La revisión del delito de malversación no afectará a los líderes del 1-O

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Carles Puigdemont, en una imagen de archivo, en el Parlamento Europeo
Carles Puigdemont, en una imagen de archivo, en el Parlamento Europeo JULIEN WARNAND | EFE

El endurecimiento de penas tampoco se aplicará al prófugo Puigdemont

06 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

La propuesta de directiva planteada por la Comisión Europea para armonizar los tipos penales de los delitos de corrupción en los 27 países de la Unión supondría, de prosperar el actual proyecto del Ejecutivo comunitario, que la pena máxima por malversación sería de al menos cinco años de prisión en toda la UE. Esto obligaría a España a revisar de nuevo el Código Penal, ya que en la última reforma pactada entre el Gobierno de coalición y ERC se crearon dos nuevos tipos atenuados de malversación que, de no existir ánimo de lucro, sino desvío de fondos públicos a otro uso diferente al previsto, se castigan con una horquilla de tres a cuatro años de cárcel.

La remodelación del Código Penal, diseñada según la oposición para atenuar las penas de los dirigentes del desafío secesionista del 2017 en Cataluña, no sirvió, sin embargo para poder levantar la inhabilitación que pesa sobre líderes separatistas como Oriol Junqueras, que salió de prisión tras el indulto parcial concedido por el Consejo de Ministros, pero sobre el que se mantienen los trece años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, según decidió el Tribunal Supremo, por entender que no se le podía aplicar la revisión de penas a la baja planteada en el nuevo articulado del Código Penal.

En el caso de la reforma planteada ahora por Bruselas, esta tampoco afectará a los dirigentes del proceso secesionista del 1-O, ya que las revisiones legales solo se aplican en caso de que sean favorables al reo. Para sucesos anteriores a la entrada en vigor de la propuesta de la Comisión y, especialmente, para casos ya juzgados y sentenciados, se seguirá aplicando la normativa ahora en vigor en España.

Ni siquiera los cabecillas separatistas fugados al extranjero en octubre del 2017, como el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont o los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, que todavía no han sido juzgados por aquellos hechos, se verían perjudicados por una hipotética armonización penal en todo el territorio de la Unión Europea

Reacciones opuestas

Mientras desde el PP han subrayado que la iniciativa de Bruselas viene a darles la razón, ya que desmentiría el argumento del Gobierno de que su reforma del Código Penal buscaba equiparar la normativa española con la de la UE, e instan al Ejecutivo a aplicar de inmediato el endurecimiento de penas planteado por la Comisión, desde el Gobierno han reaccionado con calma e insisten en que los cambios, de producirse, serían «mínimos». «España ya tiene los deberes hechos en la lucha contra la corrupción, con la introducción del tipo penal de enriquecimiento ilícito», subrayó el presidente Sánchez.

Antes de que la propuesta de la Comisión se convierta en directiva, el texto todavía tiene que obtener el visto bueno de la Eurocámara y de los 27 Estados que se sientan en el Consejo Europeo.