El salario mínimo que propone Trabajo son casi 5.500 euros más que hace 5 años

Parecía que iba a haber acuerdo. Al menos ese era el ánimo y la intención manifiesta de los agentes sociales a la entrada de la segunda reunión con el Ministerio de Trabajo para pactar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) correspondiente al 2024. Pero el encuentro se zanjó en poco más de una hora, el tiempo que le llevó presentar al departamento de Yolanda Díaz su propuesta de incremento del 4 % hasta los 1.123 euros en 14 pagas —es decir, 43 euros más al mes, frente a 1.080 actuales— , y el tiempo que le llevo decir que no a patronal y a los sindicatos. No es que las posturas estén muy distantes. La confluencia de intereses oscila punto arriba, punto abajo, pero habrá que esperar a una tercera reunión, todavía sin fecha, para que el acuerdo quede zanjado antes de que termine el año.

La ministra de Trabajo ya adelantó la semana pasada que el SMI subiría «como mínimo del 3,8 %», que es la media de la inflación de los últimos 12 meses. Y los sindicatos valoraron el 4 % finalmente propuesto como una oferta más cercana a la parte de la patronal. A la salida de la segunda reunión, la secretaria confederal de Acción Sindical de CC.OO, Mari Cruz Vicente, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, manifestaron de forma coincidente que el planteamiento «viene a asumir» la petición de CEOE y Cepyme, favorables a subir el 3 % con posibilidad de sumarle hasta un 1 % en caso de desviación de la inflación.

Compensar la inflación

Para los sindicatos, sin embargo, la revalorización del 4 % que planteó Díaz «no es suficiente», aunque se muestran «dispuestos a negociar» para alcanzar un acuerdo tripartito antes de que termine el año. Su intención es que el SMI suba, al menos, tanto como lo ha hecho la inflación subyacente a lo largo del 2023, es decir, «por encima del 5 % de incremento que han alcanzado los alimentos básicos», aclararon tras la reunión.

El problema es que ni CEOE ni Cepyme están de acuerdo con el 4 % de subida de Trabajo, y mucho menos por la labor de llegar hasta el 5 % que piden los sindicatos, porque entienden esta revalorización del salario mínimo como una amenaza más para su actividad empresarial. «Las subidas del SMI afectan, sobre todo, a los pequeños negocios, que son los que más dificultades tienen para cumplir los sueldos mínimos estatales. Además, hay que tener en cuenta que estas cifras no incluyen el coste laboral total de contratar para el empresario, ya que a este importe hay que añadir la cotización a la Seguridad Social que soporta la empresa y que se dispara todavía más con las subidas del SMI», argumentan fuentes de la patronal.

Si finalmente el punto de confluencia se quedara en el 4 % de incremento que planteó Trabajo —el quinto consecutivo, desde el 2019—, supondría que en el lapso de cinco años, el SMI habrá crecido 387 euros al mes o, lo que es lo mismo, se ha revalorizado en un 52,6 %, según datos de la Moncloa.

5.420 euros más al año

Dicho de otro modo, en un período de cinco años, el sueldo bruto anual de los trabajadores contratados por el SMI habrá pasado de 10.302 euros anuales a 15.722.

Además de proponer un alza del 4 %, el Ministerio de Trabajo se ha comprometido a estudiar el establecimiento de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para el sector del campo, según fuentes del ministerio. Se trata de una medida demandada por la CEOE, que ha pedido concretamente que esta bonificación sea del 20 %.

Díaz choca con Montero

El departamento de Yolanda Díaz también ha mostrado su disposición a estudiar la repercusión en algunas contratas públicas afectadas por la subida del SMI para trasladárselo a los ministerios competentes. Y aquí se a topado con la tajante postura en contra de su colega socialista, María Jesús Montero. Durante su intervención en rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) Montero afirmó que «no tendría ningún sentido que la subida del SMI fuera a costa de que las Administraciones públicas tuvieran que hacer frente a un mayor coste por los servicios que prestan, porque entonces la pagaríamos todos». «La subida del SMI no puede ser a costa de la recaudación del conjunto de los españoles», ha sentenciado.

En cualquier caso, fuentes de la negociación explican que el planteamiento de Trabajo pasa por abordar la repercusión del incremento en «algunas contratas públicas», no de manera generalizada, como reclaman de inicio las patronales CEOE y Cepyme. Para los empresarios, es condición imprescindible la modificación de la normativa para poder repercutir el alza del SMI en los contratos en ejecución, algo que los sindicatos también ven con buenos ojos, tal y como plasmaron en el último acuerdo de negociación colectiva.

La propia Díaz afirmó en declaraciones durante su asistencia a la presentación del nuevo libro del presidente Sánchez que tanto CEOE y Cepyme como CC. O. y UGT hablan de establecer «condiciones» para algunas contratas administrativas, para las que se pide la indexación del SMI en las adjudicaciones públicas. «No somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Hay margen para el acuerdo y que esas concesiones administrativas puedan ser revisadas. Tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios», aclaró Yolanda Díaz.

---

---

---