Crecen las alertas sobre la fragilidad de las pensiones públicas si no hay más reformas
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El Ejecutivo ignora las advertencias de organismos nacionales e internacionales
29 nov 2025 . Actualizado a las 05:00 h.¿Son sostenibles las pensiones públicas en España? ¿Las últimas reformas garantizan suficientemente su futuro? Estas preguntas —recurrentes desde hace años— han recibido una respuesta prácticamente unánime en las últimas semanas por parte de organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales: no, si no hay nuevas reformas que corrijan los crecientes desequilibrios financieros que presenta el sistema.
Las alertas se suceden y coinciden con la reanudación de los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo, que desde hace 30 años vela por el consenso político en esta materia tan sensible socialmente, y que ahora precisamente tiene que revisar el cumplimiento de sus últimas recomendaciones, sobre las que se acometió la última reforma del sistema público.
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, fue la primera en pasar por la comisión, donde reiteró su ya conocido mensaje crítico sobre el futuro del sistema. Entre otros datos, señaló que estiman que el número de pensiones aumentará en seis millones entre el 2023 y el 2055 —pasará de los 11,3 millones a los 17,3 millones—, y que el gasto se disparará hasta alcanzar el 16 % del PIB en el 2050.
La responsable de la Autoridad Fiscal no ve, sin embargo, riesgo de quiebra del sistema, aunque se muestra contraria a que el Estado use las transferencias como «recurso principal» para pagar las pensiones, ya que son las cotizaciones las que deberían abonarlas.
El Estado como garante
Por ello advirtió que, de no adoptarse las medidas necesarias por el lado de los ingresos, acabará siendo necesario ajustar el gasto o que el Estado funcione como garante del sistema, lo que obligará a «reordenar las prioridades de gasto».
Es decir, que la reforma diseñada por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, no es suficiente para garantizar la sostenibilidad a futuro y serán precisas más medidas.
Cabe recordar que en el último informe anual del Banco de España —el primero con Escrivá al frente— resultó llamativo que el supervisor no analizara la situación del sistema público de pensiones, un insólito silencio que Escrivá explicó asegurando que no debían opinar sobre algo sobre lo que no tenían un trabajo propio sólido, lo que les incapacitaba para pronunciarse. Desvió la competencia a la AIReF.
Sí se han pronunciado instituciones como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que considera que la última reforma ha ido en la dirección contraria a la que debería. Por ello, en su último informe propuso reemplazar progresivamente el actual sistema por uno de cuentas nocionales, una fórmula que se emplea «con éxito» en otros países europeos. La traducción práctica es que las pensiones actuales, cuya tasa de reemplazo (porcentaje del último salario que se cobra como pensión) es de las más generosas de la UE y la OCDE, se verían reducidas.
En concreto, la prestación de jubilación sería en torno al 12 % más baja y el gasto total a largo plazo se reduciría hasta un 40 %.
Esta misma semana también abundaba en la necesidad de acometer ya reformas el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda. Durante la presentación del Observatorio de Pensiones del grupo, se mostró contundente al asegurar que «no se pueden seguir retrasando más las soluciones, el momento es ahora».
«El gasto en pensiones alcanzará los 216.000 millones de euros este 2025 y el sistema requerirá más de 50.000 millones en transferencias externas para cubrirlo», abundó, como muestras claras de su cuestionable sostenibilidad, incluso en momentos de bonanza económica. Por ello señaló reformas necesarias, como incentivar el ahorro privado o los planes de empleo, así como recuperar el espíritu de reformas anteriores, retrasando la edad de jubilación, ajustando los años de cómputo o aplicando el factor de sostenibilidad, que relaciona pensión y longevidad.
De Bruselas a la OCDE
Las recetas coinciden con las que planteó la pasada semana la Comisión Europea. En sus recomendaciones a España, defendió impulsar la contratación de planes de pensiones privados —especialmente entre los jóvenes—, precisamente porque las pensiones públicas del futuro «pueden ser muy bajas». Señaló como ejemplos a seguir los modelos de Suecia o Dinamarca, y también recomendó implantar «la afiliación automática» de los trabajadores a planes de empleo, que «ha demostrado ser eficaz para aumentar la participación y mejorar la adecuación futura de las pensiones». En el Reino Unido y Nueva Zelanda, la mayoría de los trabajadores permanecen en el sistema una vez inscritos, e Irlanda introducirá el sistema en el 2026, mientras que Italia y Polonia han implantado ya modelos similares.
La OCDE ha sido el último organismo en sumarse a las críticas y reclamar cambios para garantizar el futuro del sistema. Pese al robusto crecimiento económico de España, el organismo alerta del gasto creciente que provocará el envejecimiento de la población, por lo que hay que contenerlo, reducir costes ineficientes y subir impuestos para mantenerlo a salvo. Su receta: recortar la cuantía de los futuros jubilados, desempolvando, entre otras medidas, el factor de sostenibilidad que aprobó el PP y que no llegó a entrar en vigor, derogado en la última reforma.
Pese al coro creciente de expertos que repiten idénticas críticas y reclaman medidas correctoras urgentes, el Ejecutivo niega la mayor y —como la orquesta de Titanic— defiende sus reformas.