Bruselas expedienta a España por incumplir normas de la UE en contratación pública y concesión de autopistas
ACTUALIDAD
![Banderas de la UE, frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.](https://cflvdg.avoz.es/sc/480x/default/2024/04/17/00121713382981391669628/Foto/eup_20240417_050703862.jpg)
La sanción advierte de la no aplicación de las directivas en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones de contratos que deben cubrirse
24 abr 2024 . Actualizado a las 13:09 h.La Comisión Europea ha anunciado hoy que abre expediente de infracción a España por incumplimiento de la legislación comunitaria sobre contratación pública y de la normativa sobre concesión de autopistas.
Los Estados miembro debían incorporar a su legislación nacional las normas que regulan los contratos públicos y los contratos de concesión antes del 18 de abril del 2016, un plazo que España incumplió junto a Bulgaria y Rumanía.
Estas directivas pretenden abrir los mercados públicos a una auténtica competencia entre empresas de toda la UE, para garantizar una mejor relación calidad-precio en las licitaciones públicas.
La Comisión se dirige a los países por diversas cuestiones relacionadas, entre otras cosas, con las restricciones de los derechos de los operadores en el caso de Rumanía y la exclusión de los hospitales privados de las normas de contratación pública de la UE aun cuando estén financiados en parte con fondos públicos en el caso de Bulgaria.
En el caso de la legislación española, Bruselas señala que esta no respeta, en particular, el ámbito de aplicación de las directivas en lo que se refiere al tipo de poderes adjudicadores, contratos y modificaciones de contratos que deben cubrirse. España afronta también un segundo expediente de infracción por prorrogar la duración de dos concesiones de autopistas sin aplicar adecuadamente los procedimientos de licitación, infringiendo las normas de la UE.
Estos tres países disponen ahora de dos meses para responder y subsanar las deficiencias planteadas por la Comisión, que, a falta de una respuesta satisfactoria, puede decidir llevar sus gobiernos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.