El Estado avalará a jóvenes y familias hasta el 25 % de la vivienda que compren
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Podrán acogerse personas con 100.000 euros de patrimonio y casas heredadas
14 feb 2024 . Actualizado a las 08:23 h.El Consejo de Ministros autorizó este martes las condiciones para que el Ministerio de Vivienda ofrezca, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO, una línea de avales para que jóvenes de hasta 35 años y familias con menores a cargo puedan acceder a una hipoteca por el importe total de la vivienda que quieran comprar, sin necesidad de disponer de ahorros previos, eliminando la principal barrera por la que las personas que viven de alquiler no pueden optar a una casa en propiedad.
El Gobierno habilitará para ello 2.500 millones de euros con los que se facilitará una garantía por hasta el 20 % del precio de la vivienda que se quiera adquirir, de forma que el comprador no tenga que disponer de un colchón financiero para cubrir la parte del préstamo que habitualmente no conceden los bancos, que por norma solo financian el 80 % del valor del inmueble. Ese aval público podrá ser incluso mayor, del 25 %, si la vivienda tiene una calificación energética D o superior.
«El Estado es tu avalista y da garantía a las entidades bancarias para la concesión de la hipoteca», explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que dejó claro que aunque el ICO actuará como avalista, solo se podrán materializar aquellas operaciones que tengan el visto bueno de los bancos colaboradores (que aún no están definidos, ya que se tendrán que adherir al programa en las próximas semanas), pues la concesión o no de los préstamos quedará, como en cualquier otra hipoteca, al criterio de la entidad financiera, tras evaluar la situación económica y personal de los solicitantes.
Lo que sí está acotado de antemano son las condiciones que deberán reunir las personas que se quieran acoger a estos avales. Tendrán que ser personas físicas mayores de edad y residentes en España durante al menos los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Además de cumplir alguno de los requisitos de edad (no superar los 35 años) o circunstancias familiares (tener algún menor a cargo), los solicitantes también deberán ajustarse a unos límites de renta y patrimonio. En el caso de la renta, los ingresos individuales no podrán superar los 37.800 euros anuales (4,5 veces el IPREM, indicador público de rentas a efectos múltiples). Si se trata de una pareja, la suma de ingresos no podrá exceder del doble de esa cuantía. Ese límite se incrementará en 2.520 euros (0,3 veces el IPREM) por cada menor a cargo, y si se trata de una familia monoparental, el umbral de renta se eleva en un 70 %.
Mientras, el patrimonio máximo para poder solicitar el aval se establece en 100.000 euros, aunque no podrán acogerse aquellas personas que ya sean propietarias de otra vivienda. Con dos excepciones. Sí podrán solicitar esta garantía aquellos que tengan una casa heredada pero que no dispongan de la plena propiedad, sino que la compartan con otros familiares (con una participación alícuota) y también quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten que no pueden disponer de ella por separación, divorcio u otras causas ajenas a su voluntad, o porque el inmueble no sea accesible para algún miembro discapacitado de la familia.
Lo que no aclaró ayer el Gobierno es el precio máximo que podrán tener los inmuebles adquiridos gracias a los avales del ICO, que se fijará en el convenio que se firme entre el ministerio y el instituto de crédito, aunque la ministra Rodríguez avanzó que se establecerán topes diferentes por provincias e, incluso, por localidades, por las notables diferencias de precios que existen entre ciudades como Madrid y Barcelona y otras capitales de provincia (y dentro de estas, entre zonas urbanas y rurales).
La vivienda no se podrá alquilar
Desde el Ministerio de Vivienda explicaron que el aval se mantendrá durante un máximo de 10 años, con independencia del plazo de devolución del préstamo hipotecario. Durante ese tiempo, la vivienda deberá ser el domicilio habitual de la persona avalada, que no podrá alquilarla salvo que se produzcan imprevistos que la obliguen a mudarse, como matrimonio o separación, traslado por trabajo o cambio de empleo.
Al margen de estas limitaciones, el diseño de la medida obliga a que los avalados cuenten al menos con ahorros equivalentes al 10-12 % del coste de la vivienda, que es la cantidad necesaria para abonar los impuestos por la adquisición (IVA en las viviendas nuevas e ITP en las usadas) así como los gastos de compraventa (tasación, gestoría, notaría y registro). Además, el coste final de la casa será mucho más elevado que en el caso de afrontar la entrada con recursos propios, ya que el préstamo se encarecerá, de media, un 25 %. Según los cálculos del comparador Kelisto, en un piso de 250.000 euros, la diferencia entre pedir una hipoteca por el importe total o por 200.000 euros (80 % del coste) es de 232 euros al mes, lo que supondría 19.600 euros más en un préstamo a 25 años.
Sumar advierte que la medida inflará los precios y el PP la tacha de electoralista
La ministra de Vivienda defendió que los avales del ICO para la compra de vivienda permitirán aliviar los precios del alquiler. Según su tesis, las 50.000 familias que el Gobierno calcula que se beneficiarán de la medida viven actualmente, en su mayor parte, de alquiler. Y lo hacen solo porque no se pueden permitir la entrada de un piso. Al dejar libres los inmuebles que ahora ocupan, se enfriará la demanda en el mercado de arrendamiento, y también los precios.
Pero no todos comparten ese análisis optimista. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, cree que esta línea de avales solo va a contribuir a «seguir subiendo el precio de la vivienda» (algo en lo que coincidieron asociaciones como Facua o Asufin, que ven en la medida una ayuda encubierta a promotores y bancos). Y mostró su «discrepancia» y su «preocupación» por el hecho de que los socialistas hayan priorizado la compra de viviendas frente a la concesión de ayudas a las personas que viven de alquiler. «La prioridad está, por tanto, en los millones de personas que no pueden pagar el alquiler y la prioridad es que de manera inmediata se publiquen los índices de referencia en las zonas tensionadas», reclamó.
Por su parte, desde el Partido Popular acusaron al Gobierno de copiar una medida que ya implantaron los Gobiernos autónomos de Madrid, Murcia y Andalucía, y, además, de «utilizar la vivienda como propaganda electoral».