La reforma del desempleo hace compatible la prestación con un sueldo de hasta 2.250 euros
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El subsidio se incrementa en 900 euros durante el primer año para los nuevos parados y amplía los colectivos beneficiarios
22 may 2024 . Actualizado a las 08:09 h.Después de que el Congreso la echara abajo en diciembre —Unidas Podemos votó en contra porque perjudicaba a los parados mayores de 52 años, al recortar la cotización para su jubilación—, el Consejo de Ministros dio luz verde este martes a una nueva reforma del subsidio de desempleo, que eleva la cuantía de la prestación a 570 euros, permite compatibilizarla con un empleo y amplía los colectivos beneficiarios. A diferencia de lo ocurrido en el primer y fracasado intento, esta vez el Gobierno sí ha pactado los cambios en el seno del diálogo social, negociándolos con sindicatos y empresarios —aunque estos últimos no rubricaron el acuerdo—. Así lo recordó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa en la que achacó la falta de negociación inicial a la premura por aprobar la reforma para que Bruselas desbloqueara el cuarto pago (10.000 millones de euros) de los fondos europeos.
Tras pasar por el diálogo social, la reforma incorpora novedades. Entre ellas está, además de su mayor cuantía, la posibilidad de compatibilizar la prestación —tanto la contributiva como la no contributiva— con un empleo por cuenta ajena. Para ello, el beneficiario deberá llevar al menos doce meses en situación de desempleoo y el salario bruto mensual de su nuevo puesto no podrá superar los 2.250 euros, que equivalen al 375 % del indicador público de rentas de efectos múltiples (Iprem), según confirmaron fuentes del ministerio citadas por Europa Press. Esto supone incrementar notablemente el límite de sueldo establecido en el último borrador, que era de 1.350 euros brutos (el 225 % del Iprem).
Simultáneo a empleo o becas
Lo mismo ocurre con el subsidio por desempleo, es decir, la prestación que se puede percibir una vez agotado el paro contributivo, que también se podrá compatibilizar con un trabajo durante un máximo de 180 días a través de lo que se ha bautizado como «complemento de apoyo al empleo». Cabe recordar también que acogerse a esta opción de trabajar y cobrar el paro consumirá tiempo de prestación. En lo que respecta a la cuantía del complemento, variará entre el 80 % del Iprem (480 euros al mes) y el 15 % (150 euros), en función de la jornada y del tiempo que la persona lleve desempleada.
La titular de Trabajo también destacó que la prestación no contributiva será compatible con las becas y que la Inspección aplicará mecanismos de control para evitar el fraude en esta nueva fórmula de compatibilidad de ingresos y prestación. «Hoy los trabajadores vuelven a ganar derechos, y ganando derechos se ensancha la democracia en nuestro país», aseveró Yolanda Díaz. Aunque eludió cuantificar qué desembolso adicional supondrá elevar el importe del subsidio y sus potenciales beneficiarios, recordó que, pese a haber desarrollado una política de ampliación de coberturas y derechos para los trabajadores —que contrapuso a los recortes que «tanto gustan a las derechas»—, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene actualmente un superávit de 6.000 millones de euros.
El subsidio por desempleo está actualmente en el 80 % del Iprem (480 euros mensuales), pero la reforma lo eleva en 90 euros los primeros seis meses (570 euros, 95 % del Iprem), para bajar a 540 (90 % del Iprem) los seis siguientes y volver al 80 % a partir del primer año y hasta los 30 meses que, de máximo, se puede percibir si el beneficiario es menor de 52 años (tanto con cargas familiares como sin ellas). Si rebasa esta edad podrá percibirlo hasta la jubilación, aunque cobrando de forma lineal los actuales 480 euros. También se mantiene, a partir de los 52 años, la cotización por el 125 % del salario mínimo para la jubilación, sin aplicársele la rebaja planteada en diciembre. Otra novedad es que quienes trabajen a tiempo parcial cobrarán el subsidio íntegro.
Paso al ingreso mínimo vital
La reforma amplía a las víctimas de violencia de género o sexual (a partir de 16 años), los emigrantes retornados, los menores de 45 años sin cargas familiares o los trabajadores eventuales agrarios el cobro del subsidio, cuyo acceso se simplifica, al eliminarse el mes de espera y cobrarse desde el primer día. También podrán solicitarlo quienes tengan menos de 12 meses cotizados —en consecuencia, sin derecho a paro contributivo—, algo que beneficia especialmente a los jóvenes.
Según informó el Ministerio de Seguridad Social, la reforma permitirá también que aquellos que están cobrando subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, pasar a incorporarse en el ingreso mínimo vital, una pasarela de la que quedarán excluidas las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados, que se mantendrán en el subsidio.
