ence en la ría, todavía no ha tenido un pronunciamiento oficial.
Desde la oposición municipal, el PP, que siempre defendió la continuidad de la pastera y la legalidad de la prórroga concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy, se manifestó una «enorme satisfacción», según indicó su portavoz, Rafa Domínguez. «El Supremo dice que Ence cumple medioambientalmente, que su ubicación es legal y que la prórroga fue legal». Además, mostró su alegría ya que «se mantienen cientos y cientos de puestos de trabajo, cientos y cientos de familias pontevedresas han visto con esperanza y alegría que van a poder seguir en nuestra ciudad».
El vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Industria, Francisco Conde, mostró la satisfacción del Gobierno autonómico sobre el futuro de Ence por lo que significa para el sector forestal y empresarial gallego. Precisó que con esta resolución «se ve reforzada a economía en Galicia, o sector forestal, o sector loxístico, a Autoridade Portuaria, en definitiva o conxunto da economía industrial en Galicia». Conde añadió que «en definitiva se demostra que non hai dilema entre ter postos de traballo de calidade e en garantir a sostentabilidade da contorna natural». Puntualizó que con lo ocurrido con Ence hay «unha nova oportunidade» de mostrar la compatibilidad entre la actividad económica, el empleo de calidad y el cuidado del medio natural. Además, Conde animó a Ence a seguir adelante también con su proyecto para As Pontes.
Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, valoró muy negativamente la decisión del Supremo. En un tuit afirmó: «Esta sentenza será recordada por inxusta e inexplicable. Sabemos que as multinacionais teñen poderes na sombra, máis non pasarán por riba da dignidade de Pontevedra e Galicia. Nada nos impedirá seguir loitando para sacar a Ence da ría de Pontevedra. Hoxe con máis forza que nunca!».
Duras críticas de Greenpeace al fallo
Por su parte, Greenpeace, que fue uno de los tres recurrentes contra la prórroga de la concesión en su momento, lamentó la decisión del Supremo, ya que este colectivo ecologista considera que la permanencia de la factoría «permitirá a Ence seguir dañando la ría de Pontevedra». Para Greenpeace, Ence podría ubicar su planta «en cualquier otro lugar» y calificó la actividad de la pastera como «altamente lesiva» y, desde su punto de vista, «incompatible con la Ley de Costas». Este colectivo sostiene que «la presencia de Ence en la ría no está justificada tal y como declaró la Audiencia Nacional y a pesar de la decisión del Tribunal Supremo, pues impide recuperar la marisma de Lourizán para el patrimonio natural gallego, para el bien común y restaurar el desastre generado en los últimos sesenta años». El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, afirma que con la resolución del Supremo «el medio ambiente hoy sale perdiendo».
