El Gobierno batirá récord de gasto el año de la vuelta a la disciplina fiscal
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Aumentará un 9,3% el del Estado, a pesar de llamada de Bruselas a la contención
12 dic 2023 . Actualizado a las 19:13 h.El 2024 pondrá fin a tres largos años de barra libre en el gasto público en la Unión Europea. Capeada la pandemia y la guerra en Ucrania, que desembocó en una grave crisis energética, ha llegado el momento de retirar escudos, recuperar la disciplina y poner las cuentas en orden. Y eso supone, como reclamó Bruselas el mes pasado a España, dos cosas: elaborar una política fiscal prudente y diseñar una estrategia a medio plazo «creíble» para cumplir con el Pacto de Estabilidad, que restringe el déficit y la deuda pública al 3 y el 60% del producto interior bruto (PIB), respectivamente.
Solo tres semanas después de esa llamada a la contención, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto récord para el año que viene: 199.120 millones de euros. Un 0,5% más que el actual ejercicio. De hecho, excluyendo los fondos europeos del Next Generation EU (9.900 millones de euros), el gasto del conjunto del Estado se elevará un 9,3 %, lejos del 2,6 % que le fijó Bruselas.
«Nadie duda de que es compatible con la reducción del déficit», defendió ayer en rueda de prensa la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero eso es algo sobre lo que se tendrá que pronunciar la Comisión Europea una vez que le remitan las cuentas actualizadas —algo que no se espera hasta principios de abril—.
El Gobierno confía en reducir la brecha fiscal del 3,9 al 3% en el 2024 con unos presupuestos expansivos y «sin recortes». Se encomienda para ello a un crecimiento económico robusto —genera más ingresos a las arcas públicas—, a la creación de empleo y el impulso de los fondos europeos. Sin embargo, las previsiones apuntan en otra línea. El PIB ralentizará su progresión al 2%, según el Gobierno, o incluso al 1,7%, según Bruselas. Tampoco se puede confiar en que se mantendrá el dinamismo en el mercado laboral porque en los últimos cuatro meses el empleo se ha estancado, tocando techo. El propio equipo del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, reconocía a finales de noviembre que la situación fiscal de España «es muy difícil».
Esas señales de alarma no han amedrentado al Gobierno, que además estudia extender en el tiempo algunas de las ayudas anticrisis vigentes que Bruselas ha pedido retirar —su supresión conjunta permitiría al Estado un ahorro de unos 10.000 millones de euros—. «Contamos con margen para prorrogar algunas de las medidas para combatir el alza de precios si fuera necesario [...] No hemos agotado la capacidad en el techo de gasto del plan presupuestario pactado con Bruselas. Hemos sido muy prudentes para tener mayor holgura para abordar medidas prioritarias», deslizó la ministra.
El Gobierno estudia cuáles podrían continuar en la primera mitad del 2024 y quién se podría beneficiar, pero no tomará una decisión hasta final de año porque, tal y como han reconocido este martes, necesitan apurar el cierre del año «para ver con más claridad cómo se comporta la recaudación».
Más flexibilidad
El aumento en el techo de gasto beneficiará a comunidades autónomas y ayuntamientos, a los que el Gobierno ha rebajado las exigencias de esfuerzo fiscal en una y dos décimas, respectivamente. Las primeras deberán cerrar el año con un déficit inferior al 0,1% y los consistorios locales en equilibrio presupuestario. A cambio, la Administración central hará un mayor esfuerzo de contención desde el 3% de déficit proyectado al 2,7%. Todo ello, claro, si el Congreso y el Senado aprueban esta senda de estabilidad que conducirá el déficit de España al 2,6% en el 2025 y al 2,5% en el 2026.
En el caso de la Seguridad Social, el Gobierno ha aprobado un objetivo de déficit del 0,2% para el año que viene y del 0,1% en el 2025. Un año después, debería alcanzar el equilibrio presupuestario. Una tarea que no será sencilla con la actual senda de subida de las pensiones —hoy mismo se anunció una nueva de las mínimas y no contributivas— y el ritmo de retirada del mercado laboral.
