Sánchez cita al presidente canario tras las críticas al traslado de menores migrantes

«¿Con 50 millones de habitantes que tiene este país, 5.000 menores son un problema? Muchos de estos niños empezaron el viaje con sus padres y ahora están solos; tenemos que atenderlos». Es el mensaje de socorro que lanzó este miércoles el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras denunciar que cuatro meses después de la sentencia del Supremo que obliga al Estado a acoger a un millar de solicitantes de asilo, solo diez han salido del archipiélago. El mandatario regionalista anunció, en una entrevista en RTVE, que tratará la gestión migratoria con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión que tendrá lugar el próximo lunes, a las 16.30 horas, en la sede del Cabildo de Lanzarote, isla a la que el socialista y su familia llegaron el 2 de agosto.

Después de que el Ejecutivo central haya cancelado el segundo traslado de menores a la Península previsto para finales de esta semana alegando motivos administrativos, Clavijo lo acusó de no querer hacerse cargo de los solicitantes de protección internacional y de ir «alargando en el tiempo» la solución. Además, calculó que, al ritmo de 30 derivaciones a la semana, se tardaría más de diez meses en trasladarlos a todos. «En septiembre y octubre, empezarán a llegar niños y niñas porque las condiciones de navegación van a ser mejores para los cayucos y pateras. Es un despropósito. Espero y deseo que esto se pueda resolver de manera inmediata», advirtió.

«Siguen sin informarnos de las plazas ni dónde ni cuándo estarán disponibles. El Gobierno no está cumpliendo con sus obligaciones», denunció el también secretario general de Coalición Canaria, que espera salir de su habitual encuentro estival con Sánchez con compromisos «que sean ejecutados».

Sin embargo, dijo confiar en la palabra de la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, y en que el Consejo de Ministros apruebe el 28 de agosto el decreto que define «la capacidad ordinaria» de acogida de cada región. A partir de ahí, deben desplazar, en el plazo de un año, a todos los menores que superen las plazas disponibles en el archipiélago, donde se sienten «desbordados y desanimados».

El dirigente canario identificó dos problemas que dificultan el reparto: uno político, como es «el rechazo de las comunidades autónomas [las gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha], ante el que la Moncloa no muestra una voluntad determinante»; y otro «mayoritariamente» de financiación.

Responsabilidades penales

Tras contraponer las trabas para acoger a asilados de origen africano frente a la bienvenida dada a refugiados ucranianos y afganos, Clavijo avisó a las autonomías de que, en caso de oponerse a la reubicación, intervendría la Fiscalía: «Podrían incurrir en responsabilidades penales, tanto los funcionarios que se negasen a acoger a un menor como los cargos públicos o de alta dirección». Convencido de que todos cumplirán la ley, admitió que le gustaría que hubiese colaboración «porque estamos hablando de niños, de los vulnerables dentro de los vulnerables».

Mientras desde Marbella (Málaga), el vicesecretario de política autonómica del PP, Elías Bendodo, acusaba al Gobierno de «dejadez, incapacidad y falta de respeto», y de suspender el traslado de menores de mañana «porque es festivo», el socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias —comunidad que recibió el pasado martes a los primeros diez menores solicitantes de asilo—, pidió desterrar la xenofobia y el racismo, «que corre como si fuera una mancha de aceite y se extiende rapidísimo».

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