ERC considera «una vergüenza de primer orden» la decisión del TC de inadmitir el recurso de Puigdemont: «Una más»
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Los republicanos creen que hay una «causa general contra el independentismo» y que «todo lo que ha pasado en España es extremadamente grave pero estamos ya acostumbrados a esta causa general»
10 ago 2023 . Actualizado a las 12:07 h.La numero dos de Esquerra Republicana (ERC) en las elecciones generales del pasado 23 de julio, Teresa Jordà, ha calificado como «una vergüenza de primer orden» que la Sala de vacaciones del Tribunal Constitucional haya decidido inadmitir el recurso planteado por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra la orden de detención dictada por el Supremo.
En declaraciones en el Congreso antes de tramitar su acreditación, Jordà ha denunciado que «una parte pequeña del TC no ha querido entender» que es el Pleno del tribunal quien tiene que admitir o no el recurso. A su juicio, hay una «causa general contra el independentismo» y esta decisión de la Sala de Vacaciones, compuesta por dos magistrados conservadores y una progresista que se opuso, es «una más» de esas decisiones que denuncian desde el referendo ilegal de Cataluña.
«En cualquier caso, es una mas desde el 2017 —ha comentado—. Todo lo que ha pasado en España es extremadamente grave pero estamos ya acostumbrados a esta causa general».
Mayoría socialista en la Mesa del Congreso
En lo que respecta a las negociaciones de investidura con los socialistas, Jordà ha apostado por seguir negociando para que la Mesa del Congreso tenga mayoría «progresista» y sea presidida por alguien del PSOE, aunque ha señalado que los socialistas aún no han hablado de nombres concretos. También ha recalcado que su formación no aspira a un puesto en el órgano de gobierno de la Cámara.
En cualquier caso, ha asegurado que las negociaciones para ambos casos van a «su ritmo», aunque ha desvelado reuniones con el PSOE sobre estos asuntos aprovechando el viaje a Madrid de una delegación de diputados de ERC para tramitar su acta en el Congreso.
Primero mesa, después investidura
Eso sí, ha apostado por hablar primero de la conformación de la Mesa del Congreso, incidiendo en que cree que debe estar presidida por los socialistas, rechazando tener un puesto en este órgano de la Cámara Baja, aunque ha advertido que los votos de ERC «no están garantizados ni son votos gratis».
Entre las reivindicaciones que están encima de la mesa de negociación, Jordà ha reconocido la petición de un grupo parlamentario propio para ERC, algo que ha dicho que «parece que está garantizado», bajo su punto de vista. También ha hablado sobre las declaraciones que realizó este miércoles el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, en la que aseguraba que había avances en las negociaciones con los partidos independentistas, algo que, según ha dicho Jordà, los desconoce.
«Yo personalmente no he ha hablado con el señor Urtasun, lo que nos hubiera gustado ayer es que el señor Urtasun hubiera hablado, por ejemplo, de la ley de amnistía», ha defendido Jordà al ser preguntada por las palabras del portavoz de Sumar.
La Fiscalía salva a Puigdemont al recurrir el fallo del Constitucional de inadmitir el recurso contra su arresto
Entiende que no existe ninguna urgencia para que haya sido la Sala de Vacaciones la responsable de resolver el asunto
El Pleno del Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, debatirá el recurso contra la orden de detención de Carles Puigdemont que su Sala de Vacaciones decidió inadmitir este miércoles. El vuelco se produjo horas después de la decisión de este último, cuando la Fiscalía anunció que recurrirá en septiembre la votación de la mayoría conservadora de esta sala. Así, el ministerio público forzará el debate en el Pleno del órgano de garantías. Presentará un recurso de súplica al entender que no había una urgencia que llevase a la Sala de Vacaciones del Constitucional a resolver la petición de suspender la orden de detención nacional que el Tribunal Supremo dictó sobre el expresidente de la Generalitat, fugado en Bélgica. Insufla así una bala de oxígeno a Puigdemont en el marco de las negociaciones de investidura.
La Sala había acordado ayer, con los dos votos de los magistrados del ala conservadora César Tolosa y Concepción Espejel, frente al rechazo de la progresista Laura Díez, de inadmitir el recurso de Puigdemont. Los dos primeros entendieron que sí se trataba de un asunto urgente porque tanto Puigdemont como el europarlamentario y exconsejero Toni Comín habían reclamado expresamente una medida cautelar que no admitía dilaciones como era que el Constitucional dejara en suspenso las órdenes de detención emitidas por el Supremo.
