Junts remarca que no renunciará a la unilateralidad: «No hace falta ni que nos lo pidan»
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ERC y la formación de Puigdemont reclaman al Estado una declaración de desagravio por el asesinato de Lluís Companys
16 oct 2023 . Actualizado a las 10:39 h.Junts mantiene una postura granítica. Renunciar a la unilateralidad no está sobre la mesa, según remarcaron ayer representantes del partido posconvergente en los actos de homenaje a Lluís Companys. Ayer se cumplieron 83 años del fusilamiento del presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1934 y 1940.
En el cementerio barcelonés de Montjuich se dieron cita representantes de distintos partidos, entre ellos de Junts, ERC y el PSC. La presidenta de la formación de Carles Puigdemont, Laura Borràs, destacó que su partido no renunciará «ni a la unilateralidad ni a ningún recurso legítimo». En un acto previo, el secretario general del partido, Jordi Turull —uno de los políticos encausados y parcialmente indultados por el procés— dijo que «no hace falta ni que nos lo pidan, porque lo que nosotros queremos es que esta nación sea libre».
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, encabezó la ofrenda floral a Companys, secundado por todos los consejeros de su Ejecutivo. El presidente catalán reclamó al Estado un «acto de desagravio» que sirva para restaurar la figura del expresidente y exlíder de su mismo partido. «Otros gobiernos de otros Estados han reconocido, como continuadores de máximas instituciones del Estado que les ha precedido, su responsabilidad», remarcó Aragonès. El presidente de Cataluña no confirmó si acudirá a la cumbre de comunidades autónomas convocada por el Partido Popular en el Senado para este jueves —la formación de Feijoo tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta—, aunque previsiblemente no lo hará.
Vías para el referendo
Además, este lunes presentará un informe de 64 páginas, redactado por un comité de expertos, en el que se apoyará para poner sobre la mesa varias vías para llegar a un referendo de autodeterminación.
Carles Puigdemont se sumó a la reivindicación de Aragonès y pidió al Gobierno que pida «perdón al pueblo de Cataluña» por el fusilamiento de Companys. «No es una víctima de una guerrilla de incontrolados; es una víctima formal del Estado», reflejó en X.
El 21 de diciembre del 2018, el Consejo de Ministros —en la primera etapa de Sánchez al frente del Ejecutivo— aprobó una declaración que rechazaba el consejo de guerra que conllevó el asesinato de Companys. «Se proclama publica y solemnemente el reconocimiento de la plena dignidad del presidente Companys, así como el carácter injusto y la ilegitimidad de la condena», remarcó la entonces ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
El sábado, además, Carles Puigdemont repitió en Instagram lo que ya dijo el 5 de septiembre. Puigdemont aseguró que España tiene «un dilema de resolución compleja», ya que debía escoger entre la repetición electoral o «pactar con un partido que «no renuncia ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo».
Salvador Illa, presidente del PSC, también estuvo presente en el homenaje a Companys. Allí reconoció, al igual que hizo el sábado Pedro Sánchez, que la negociación por la investidura será «difícil y compleja», pero que los socialistas las asumen con tranquilidad y serenidad.
El consejo de la república
El martes se pondrá a prueba el liderazgo de Carles Puigdemont en las entrañas de Junts y de la porción que le corresponde del independentismo catalán. El consejo de la república, entidad que preside el propio político gerundense, votará el 17 y el 23 de octubre, de forma telemática, si Junts debe bloquear o no la investidura a Pedro Sánchez. Tienen derecho a voto todos los inscritos. Según la web del consejo de la república, cuentan con más de 100.000. La pregunta que se les hará será la siguiente: «¿El consejo de la pepública debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes?».
La pregunta ha sido impulsada por uno de los once miembros del consejo, formado entre otros por exconsejeros prófugos del Ejecutivo que lideró Puigdemont como Toni Comín o Lluís Puig. El texto fue validado el 31 de julio, apenas una semana después de conocerse el resultado de las elecciones generales, con la aprobación de más de 1.000 miembros del consejo, una entidad privada, financiada por cuotas de sus socios, que según reflejaron fuentes internas del mismo a Colpisa opera «fuera de los tentáculos del Estado español».