Los dueños de pisos turísticos alertan de que la obligación de registrarlos pone en riesgo las vacaciones de miles de españoles
ACTUALIDAD
Advierten de que la entrada en vigor de la regulación suprimirá el 70 % de la oferta actual de inmuebles
17 jun 2025 . Actualizado a las 08:13 h.Los miembros de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) advierten que la entrada en vigor del Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico (REAV) dejará fuera el 70 % de la oferta actual, lo que representaría una amenaza para las vacaciones de miles de españoles, y unas pérdidas estimadas de 8.570 millones de euro este verano.
El próximo 1 de julio se activa el registro único de alquileres de corta duración (turísticos, de temporada o de habitaciones), que deberán contar con un código de registro para poder operar legalmente y deberán figurar en las plataformas de alquileres.
Según ha explicado en una nota Fevitur, la salida del mercado del 70 % de la oferta actual de viviendas de uso turístico —que, afirman, están legalmente inscrita en el Registro de Turismo Autonómico correspondiente— deja a miles de españoles sin vacaciones, ya que desaparecerán automáticamente los alojamientos de las plataformas de comercialización. Alerta, igualmente, de que el nuevo sistema de Ventanilla Única Digital (VUD) invade competencias de las comunidades autónomas.
«Las familias que hayan reservado un apartamento o vivienda de uso turístico para disfrutar sus vacaciones es probable que se queden sin su alojamiento, ya que gran parte de la oferta legal no está pudiendo ser inscrita en el sistema de la Ventanilla Única Digital (VUD) y va a desaparecer de las plataformas», explica en la nota su presidenta Silvia Blasco. Argumentan, además, que esto generará un aumento de la economía sumergida y más viviendas ilegales, con unas pérdidas estimadas de 8.570 millones de euros para la economía española entre julio y septiembre; y de 5.167 millones más en el último trimestre del año.
Por último, denuncian la «preocupante arbitrariedad y falta de uniformidad» con la que distintos registros de la propiedad están aplicando los criterios y acusan que no existe un protocolo homogéneo.