«Sin justificar»
Para Díez, Puigdemont y Comín no se encuentran en territorio español, «único lugar donde pueden ejecutarse las órdenes decretadas» y que no puede llegar a producirse una vulneración efectiva de derechos que deban protegerse, puesto que desarrollan sus funciones representativas fuera de España y ninguno de los dos se encuentra actualmente privado de libertad.
Por ello dice no entender la «premura» de sus compañeros en la Sala de Vacaciones por decidir sobre un asunto que podía haberse tramitado tras la pausa estival, «siguiendo el sistema ordinario de reparto y resolución de los asuntos en el Tribunal Constitucional».
Con los dos votos de la mayoría conservadora, la Sala de Vacaciones declaró su competencia para conocer sobre la decisión de admisión del citado recurso de amparo, al venir esta exigida por la necesidad de resolver la solicitud de adopción de la medida cautelarísima para suspender la orden de detención e ingreso en prisión. La Fiscalía considera que no hay urgencia para que sea la Sala de Vacaciones la que resuelva, si precisamente se deniega la medida cautelar solicitada.
Enfado de Junts
Al poco de conocerse la decisión del Constitucional, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, acusó a la Sala de dedicarse a «decorar jurídicamente una estrategia de Estado contra el independentismo», mientras que la presidenta de la formación, Laura Borràs, cree que actúa contra Carles Puigdemont «pensando en la investidura».
«En el Estado español no hay separación de poderes; de hecho, algunos intentan que haya sincronización de poderes», escribió Borràs en Twitter. Ninguno de los dos reaccionó después al anuncio de la Fiscalía del Constitucional, cuyo fiscal jefe desde el 2021 es Pedro Crespo, a propuesta del Gobierno de coalición.
El órgano es dependiente de la Fiscalía General del Estado, con la exministra socialista Dolores Delgado al frente desde febrero del 2020 hasta su renuncia en julio del año pasado. El mandato de la magistrada estuvo marcado por diversas controversias, empezando por su propio nombramiento, con críticas desde la carrera judicial al Gobierno por incumplir su promesa de «despolitizar» la Justicia y acabar con la «deriva judicial» del procés.
Delgado nunca logró quitarse esta mancha sobre su «dependencia» del Gobierno. El PP y Vox llegaron a recurrir su nombramiento, pero el Tribunal Supremo concluyó que los partidos de la oposición carecían de legitimación activa para impugnar su designación.
Ahora esas sombras sobre la Fiscalía vuelven a cubrir la decisión adoptada ayer contra la Sala de Vacaciones del Constitucional, con PSOE y Sumar entablando negociaciones con los partidos independentistas catalanes para lograr la investidura de Pedro Sánchez. La línea roja de Junts, por el momento, pasa por la amnistía a Puigdemont y Comín y el referendo de independencia.
Orden de Llarena
La inadmisión del recurso de amparo confirmaba la decisión del juez instructor del procés en el Supremo, Pablo Llarena, de ordenar la detención del líder independentista si pisa el territorio nacional, tras acordar procesarle por los delitos de desobediencia y malversación agravada. Esto último lo hizo tras revisar la entrada en vigor de la reforma del Código Penal que derogó el delito de sedición por el que se investigaba a Puigdemont. El pasado junio, la Sala de Apelación del Supremo ratificó al magistrado al desestimar los argumentos de las defensas, que pedían anular el procesamiento, y de la acusación popular ejercida por Vox, que reclamaba aplicar el delito de desórdenes públicos agravados.
En aquella ocasión, el alto tribunal también avaló que el juez instructor dictase la orden nacional de detención contra Puigdemont al considerar que si el líder independentista no adoptaba una «postura colaborativa con la Justicia» debía «asumir las consecuencias que el incumplimiento de la comparecencia lleva consigo». Así las cosas, recalcó que las órdenes de detención no suponían una «actuación arbitraria» del instructor.
El mes pasado, la Fiscalía pidió al juez Llarena que activara la órdenes de detención internacional contra Puigdemont y Comín, pero el magistrado instructor acordó que no actuaría hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos presentasen para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.