Tercer intento del Gobierno para el reparto de menores migrantes

M. L., I. E. MADRID / EFE

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Un grupo de migrantes de los 55 rescatados por Salvamento Marítimo el pasado día 19 cuando viajaban en una neumática cerca de Lanzarote
Un grupo de migrantes de los 55 rescatados por Salvamento Marítimo el pasado día 19 cuando viajaban en una neumática cerca de Lanzarote Adriel Perdomo | EFE

Según los datos preliminares, Galicia acogería a 317 y contaría con una subvención de 4..136.850 euros

24 ago 2025 . Actualizado a las 22:57 h.

El reparto de menores migrantes llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas arrancará esta semana, cuando el Gobierno tiene previsto aprobar un decreto que detallará el número de plazas de acogida que debe tener cada autonomía. También se aprobará esta semana la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida, como sucede en Canarias y Ceuta, para derivar así a los niños y niñas allí atendidos hacia otras comunidades.

Son los últimos pasos de un mecanismo exigido por Canarias, una redistribución obligatoria entre autonomías que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Ejecutivo aprobó en marzo y el Congreso refrendó el pasado mes de abril. El plan es repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivarán unos 3.000 niños y adolescentes que se encuentran en zonas como Canarias, Ceuta y Melilla en el plazo de un año.

Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días. Para concretar este mecanismo han sido necesarios otros dos decretos del Gobierno: el del 22 de julio, que detalla el protocolo de traslado, y el que aprobará el Consejo de Ministros mañana y que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía.

El propósito es que todo esté listo para que la política de derivaciones eche a andar esta semana, el jueves, aunque eso no implica que se efectúen ya los primeros viajes, pues cada derivación conlleva un proceso y se estudia individualmente.

El decreto de mañana definirá el número de plazas de acogida con las que debe contar cada comunidad. En julio, con datos preliminares, el Gobierno calculaba que las comunidades autónomas que más jóvenes acogerían serían Andalucía, a 677; Madrid, a 647; y Valencia, a 571. Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; y Cantabria, con 156.

Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida. Una vez consumados los traslados, Cataluña será la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema, con una importante diferencia respecto a las demás.

Cien millones este año

La reubicación lleva una financiación asociada de cien millones de euros para este año. El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará todos los traslados de las personas menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses.

Además, se compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid. Según las previsiones iniciales del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría, 24.268.200 euros, seguida de Madrid, con 15.803.550 euros, y Andalucía, con 8.834.850. A Galicia le tocarían 4.136.850.

Este sistema se enfrenta a la oposición frontal de diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional, como también lo ha hecho Castilla-La Mancha, con un Gobierno socialista. Además, la Comunidad de Madrid y Baleares han optado por recurrir ante el Tribunal Supremo los últimos decretos aprobados por el Gobierno, y el Ejecutivo balear ha anunciado que pedirá la suspensión cautelar del reparto.

En todo caso, mientras que la ley esté en vigor todas las comunidades autónomas deben cumplirla, según recordó este domingo el Gobierno central.