Juan Chapapría: «Choca ver a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía alinearse con las tesis independentistas»

El abogado Juan Chapapría, del bufete Chapapría, Navarro y Asociados, en representación de Sociedad Civil Catalana, defendió el pasado miércoles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que la ley de amnistía vulnera el derecho de la Unión. La corte de Luxemburgo analizó el alcance de las cuestiones prejudiciales formuladas por el Tribunal de Cuentas en la causa contra una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, a los que les reclaman casi seis millones de euros por malversar dinero público en la organización del referendo ilegal del 1-O y de la acción exterior del procés.

—Como parte demandante en el Tribunal de Justicia de la UE, usted defiende que la ley de amnistía impulsada por el Gobierno es contraria al derecho de la Unión Europea. ¿Por qué?

—Desde el principio, hemos argumentado que esta norma carece de una justificación legítima de interés general, que es fruto de un acuerdo político entre el Gobierno y los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, y que podría vulnerar el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la protección del erario público.

—Su posición coincide con la del abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca, en el sentido de que no estamos ante una ley de amnistía, sino de «autoamnistía». ¿En qué se diferencian ambos conceptos?

—La diferencia es que la ley del olvido penal del proceso independentista catalán no responde a un supuesto interés general, sino al único interés de quienes la aprobaron y de quien acabó siendo presidente del Gobierno gracias a ella. El abogado de la Comisión y nosotros, en representación de la Sociedad Civil Catalana, seguimos una misma línea: la desigualdad ante los propios ciudadanos ya no solo de España y la Unión Europea, sino también la obligación de las propias instancias europeas de perseguir delitos de malversación y corrupción en los Estados miembros. Todas aquellas cuestiones planteadas acerca de la malversación por la Sociedad Civil Catalana han quedado plenamente reforzadas por el informe jurídico presentado por el abogado de la Comisión.

—¿Este concepto, el de «autoamnistía», será clave en la sentencia final del TJUE?

—Completamente. Es el elemento nuclear de nuestros argumentos. Creo que ha quedado claro que estamos ante una autoamnistía, no una norma en beneficio del conjunto de la sociedad española, sino una medida que ha abierto una crisis institucional, política y jurídica, posiblemente la mayor en tiempos de democracia. Y estamos convencidos de que así lo entenderá también la Justicia europea.

—De las dos actas de fiscalización el Tribunal de Cuentas, una es para los fondos destinados al referendo ilegal del 1-O y otra para campaña exterior. ¿De cuánto dinero público estamos hablando?

—De cerca de seis millones de euros, que es lo que les reclama el Tribunal de Cuentas a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Carles Puigdemont y Artur Mas. En concreto, se les acusa de usar fondos públicos para financiar los referendos ilegales del 1-O y el 9-N, y la acción exterior propagandística del proceso independentista.

—¿Cree que sus argumentos sobre la malversación han convencido al alto tribunal europeo?

—Creemos que sí, y que la malversación será una cuestión acreditada por el futuro informe general. Para nosotros, esta vista refuerza la acción jurídica emprendida para que la malversación no quede impune bajo el paraguas de una norma discriminatoria y arbitraria, discutida a nivel nacional e internacional.

—La abogada del Estado Andrea Gavela coincidió en sus argumentos con los de los encausados independentistas. ¿Le sorprenderá el nivel de sintonía?

—Fue ciertamente chocante ver cómo la abogacía del Estado y el fiscal del Tribunal de Cuentas tenían que cambiar criterios para alinearse con las tesis independentistas de los abogados de los encausados por el procés.

—¿Cuáles considera que serán los próximos pasos que dará el tribunal de Luxemburgo?

—Esperamos que a finales de agosto o principios de septiembre, el abogado general del TJUE elaborará su informe con las conclusiones, que en el 90 % de los casos suelen coincidir con lo que después decide el alto tribunal europeo. Si se cumplen las previsiones, podríamos tener sentencia hacia el mes de diciembre o incluso puede que antes.

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