La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí es detenida tras cruzar la frontera francoespañola

La Voz AGENCIAS

ACTUALIDAD

Agentes de paisano de los Mossos han arrestado a la eurodiputada en las calles de la ciudad condal a raíz de la orden que el Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referendo del 1-O

28 mar 2023 . Actualizado a las 23:00 h.

Agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra han detenido este martes en las calles de Barcelona a la exconsejera de Enseñanza y eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, a raíz de la orden de arresto que el Tribunal Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referendo del 1-O. Después de cinco años huida de la justicia española, Ponsatí había decidido regresar a España una vez el Supremo le retiró la acusación de sedición por la que inicialmente fue procesada a raíz de las reformas penales impulsadas por el Gobierno.

Un mosso d'esquadra de paisano la ha arrestado a las 18.07 horas en la plaza de la Catedral de Barcelona, solo unos minutos después de que terminarse la rueda de prensa que ha dado en el Colegio de Periodistas de Barcelona. La detención se ha producido a pesar de que ella se ha identificado como eurodiputada y ha dicho que tiene inmunidad.

Minutos antes, en esa rueda de prensa ante los medios Ponsatí afirmaba que ha regresado a Cataluña no para hacer «ningún pacto con el Estado», sino para «denunciar la vulneración sistemática» de los derechos de los catalanes y para «plantar cara». «Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea, sólo en España no se me reconoce», había asegurado ante los medios, al mismo tiempo que pronosticaba que continuaría ejerciendo como eurodiputada. 

Además, dejó claro que no reconocía «la competencia del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena», por lo que creía que sería «una inconsistencia» que la detuviesen. Ponsatí pronosticaba que su residencia continuaría entre Estrasburgo y Bruselas, aunque estaría en Barcelona «de forma frecuente y regular» si se confirmaba que puede «circular libremente» por territorio europeo. Con su regreso, dijo, pretendía «visibilizar más intensamente» el combate del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de huidos en Bruselas, si bien aclaraba que no «sabe ver» una «relación directa» entre su retorno y el de sus compañeros. 

La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017
La eurodiputada de JxCat Clara Ponsatí, exconsellera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 Quique Garcia | EFE

Apoyos independentistas

La práctica totalidad de los partidos independentistas catalanes han apoyado a Ponsatí tras su arresto. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC) ha trasladado este martes su apoyo a la exconsejera. «Bienvenida a tu casa, a tu país. A tu lado Consellera», ha subrayado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

«JxCat expresa todo su apoyo a la consellera Clara Ponsatí en su decisión de volver a Cataluña, una decisión enmarcada en la confrontación inteligente», afirmaba el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un vídeo difundido después de que la exconsejera de Educación hubiese vuelto a España cinco años y medio después de huir para evitar ser procesada por el 1-O.

Por su parte, el diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha mostrado su apoyo a la exconsellera y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí después de que haya vuelto a España este martes sin entregarse a las autoridades, y ha avisado: «Ante cualquier intento del Estado de represaliarla, allí estaremos». «Entendemos que tiene la inmunidad parlamentaria, pero pesa sobre ella una orden de detención. Ahora mismo la pelota está encima del tejado del Estado», ha sostenido Pellicer en rueda de prensa en el Parlament.

La Fiscalía no recurrirá la decisión de Llarena 

La noticia se ha mezclado este martes junto a la decisión de la Fiscalía de no recurrir la decisión del magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena de procesar a Puigdemont únicamente por delitos de desobediencia y malversación, sin sumar el nuevo de desórdenes públicos agravados, tras la revisión efectuada por la última reforma penal, según las fuentes fiscales consultadas por Europa Press.

El instructor del procés tuvo que revisar el procesamiento por el 1-O de Puigdemont, los exconsejeros Toni Comín, Lluis Puig y la propia Ponsatí, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a raíz de la reforma del Código Penal (CP) que eliminó el delito de sedición, modificó el de malversación y creó uno de desórdenes públicos agravados. En una primera resolución del 12 de enero, Llarena acordó procesar al expresidente por delitos de desobediencia —en sustitución de la desaparecida sedición— y malversación agravada. En respuesta, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado recurrieron para instarle a sumar un tercer ilícito: desórdenes públicos agravados.

El 21 de marzo, el magistrado del TS rechazó todos los recursos de reforma —de acusaciones y defensas— para confirmar el procesamiento de Puigdemont, Comín y Puig por desobediencia y malversación, y el de Ponsatí y Rovira por desobediencia. Esta última resolución aún puede combatirse en apelación, algo que la defensa de Puigdemont ha avanzado que hará en la misma línea que su anterior recurso, cuando acusó a Llarena de «ignorar» la reforma del CP, si bien fuentes fiscales confirman a Europa Press que no será el caso del Ministerio Público, que ha optado por no elevar el asunto a la Sala de lo Penal.

Los recursos de apelación que se presenten irán a parar a la Sala Segunda, sin que de esta decisión puedan formar parte los seis magistrados que integraron el tribunal que juzgó la causa del proceso soberanista y que condenó al exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión e inhabilitación. Cabe recordar, que el tribunal del procés, que también tuvo que revisar su sentencia a la luz del nuevo Código Penal, acordó condenar por desobediencia y malversación agravada a los líderes independentistas que habían sido condenados por sedición y malversación, descartando también los desórdenes públicos agravados.

Precisamente, las citadas fuentes indican que ha sido este pronunciamiento de la Sala de lo Penal el que ha pesado para renunciar al recurso en apelación, una decisión cuya deliberación se ha alargado hasta la misma víspera de que venza el plazo para que las partes impugnen la última decisión de Llarena.

Hay una «despenalización»

En su auto de la semana pasada, Llarena respondía a la petición formulada por Fiscalía y Abogacía del Estado que la reforma penal «no ha modificado el delito de sedición para sujetarse a unas nuevas exigencias legales o minorar su pena, sino que lo ha derogado». «Y, puesto que las acusaciones no pueden fraccionar las previsiones de la nueva ley y eludir esta derogación, la aplicación de la reforma comporta una despenalización del artículo que se mostraba aplicable conforme a la legislación anterior», recalcaba.

En este sentido, Llarena indicaba a los Servicios Jurídicos del Estado, que le acusaban de limitar su margen de acusación de cara al eventual juicio, que no puede ser «ajeno» a la calificación durante la fase de investigación, ni permitir que se mantengan acusaciones «pese a evaluar que se ha modificado» el CP.