El rey abre el año judicial con un CGPJ en descomposición, sin independencia y con el debate de la amnistía sobre la mesa

La Justicia inauguró este jueves un nuevo curso marcado por el debate suscitado después de que Junts haya exigido una ley para amnistiar el procés como requisito para propiciar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como por el proceso de descomposición en el que se encuentra inmerso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva casi cinco años con el mandato caducado.

El acto, que se celebró a las 12.00 horas en el Tribunal Supremo (TS), estuvo presidido por el Rey Felipe VI e intervinieron el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para presentar la memoria de actividades del Ministerio Público en el 2022, y el presidente interino del TS, Francisco Marín Castán, para abrir el nuevo año judicial. Entre los asistentes estuvieron el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, así como diversas autoridades del ámbito judicial. Y, en el plano político, acudieron la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, además de varios representantes institucionales.

Si bien hasta ahora la principal preocupación en el seno del Poder Judicial era la situación de bloqueo en torno la renovación del CGPJ, que debía haberse producido el 4 de diciembre del 2018, y las consecuencias que la inestabilidad política provocada por los resultados electorales del 23 de julio podían tener en la misma, la posibilidad de una eventual amnistía ha irrumpido de lleno en el debate.

De entrada, según fuentes jurídicas, en el Supremo se han quedado «sin adjetivos» para calificar la visita que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hizo al ex presidente catalán Carles Puigdemont el pasado lunes en Bruselas para recabar los apoyos de Junts a la investidura de Sánchez.

Un día después, el líder independentista fijó sus condiciones: ley de amnistía y el final de la vía judicial, para lo cual apeló directamente a Fiscalía y Abogacía del Estado. Y es que una eventual amnistía de los sucesos que condujeron al referendo ilegal del 1 de octubre de 2017 supondría borrar los hechos por los que el Supremo condenó en 2019 al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros once líderes independentistas, y por los que el alto tribunal aún persigue a Puigdemont y los demás prófugos del 1-O.

Una «vergüenza»

Además, este año el Poder Judicial vuelve a iniciar curso con un CGPJ en funciones. Carlos Lesmes lo inauguró así hasta cuatro veces en calidad de presidente del TS y del CGPJ. En esta ocasión (la quinta) Marín Castán fue el encargado de hacerlo, como jefe interino del Supremo y ante la presencia de quien ahora ejerce la presidencia suplente del CGPJ, Guilarte.

Esta bicefalia en el Poder Judicial —anómala pero no inédita— se produjo el pasado 9 de octubre, cuando Lesmes dimitió tras sus frustrados intentos para que PSOE y PP pactaran la renovación del CGPJ. Precisamente, fue en la apertura del año judicial del 2022 cuando anunció que renunciaría si en el plazo de un mes no había logrado su objetivo.

El cargo de presidente del TS y del CGPJ, que ejerce la misma persona, se desdobló porque los vocales del órgano de gobierno de los jueces se negaron a aceptar a Marín Castán, que entonces era vicepresidente interino del Supremo, como su nuevo jefe. Así, optaron por entronizar a su vocal de mayor edad, en ese momento Rafael Mozo.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, las esperanzas de renovación del CGPJ estaban depositadas en el período poselectoral, sobre todo ante la expectativa de un cambio de Gobierno, pero el escenario dibujado por el 23-J ha dado al traste con ellas, dibujando la misma situación de parálisis que antes de la cita con las urnas.

Así las cosas, y si nadie lo remedia, el CGPJ cumplirá el próximo 4 de diciembre cinco años con el mandato caducado, los mismos de mandato vigente, un escenario que las fuentes califican directamente de «vergüenza». 

Menos vocales y funciones

La gravedad de la situación radica no solamente en la prolongada interinidad del CGPJ y la falta de expectativas de un acuerdo político, sino en que durante este lustro extra el Consejo ha pasado de contar con 20 vocales y un presidente a tener solo 16 vocales, incluido su presidente interino. Por el camino ha sufrido las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Mozo, las dimisiones del propio Lesmes y de Concepción Sáez, así como el fallecimiento de Victoria Cinto.

La crisis se agudizó el pasado 19 de julio, por la jubilación forzosa de Mozo. Siguiendo las normas que los propios vocales fijaron para encumbrar al vocal progresista en su día, designaron como nuevo presidente suplente del CGPJ a Guilarte, por ser su nuevo miembro de mayor edad, aunque no sin la correspondiente pugna interna para garantizar que se dedicara a sus nuevas funciones de forma exclusiva, lo que le llevó a renunciar a sus trabajos como profesor y abogado.

En el órgano de gobierno de los jueces confiaban en que, ante esta bicefalia, fuera Guilarte quien inaugurara nuevo curso, por ser la cabeza del Gobierno del Poder Judicial, si bien esta tarea ha recaído en Marín Castán porque —subrayan desde el Supremo— siempre lo hace el jefe del alto tribunal.

En estos cinco años el órgano de gobierno de los jueces también ha visto reducidas sus funciones toda vez que en 2021 las Cortes aprobaron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales mientras esté caducado.

El legislador solo le devolvió —en una contrarreforma exprés— sus competencias para designar a sus dos candidatos del Tribunal Constitucional (TC), a fin de evitar una crisis también en el TC. Con todo, el CGPJ sigue sin poder hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, que acumula ya 84 bajas, con el caso sangrante del Tribunal Supremo, que suma 23 vacantes en todas sus salas: 2 en la de lo Civil, 1 en la de lo Penal, 11 en la de lo Contencioso-Administrativo, 6 en la de lo Social y 3 en la de lo Militar.

Mayor carga de trabajo

Pese a ello, el alto tribunal continúa con su carga habitual de trabajo e intenta hacer frente con las vacantes acumuladas. Según un informe del Gabinete Técnico del Supremo, solo con las bajas en dos de sus salas se dictarán en el año 2023 un total de 1.230 sentencias menos —570 en Contencioso y 660 en Social—.

Entre los asuntos que tiene pendiente resolver el Supremo destacan las euroórdenes contra Puigdemont y su ex consejero Toni Comín. El juez instructor del procés, Pablo Llarena, ya advirtió el pasado julio de que no resolverá al respecto hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que ambos pueden presentar para ver restablecida provisionalmente su inmunidad parlamentaria.

También está pendiente a su vez que la Sala de lo Contencioso-Administrativo se pronuncie sobre la idoneidad del indulto concedido por el Gobierno a Junqueras en el 2021. Al margen, está previsto que el próximo 15 de noviembre la Sala de lo Penal celebre una vista para abordar el recurso de los condenados por los atentados del 17 de agosto del 2017 en Cataluña.

En el mejor de los casos, con un gobierno constituido antes de finales de año y con voluntad entre los dos grandes partidos para desbloquear la situación, la renovación del CGPJ no sería inmediata sino que llevaría tiempo por los plazos que marca la ley

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