El Gobierno veta recuperar la deducción por hipoteca y bajar el IVA de la vivienda
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Bloquea varias enmiendas de la oposición por suponer una merma de ingresos
11 may 2023 . Actualizado a las 09:08 h.El Gobierno ha usado su capacidad de veto para bloquear trece enmiendas presentadas por los grupos de la oposición en el Senado al proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que se encuentra en la fase final de su tramitación en la Cámara Alta, con el objetivo de que la norma se apruebe y entre en vigor antes de las elecciones municipales del día 28. En concreto, el Ejecutivo ha recurrido a la facultad que le otorga la Constitución para rechazar cualquier proposición parlamentaria o enmienda «que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios», en cuyo caso el Gobierno debe dar su conformidad para poder avanzar con la tramitación de las mismas.
Los cambios en la futura ley que rechaza el Ejecutivo corresponden, en la mayor parte de los casos, a medidas de alivio fiscal para las familias, desde la recuperación de la deducción por compra de vivienda a una rebaja en el IVA en todos los elementos necesarios para la construcción de pisos de protección o alquiler social.
En concreto, en una de las enmiendas vetadas el grupo popular en el Senado reclamaba reinstaurar la deducción por compra de vivienda, aunque limitada solo a los jóvenes de entre 18 y 35 años, que según esta propuesta podrían deducirse en su declaración de la renta un 25 % de los intereses abonados en la hipoteca para adquisición de vivienda habitual, con un tope de 1.000 euros anuales. El PP también aboga por recuperar la deducción por alquiler, con un máximo de 1.200 euros anuales para los arrendatarios en ese mismo rango de edad (o hasta 40 años cuando tengan familiares a cargo o se encuentren en desempleo).
Otra propuesta compartida por varios grupos políticos que se ha topado con el rechazo del Ejecutivo es la mejora de la deducción que se pueden practicar los arrendadores en el IRPF por las rentas obtenidas por sus alquileres. Así, el senador de Ciudadanos Miguel Sánchez planteaba elevar hasta el 95 % la desgravación de los alquileres si quien arrienda la vivienda es una administración pública o una entidad sin ánimo de lucro, o al 80 % si los inquilinos no superan los 35 años.
Compra de vivienda al 4 %
Otra de las propuestas fiscales más repetidas por los grupos de la oposición es la de rebajar los tipos actuales del IVA a la compra de vivienda o a las transacciones intermedias para la construcción de las mismas. Así, las enmiendas de Vox proponen rebajar al 4 % el gravamen para la compra de la primera vivienda (frente al 10 % que se aplica en la actualidad a la adquisición de inmuebles nuevos), mientras que Junts y Geroa Bai abogan por fijar el mismo tipo superreducido para las compraventas de suelos en los que se levanten viviendas de protección o destinadas al alquiler social, así como para los contratos de redacción de proyectos edificación y dirección de obras o de ejecución de las mismas. Pero, de nuevo, todas estas propuestas se estrellaron contra el muro del artículo 134.6 de la Constitución, que da al Gobierno poder de veto cuando las enmiendas puedan suponer una merma de los ingresos presupuestarios.
Fuera del terreno fiscal, el Ejecutivo también rechaza incluso debatir la pretensión del senador de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà de ampliar la prohibición de vender el parque público de vivienda, ya previsto en el borrado de la ley, para impedir también que se financie con dinero del contribuyente la construcción de pisos que se vayan a destinar a la venta.
El PP acepta las zonas tensionadas, pero con otro nombre y sin atender a los precios
Pese a la oposición mostrada por el PP a la regulación de las zonas tensionadas que introduce la futura ley de vivienda (adelantando incluso las comunidades autónomas gobernadas por los populares que no aplicarán esta nueva figura para no establecer controles de precios en el alquiler), una de las enmiendas introducidas por el grupo popular en el Senado acepta incluir este concepto, aunque rebautizándolo como «zonas de alta demanda residencial». A diferencia de lo previsto en el proyecto de ley, los populares vinculan la declaración de la misma a «que la oferta disponible de vivienda, tanto en compra como en alquiler, no haya experimentado, en los últimos cinco años, un crecimiento acorde al crecimiento poblacional» y no a la evolución de los precios. De hecho, en su propuesta el PP aclara que en ningún caso se intervendrían las rentas de alquiler.
