El Ejecutivo destina 20 millones de euros para las víctimas de Adamuz y Gelida
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Un juez de la Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente, que replica las declaraciones del presidente de la CIAF
28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno aprobó ayer un real decreto-ley para habilitar ayudas inmediatas por valor de 20 millones de euros destinadas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Según anunció tras el Consejo de Ministros el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, las indemnizaciones se abonarán en un plazo máximo de tres meses y cada una de las 46 personas fallecidas recibirá 216.000 euros.
«No vamos a consentir que pase lo mismo que pasó en Angrois», subrayó el ministro, quien defendió la urgencia de anticipar las compensaciones ante unos tiempos judiciales que, admitió, no siempre responden a la «urgencia vital» de las tragedias.
El sistema de ayudas se articulará en tres tramos iguales de 72.000 euros: una indemnización a fondo perdido, un anticipo del seguro de responsabilidad civil y otro procedente del seguro obligatorio. Los 164 pasajeros que resultaron heridos recibirían cuantías que oscilarán entre los 2.400 y más de 84.000 euros, en función de la gravedad de las lesiones.
Este gesto de consenso institucional contrasta, sin embargo, con la creciente tensión en torno a la investigación de las causas del siniestro. Puente mostró su malestar por las declaraciones públicas del presidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, quien apuntó a la «rotura de una soldadura» —y no de un carril— como origen del descarrilamiento. «Son hipótesis que se plantean verbalmente en una entrevista sin que exista, por ejemplo, un informe de laboratorio. Yo no puedo decir que pasa esto y al final, que pase otra cosa», reprochó el ministro, que advirtió de que estas intervenciones «nos obligan a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar». El responsable de Transportes defendió además que no es «nada extraño» soldar carriles de distintas épocas e incidió en que el mantenimiento del carril fabricado en 1989 «no ha tenido ninguna incidencia en la causa del accidente porque no es extraño soldar carriles». «Es una práctica habitual en toda Europa», apuntó, al tiempo que recordó que los procesos de renovación de la línea Madrid-Sevilla son públicos y consultables en la web del ADIF.
Querella contra el ministro
Aunque el titular de Transportes llama a la prudencia a la espera de sus próximas comparecencias en el Senado para dar cuenta de sendos siniestros, la vía judicial toma un rumbo distinto. El instructor de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, dio traslado a la Fiscalía de la apertura de diligencias de una denuncia presentada por un abogado para valorar si el ministro indujo en un delito de homicidio por imprudencia en Adamuz. El letrado Muñoz Lorite, que llegó a representar al pseudosindicato Manos Limpias, es el emisor de esta querella, representando ahora a la Asociación Libertad y Justicia. Puente, no obstante está aforado en el Tribunal Supremo, lo que complica que la querella prospere en la Audiencia Nacional.
En paralelo, Adelante Andalucía, de la mano del BNG, presentó una petición al Parlamento europeo para que investigue lo ocurrido en Adamuz y puso en cuestión la independencia real de la CIAF. La formación andalucista reclama una investigación de la Agencia Europea del Ferrocarril y recordó que este organismo ya cuestionó la imparcialidad de la comisión española tras el accidente de Angrois.