El anuncio llega días después de largas e intensas negociaciones entre ambas formaciones, que en los últimos días se han centrado en definir el alcance de la ley de amnistía. Ambas formaciones se preparan para escenificar el pacto
09 nov 2023 . Actualizado a las 11:05 h.PSOE y Junts han cerrado la madrugada de este jueves un acuerdo para investir al presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. Según han explicado fuentes de la negociación a Europa Press, el pacto incluye la amnistía y casos de «lawfare». Con el término «lawfare» o guerra judicial los dirigentes independentistas se refieren a lo que consideran una persecución por parte de jueces y magistrados por motivos políticos.
El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, prevé comparecer a las 12 horas en Bruselas para explicar los detalles y después firmar el acuerdo. También hay prevista una rueda de prensa del secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, a la misma hora. El número 3 del PSOE lleva días negociando en Bruselas con Puigdemont y el resto de la delegación de Junts, con los que se reunió y se fotografió el pasado 30 de octubre. Esta fumata blanca entre independentistas y socialistas que se hará oficial esta mañana haría que la próxima semana se inicie la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, podría dar a conocer este viernes la fecha exacta de la investidura en la semana que viene, según adelanta Cadena Ser.
En las últimas horas, socialistas y miembros de Junts habían intercambiado documentos para tratar de blindar una ley de amnistía que no pueda ser rechazada por el Tribunal Constitucional, en donde están seguros de que acabará la norma tras un recurso del PP y de Vox. La intención del PSOE era que el pleno de investidura se hubiera celebrado esta semana, de manera que Sánchez pudiera presentarse como presidente del Gobierno con plenas funciones el sábado, en el congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga aunque finalmente las negociaciones se dilataron más de lo previsto por los socialistas.
En el Partido Popular, el primero en reaccionar al anuncio ha sido Alejandro Fernández, el presidente del PP catalán, que ha relacionado el pacto con la petición de explicaciones sobre la amnistía de la Comisión Europea. «La severa advertencia de la UE sobre la amnistía ha acelerado el acuerdo: "como lo tengamos que explicar en Europa, no nos dejan firmarlo, así que cerrémoslo rápido" han debido pensar...», ha escrito el dirigente popular en X.
El pasado día 30, el acuerdo y la comparecencia de Puigdemont parecía inminente, tanto que en Bruselas había una sala reservada para la prensa y un atril colocado. Pero el anuncio no se produjo y tampoco en los días siguientes. El pacto que sí se firmó esa tarde fue el del PSOE con ERC, materializado en un apretón de manos entre Félix Bolaños y Oriol Junqueras, que traía consigo la ley de amnistía, el traspaso del servicio de cercanías en Cataluña y la condonación de parte de la deuda catalana. Desde entonces, el acuerdo con Junts siguió cocinándose a fuego lento hasta esta pasada noche. Finalmente el pacto se rubricará un 9N, el día que se cumplen nueve años de la consulta de autodeterminación llevada a cabo en 2014, tal y como ha recordado en X el secretario general de Junts, Jordi Turull: «Sin renuncias, con persistencia y determinación lo conseguiremos». «Tal día como hoy, el 9 de noviembre de 2014, Cataluña empezó un camino sin retorno», ha dicho, como recoge Europa Press.
Las «discrepancias técnicas» entre ambos partidos se centraban hasta hoy en el alcance de la amnistía, que Junts pretendía que cubriese también a personas que no están vinculadas directamente con el procés y sobre las que pesan acusaciones de la Justicia. El partido se refería a los casos de lo que denomina lawfare, que afectan a colaboradores suyos como Josep Lluís Alay o su abogado, Gonzalo Boye. Reclamaba que beneficiase no solo a los líderes independentistas y a grupos violentos como los CDR y Tsunami Democràtic, sino también a involucrados en casos de corrupción o el caso Vóljov, que investiga las conexiones del independentismo catalán con la Rusia de Putin.
Felipe González: «La amnistía no merece la pena por 7 votos. Hay que ir a ganar las elecciones, si se repiten»
El expresidente del Gobierno Felipe González aseguró, en plena recta final de las negociaciones de su partido con Junts, que «la amnistía no merece la pena por siete votos». Así lo reflejó el expolítico en una intervención con la fundación que se lleva su nombre, en la que aseguró también que «los cambios en la posición del partido no se justifican».
El exmandatario insistió en que es contrario a una eventual ley de amnistía que «se está redactando en Bruselas». Un hecho que, según apunta, le tiene «avergonzado».
«Si amnistían delitos de violencia, cuántos les quedan por delante que amnistiar porque lo hacían por razones políticas», afirma el expresidente. «Ya saben ustedes a quién me refiero», asegura, en una referencia a la banda terrorista ETA.
Felipe González también pone el foco en los encausados por los juicios relacionados tanto con la plataforma Tsunami Democràtic como los llamados CDR (Comité de Defensa de la República). Su inclusión en una eventual ley de amnistía significaría para el expresidente generar «un agujero de impunidad».
La aritmética parlamentaria hace inviable que la potencial ley de amnistía sea registrada como ley orgánica, por lo que aspira a hacerlo como ley ordinaria. Este formato de norma puede ser validado por mayoría absoluta. La carencia de una amplia mayoría que respalde la medida de gracia en la Cámara Baja es otro punto a tener en cuenta para el expresidente del Ejecutivo. «Nunca funcionará», remarca González, que se niega a establecer comparaciones entre esta ley y los acuerdos de Viernes Santo que resolvieron el conflicto en el Ulster.
El exlíder socialista recuerda que, en ese caso concreto, laboristas y conservadores llegaron a un acuerdo. Además, insiste que, en todo caso, la ley de amnistía debería pasar previamente por una consulta a toda la ciudadanía.