El Tribunal Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas
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El magistrado Leopoldo Puente les atribuye delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal en la investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia
03 nov 2025 . Actualizado a las 15:56 h.El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia. El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En un auto dictado este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor sostiene que los tres investigados se concertaron «muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España» para aprovechar su influencia política y obtener beneficios económicos mediante la adjudicación de contratos públicos. Según el juez, esa cooperación tenía un fin claro: lucrarse «valiéndose de dicha valiosa influencia».
El magistrado da ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular— para presentar sus escritos de acusación o, en su caso, solicitar el archivo de la causa. Este paso judicial marca el cierre de la instrucción de la pieza principal del conocido como caso Koldo, centrada en la compra de material sanitario, mientras continúa en paralelo la investigación sobre una presunta red de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
Puente ya había decidido en septiembre dividir la causa para agilizar las diligencias relativas a los contratos de mascarillas, cuya investigación calificó entonces de «muy avanzada». En su auto, el magistrado subraya que existen «indicios muy consistentes» de que De Aldama habría entregado dinero a Ábalos y García «con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos públicos».
De acuerdo con la resolución, Víctor de Aldama habría desempeñado el papel de intermediario, localizando empresas dispuestas a pagar a cambio de obtener contratos o contactos con la Administración, y obteniendo a su vez un beneficio personal. Koldo García, por su parte, habría aprovechado su posición como asesor de confianza del ministro para realizar las gestiones necesarias, reservando la intervención de Ábalos para los momentos en que su firma o su influencia resultaran determinantes.
El juez concluye que tanto el exministro como su antiguo colaborador recibieron «retribuciones económicas» como contraprestación a esas actuaciones, en ejecución del «proyecto delictivo que a todos les unía». Con esta decisión, el Supremo se aproxima a una eventual apertura de juicio oral contra los tres implicados en una de las piezas más relevantes de la causa.