Hacienda confía en tener listas las cuentas a principios de abril
La aprobación del techo de gasto es el primer paso que tiene que dar el Gobierno para alumbrar las nuevas cuentas del 2024. El hecho de que estas no se hayan perfilado no impedirá que el Ejecutivo cumpla con las promesas de Sánchez de mantener la rebaja del IVA a los alimentos hasta junio y garantizar la gratuidad del transporte público a jóvenes y desempleados. Todavía es una incógnita qué va a pasar con las ayudas a la factura de la luz y el gas.
Independientemente de ello, el Ministerio de Hacienda confía en tener listas las cuentas a principios del mes de abril, de forma que entren en vigor lo antes posible. No obstante, la propia Montero reconoció que dependerá de la celeridad de las Cámaras.
Tanto el Congreso como el Senado deberán aprobar el proyecto de Presupuesto, y no está claro que lo vayan a respaldar. En este último, el Partido Popular (PP) goza de una amplia mayoría que podría vetar la propuesta, como ya hicieron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera los consejeros de Hacienda de las comunidades donde gobiernan o cogobiernan los populares. «Espero que todo el mundo facilite su tramitación [...] No tengo por qué pensar que el Senado se vaya a oponer a unos objetivos de estabilidad que son buenos para comunidades autónomas y ayuntamientos donde ellos también gobiernan. Confío en el sentido común del Partido Popular», manifestó Montero. Pero lo cierto es que todo apunta en otra dirección.
Sortear un posible veto
Este mismo martes, el PP solicitó a la ministra una copia del informe de la Abogacía del Estado que supuestamente avalaría una maniobra para sortear el potencial bloqueo del Senado al objetivo de estabilidad.
Hacienda alega que, de acuerdo a lo estipulado por ese documento jurídico, si no logra la luz verde tras dos intentos, podrá elaborar sus cuentas con los objetivos incluidos en el Programa de Estabilidad que se envió a Bruselas en abril. Esos planes exigían un 0% de déficit a las autonomías y un superávit del 0,2% a los ayuntamientos, umbrales más duros que los aprobados ayer en el Consejo de Ministros.
Más recaudación
Aunque todavía no hay un esbozo sobre el dinero que absorberá cada partida de gasto y los respectivos ministerios, el Gobierno ya sabe que contará con un 9 % más de recaudación impositiva respecto al 2023. Y es que en los últimos años, los ingresos vía impuestos han aumentado alentados por el mayor repunte de la inflación en tiempos modernos y por la negativa del Ejecutivo a deflactar el IRPF, lo que en la práctica supone una subida encubierta para los contribuyentes.
El impuesto a las energéticas será «permanente» y se modificará en el 2024
El Gobierno está dispuesto a extender sine die el impuesto a las energéticas, que había nacido con vocación temporal para compensar los beneficios extraordinarios que obtuvieron las empresas del sector en el último año y medio. «Será permanente. Pero eso requiere que el impuesto energético tenga algunos ajustes. Queremos incentivar la inversión en la electrificación de la red, enviar un mensaje al sector para que empiece o continúe el ritmo de transformación de fuentes energéticas [...] Trabajaremos en la modificación del impuesto para que sea un incentivo y que permita a las empresas invertir el dinero que necesitamos de forma acelerada», explicó Montero.
La cuestión todavía está abierta porque algunos socios de investidura del Gobierno son reacios. Un claro ejemplo es el PNV, que teme el impacto en las cuentas de algunas empresas que tienen su sede en el territorio o que tienen comprometidas importantes inversiones en la comunidad vasca.
España solicitará el cuarto tramo de ayudas europeas antes de finalizar el año
Parte de las previsiones optimistas del Gobierno reposan sobre el efecto multiplicador de las ayudas a fondo perdido procedentes del Next Generation EU. La convocatoria de elecciones, la disolución de las Cortes, la posterior cita electoral y las negociaciones para la formación del nuevo Ejecutivo han retrasado el calendario. España todavía está pendiente de solicitar el cuarto tramo de ayudas por 10.000 millones de euros. Una cuantía que, en el calendario de pagos, estaba prevista para el primer semestre del 2023.
Sin embargo, las elecciones paralizaron la tramitación de proyectos de ley vinculados a hitos y reformas que se habían comprometido con Bruselas para recibir el dinero. Según confirmó hoy Montero, el Gobierno está en disposición de pedir antes de que acabe el año a la Comisión Europea su desembolso, que se solapa con los 7.000 millones de euros del quinto tramo, que debía desembolsarse antes del 31 de diciembre.