Una protección complementaria a los dos años de paro
El sistema de protección por desempleo cuando un trabajador pierde su puesto de trabajo se activa con el cobro de la prestación contributiva, a la que da derecho haber cotizado un mínimo de 12 meses. La duración máxima del paro es de 24 meses y su cuantía depende de las cotizaciones por desempleo que el trabajador haya realizado en los últimos seis años anteriores a perder el puesto. Cuando la prestación contributiva se agota o, en su defecto, no se reúnen las condiciones para cobrarla, se activa el subsidio, cuya reforma se acaba de aprobar.
Bruselas evaluará los cambios en el paro para desbloquear el cuarto pago de los fondos de recuperación
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, justificaba no haber negociado con los agentes sociales la reforma del paro por la urgencia aprobada el pasado mes de diciembre para que Bruselas desbloqueara el cuatro pago de los fondos europeos: unos 10.000 millones. Ahora la Comisión Europea (CE), que dio dos meses adicionales de plazo a España para aprobar los cambios en el desempleo —que vencieron este pasado lunes—, analizará en las «próximas semanas» la reforma y decidirá en consecuencia.
Así lo confirmó una portavoz del Ejecutivo comunitario en la rueda de prensa diaria de la institución. «La Comisión Europea analizará la reforma para verificar que cumple los objetivos incluidos en el plan de recuperación de España. Como siempre, haremos una evaluación meticulosa y comunicaremos las conclusiones a su debido tiempo», dijo, aseverando —sin precisar más— que será «en las próximas semanas».
La reforma del subsidio por desempleo forma parte de los 61 hitos y objetivos del plan de recuperación español vinculados al cuarto desembolso, cifrado en 10.021 millones de euros, que fue solicitado por el Gobierno el pasado diciembre pero aún no ha recibido luz verde de la Comisión precisamente por el retraso en la aprobación de esta norma. El pago también está condicionado a una parte de la reforma del sistema de pensiones aprobada en el 2023. En concreto, de la ampliación del período para el cálculo de la pensión, la aprobación del mecanismo de equidad intergeneracional que sustituye al factor de sostenibilidad, la adecuación de la base máxima de cotización y la presentación de unas proyecciones que prueben que la reforma garantiza la sostenibilidad del sistema.
El Gobierno cumple con el PNV y hace prevalecer los convenios autonómicos, pese a las críticas
Aprovechando la reforma del paro, el Gobierno dio luz verde a otros cambios en materia laboral. El Consejo de Ministros aprobó también —por segunda vez, ya que también decayó en diciembre tras la negativa del Congreso— una modificación en el Estatuto de los Trabajadores para asegurar la prevalencia de los convenios autonómicos y provinciales sobre los de ámbito estatal y sectorial. De este modo, el Ejecutivo cumple uno de los compromisos acordados con el PNV a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.
La aprobación ha vuelto a levantar ampollas entre sindicatos y patronal, que se quejan de la injerencia del Gobierno en un asunto que debería haberse abordado en la mesa de diálogo social pero que, sin embargo, no se tocó al negociar la última reforma laboral.
Pero el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a las críticas y el cambio entrará en vigor inmediatamente, según lo acordado nuevamente con los nacionalistas vascos y que incluye mejoras respecto a lo aprobado en diciembre.
Se extiende a los provinciales
En concreto, si antes se trataba de que la prevalencia fuera para los convenios autonómicos sobre los estatales, ahora se extiende también a los provinciales, siempre que sus términos sean más beneficiosos para los trabajadores y que así se recoja en los acuerdos interprofesionales.
Quedan excluidas, sin embargo, algunas materias sobre las que no se podrán negociar. Estas serán los períodos de prueba, las modalidades de contratación, la clasificación profesional, la jornada máxima anual de trabajo, el régimen disciplinario, las normas mínimas aplicables en materia de prevención de riesgos laborales y movilidad geográfica.
Desde el PNV, su portavoz parlamentario, Aitor Esteban, celebró la noticia de la aprobación, calificando de «histórica» la reivindicación, de la que dijo «permitirá mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores vascos, y también de las personas trabajadoras del resto del Estado».
Ninguneo al diálogo social
Sin embargo, patronal y sindicatos discrepan y no oculta su malestar. La CEOE se opuso en su día a alterar la prevalencia alegando que suponía «romper la unidad de mercado», mientras que las organizaciones de trabajadores mostraron su contrariedad porque el Ejecutivo había ninguneado a los interlocutores sociales. CC.OO. y UGT coincidieron en calificar la decisión del Gobierno de «intromisión» en las funciones de las organizaciones sindicales y empresariales.