La jueza prorroga seis meses la investigación de la huida, con tres «mossos» acusados de omitir el deber de perseguir delito
08 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.El 8 de agosto del 2024, hoy hace un año, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se plantó en el centro de Barcelona, dio un mitin a los suyos y se largó. Doce meses después, nadie sabe a ciencia cierta cómo el prófugo más buscado por la Justicia española consiguió burlar el dispositivo policial de los Mossos d’Esquadra —600 efectivos en guardia— que debía detenerlo antes de llegar al Parlamento de Cataluña, donde ese día se celebraba la sesión de investidura de Salvador Illa.
La esperpéntica fuga de Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención en vigor dictada por el instructor del Supremo Pablo Llarena, está siendo investigada desde entonces por la titular del Juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, que acaba de prorrogar las actuaciones seis meses más. La jueza mantiene imputados a tres mossos, Xavier Manso, David Goicoechea y Jordi Rodrigo, acusados de omisión del deber de perseguir delito. El departamento de Asuntos Internos de la policía autonómica determinó que los tres habían colaborado en la fuga, y por ello se les suspendió de empleo y sueldo a la espera del dictamen de los tribunales. Una suspensión que acaba de ser levantada esta semana por el director general de Policía (y ex jefe de los Mossos), Josep Lluís Trapero. Mientras, las investigaciones siguen sin arrojar más luz sobre el grotesco episodio que dejó en evidencia ante los ojos de medio mundo a las fuerzas de seguridad catalanas y estatales, incluidos los servicios de inteligencia. Como hizo antes el TSJ de Cataluña, Coscollola rechazó las peticiones de la acusación particular, ejercida por Hazte Oír, de citar a declarar al entonces consejero catalán de Interior, Joan Ignasi Elena, y al presidente del Parlamento, Josep Rull, entre otros.
El pasado 30 de junio, quien fuera comisario jefe de los Mossos y responsable del operativo, Eduard Sallent, acudió al juzgado para testificar y ratificar el informe exigido por Llarena. Sallent confesó que su objetivo no era la detención del político prófugo, que había anunciado con días de antelación su presencia en Barcelona para asistir a la investidura de Illa, sino salvaguardar el normal desarrollo de la sesión parlamentaria. Su plan era detener a Puigdemont cuando este intentara acceder a la Cámara, y no donde dio el mitin, en el Arco del Triunfo, a escasos 500 metros. También el Ministerio del Interior tiró balones fuera en su escueto informe sin rúbrica en el que concluyó que el asunto era competencia de los Mossos.
Perseguido a la carrera
El fugado eludió el cordón policial en un coche blanco, perseguido a la carrera por un mosso, que no pudo darle alcance cuando este se detuvo en un semáforo. Tras esconderse unas horas en un piso franco, regresó a Waterloo cruzando la frontera en el asiento trasero de un vehículo de alta gama, ocultado por una simple cortinilla.