El Gobierno impone la paridad en el consejo de 165 empresas no cotizadas

G. Lemos REDACCIÓN / LA VOZ

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La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, atiende a medios tras una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, atiende a medios tras una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

La patronal critica el cambio legal: «No nos gusta la obligatoriedad»

23 may 2023 . Actualizado a las 14:04 h.

Además de las empresas cotizadas (las del Ibex y el resto del Mercado Continuo, pero también aquellas presentes en el mercado alternativo y sociedades de capital como socimis o sicavs), otras 165 grandes compañías sin presencia en Bolsa tendrán que renovar sus consejos de administración para garantizar que las mujeres ocupen al menos el 40 % de los asientos del máximo órgano de dirección de la compañía.

Esta será una de las consecuencias del anteproyecto de la nueva ley de representación paritaria, cuyo anteproyecto se aprobó ayer en el Consejo de Ministros, que se aplicará también a las empresas calificadas como entidades de interés público que tengan una plantilla superior a los 250 trabajadores y cuya cifra anual de negocios supere los 50 millones de euros (o que cuenten con un activo de más de 43 millones de euros).

En todo el país, hay unas 1.700 empresas consideradas de interés público (una categoría reservada a ciertas actividades como aseguradoras, entidades de crédito o fundaciones bancarias, entre otras), pero de ellas solo 165 cumplen con los requisitos exigidos para estar sujetas a la nueva norma, según los cálculos del Ministerio de Economía.

Estas empresas no cotizadas tendrán un calendario más flexible para renovar sus consejos de administración y ampliar la presencia femenina. En concreto, tres años, hasta el 1 de julio del 2026, mientras que en el caso de las cotizadas (que también deberán promover la igualdad en los puestos de alta dirección, adaptando si es preciso los procesos selectivos) los nuevos requisitos tendrán que cumplirse el 1 de julio del 2024.

Eso, siempre que la ley —que aún tiene que pasar por los órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros para una segunda lectura y completar luego la tramitación parlamentaria— consiga el visto bueno de las Cortes antes de su disolución para la convocatoria electoral, ya que de lo contrario decaería el proyecto.

Pasar de recomendar a obligar

La norma no fue presentada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien destacó que con ella «pasamos de las recomendaciones, los principios y las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica».

Y es que además de obligar a renovar los consejos de administración de las empresas, se consagra también la paridad en el Consejo de Ministros, se imponen listas cremallera (con alternancia de hombres y mujeres) en todos los procesos electorales y se impone la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados que concedan premios financiados con dinero público.

Pero ¿cómo se controlará que la ley se cumpla? Las empresas cotizadas tendrán que aprobar un informe anual sobre igualdad que se remitirá a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y esta publicará con periodicidad anual un listado actualizado de las sociedades que hayan alcanzado los objetivos establecidos. Las que no cumplan se expondrán a una sanción que oscilará, según Colpisa, entre los 300.000 euros y el 2 % de los recursos propios de la compañía, en función de la gravedad. No así las no cotizadas, que en el caso de no alcanzar el 40 % de presencia femenina deberán justificar los motivos del incumplimiento y proponer medidas correctoras.

División en la CEOE

La norma no ha sido bien recibida en la CEOE, que criticó que el Gobierno no les haya consultado ni enviado el proyecto para poder estudiarlo. «No nos gusta en absoluto la obligatoriedad», subrayó el vicepresidente de la patronal de empresarios, Salvador Navarro, quien censuró que la norma merme la autonomía de las empresas en la toma de decisiones. Aunque también hay voces entre los empresarios que la apoyan, como la del presidente de la catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien se mostró «absolutamente de acuerdo» con su espíritu y sus objetivos.