El País Vasco rompe el tabú de informar del lugar de origen de los delincuentes
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El Defensor del Pueblo pide explicaciónes por el cambio en la política informativa de la Ertzaintza, que el PNV defiende por transparencia y para no «estigmatizar»
16 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.La Ertzaintza se convirtió esta semana en la primera fuerza policial de España que incluye en sus informes de criminalidad el lugar de nacimiento de los detenidos. La publicación de ese dato ha provocado críticas de entidades como Jueces para la Democracia y la apertura de un expediente por el Ararteko (el Defensor del Pueblo vasco). El PNV, que gobierna en coalición con el Partido Socialista, la defiende por «transparencia» y porque «puede ser una manera de romper muchos tabúes», en palabras de Iñigo Ansola, presidente de la dirección ejecutiva peneuvista.
La decisión de la policía autonómica estuvo precedida por un cambio de criterio en el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, que desde octubre informa del lugar de procedencia de los detenidos no españoles en sus notas de prensa.
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria (PNV), justificó ese giro por la «presión tremenda» de PP y Vox en el Parlamento vasco para que se hagan públicos los datos. Pero los populares y Vox solo suman 8 de los 75 escaños de la cámara autonómica y carecen de peso para influir en la gobernabilidad.
El cambio en la política informativa coincide con un aumento de la percepción de inseguridad de los ciudadanos vascos, especialmente en Bilbao, bastión electoral del PNV. También concurre una creciente inquietud en el nacionalismo. «Nuestra identidad nacional está en riesgo», dijo hace más de un año Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, principal competidor de los peneuvistas en las elecciones.
El Defensor del Pueblo
Más allá de cálculos políticos, la inclusión del dato de origen en los informes de criminalidad ha causado polémica. El Ararteko había recomendado hace 14 años que no se divulgasen esos datos, según confirmaron a EFE fuentes de la institución. El Defensor del Pueblo vasco ha solicitado información al Ejecutivo autonómico, que por boca de su consejero de Seguridad ha anunciado que la dará «formalmente y oficialmente», pero no «por los medios de comunicación», lo que evita discrepancias públicas.
Jueces para la Democracia calificó de «innecesario» el cambio en la política informativa de la Ertzaintza, y advirtió que «va a contribuir de forma elevadamente perjudicial al señalamiento y la estigmatización de determinados colectivos o grupos sociales o geográficos, cuando la mayoría de sus integrantes no han cometido ninguna infracción».
La entidad considera que la fuerza autonómica se aleja de la «prudencia policial e institucional con la que deben ser tratadas todas las cuestiones que afectan a la seguridad ciudadana y a la política migratoria».
El PNV ve «procedente» la decisión del gobierno vasco. Ansola, en una entrevista radiofónica, afirmó que «dando esa información, difundes transparencia, porque estoy seguro de que, como sociedad, estamos haciendo juicios que no son justos, estigmatizando, como si los delitos fueran cuestión de no sé qué colectivo». A su juicio, con esos datos, «vamos a tener una foto mucho más amplia y nos vamos a dar cuenta, si los datos así lo reflejan, de que tenemos un gran problema con los delitos y vamos a poder realizar actuaciones y tomar decisiones desde un enfoque mucho más amplio».
El portavoz de Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, señaló el «significativo cambio de postura» del Departamento de Seguridad. Recordó que «hace justo un año» tanto el consejero Zupiria como el Ejecutivo decían «justo lo contrario». Otxandiano afirmó que no ha visto «cambios significativos» en las calles durante el último año que expliquen el giro. También criticó el argumento de «la presión ejercida por Vox». «Más presión hacemos nosotros para que se cambie la política de vivienda y eso no tiene las mismas consecuencias», señaló. Consideró además «preocupante que la ultraderecha condicione la postura del Gobierno en una cuestión tan sensible».
El informe, que reúne los datos entre enero y septiembre de este año, incluye una tabla que separa a los detenidos e investigados por sexo y también entre nacidos en el País Vasco y otras comunidades y nacidos en el extranjero. Dentro de esta última categoría se dan datos separados para la UE, resto de Europa, Magreb, resto de África, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, Asia, Oceanía, extranjeros sin especificar y origen desconocido.
Los datos de la Ertzaintza
El documento cifra en 7.052 los detenidos y en 23.534 los investigados. De los detenidos, 2.710 (38,4 %) nacieron en el País Vasco y otras comunidades y 4.342 (61,6 %) son de origen extranjero. Entre los investigados hay 13.435 (57 %) nacidos en territorio español y 10.099 (43 %) del exterior.
En conjunto, los detenidos e investigados con origen en España suponen el 52,8 % frente a un 47,2 % de extranjeros. Hay un equilibrio, pero la población de origen foráneo en el País Vasco no alcanza el 15 %.