Los socios de Sánchez le piden que aclare la actuación del policía infiltrado entre los anarquistas de Barcelona

La Voz REDACCIÓN / AGENCIAS

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Manifestante anarquista en las calles de Valencia. Al fondo, un contenedor en llamas.
Manifestante anarquista en las calles de Valencia. Al fondo, un contenedor en llamas. MANUEL BRUQUE

Activistas sociales de Valencia denuncian otro caso de un agente infiltrado y acusan al Ministerio del Interior de la «instrumentalización» de sus compañeras

15 feb 2023 . Actualizado a las 08:15 h.

El caso de Dani, el policía que durante dos años y medio (de junio del 2020 a octubre del 2022) actuó como agente encubierto en el entorno antisistema y anarquista de Barcelona, ha llegado este martes al Congreso. Los grupos parlamentarios de ERC, EH-Bildu, Más País, Compromís, Junts, PDECat, BNG y la CUP —entre los que se cuentan la mayoría de los socios que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez— han solicitado formalmente al presidente del Gobierno que comparezca ante la Cámara para dar explicaciones sobre la actuación de este policía nacional, al que ocho mujeres acusan de haber mantenido con ellas relaciones sexuales y sentimentales para obtener información de primera mano de los movimientos radicales catalanes.

El caso fue destapado el pasado 30 de enero por el medio digital La Directa. Según las investigaciones desarrolladas a partir de ese momento por este y otros medios, el agente encubierto se instaló en mayo del 2020 en el barrio barcelonés de Sant Andreu y se hizo un habitual del gimnasio del centro social okupado La Cinétika. Allí contactó con ocho mujeres vinculadas a los movimientos antisistema de la Ciudad Condal, con las que mantuvo relaciones de diferente tipo y se convirtió en pareja estable de dos de ellas. Tras descubrirse su tapadera el pasado otoño, el policía fue enviado a realizar otras labores en una embajada de España. 

Otro caso en Valencia

Según explicaron este martes las representantes de varias entidades y colectivos sociales de Valencia, el de Barcelona no es el único caso de un policía infiltrado en movimientos radicales en España. Diferentes colectivos del barrio valenciano de Benimaclet anunciaron que están estudiando emprender acciones legales por la supuesta infiltración de un agente de policía en su entorno, al considerar que esta práctica «sin autorización judicial» constituye una vulneración de los derechos fundamentales, civiles y políticos de sus miembros, así como un posible delito contra la inviolabilidad de domicilio y de revelación de secretos.

Tras la publicación en La Directa de informaciones que señalan que un agente de policía se infiltró con identidad falsa durante dos años en estos movimientos vecinales y antifascistas de Valencia, las activistas denunciaron la ilegalidad de una acción «que no responde a ninguna investigación judicial ni viene autorizada por ningún juez». 

Desde estos colectivos señalaron la responsabilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del Gobierno del PSOE y UP de «la vulneración de sus derechos» y la «instrumentalización» de sus compañeras «con el único fin de controlar la disidencia política».