El Gobierno evidencia su debilidad en el Congreso y ve decaer el decreto ómnibus
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El PP y Junts tildan de «chantaje» incluir la subida de las pensiones en el paquete normativo
02 feb 2026 . Actualizado a las 22:03 h.De «chantaje» a «triquiñuela». A la oposición le sobraron calificativos para rechazar el real decreto-ley ómnibus que el Gobierno de coalición llevó este martes al primer pleno del año en el Congreso para su votación y que fue derogado al recibir 178 noes del PP, Vox, Junts y UPN; 171 síes del resto de grupos parlamentarios y ninguna abstención. Este paquete normativo —en vigor desde el pasado 23 diciembre, y que decaerá ahora, tras su publicación en el BOE— es conocido como el «escudo social» e incluía un totum revolutum de medidas de diferente índole: desde la revalorización de las pensiones, la prórroga del ingreso mínimo vital y la congelación de las cuotas de los autónomos, hasta ayudas a víctimas de la dana y los incendios, rebajas fiscales para la compra de vehículos eléctricos, la prohibición del corte de suministros básicos (agua, luz y gas) y la suspensión de los desahucios para colectivos vulnerables sin alternativa habitacional.
Esta última iniciativa fue la línea roja que se negaron a cruzar populares y posconvergentes, tras asegurar que fomenta la okupación ilegal de viviendas, y pese a que el Ejecutivo explicó que solo afectaría a los propietarios con más de 11 inmuebles. «El Gobierno quería que los mayores eligieran entre su pensión y su casa. El PP cree que tienen derecho a las dos cosas», escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijoo. «No estamos de acuerdo con que no se pueda hacer nada si te okupan el piso y no te pagan el alquiler», coincidió Míriam Nogueras, portavoz del partido de Carles Puigdemont. Ambas formaciones aclararon que apoyarán la revalorización de las pensiones si esta se tramita de forma aislada.
Bolaños pide «altura de miras»
El encargado de defender el escudo social en la Cámara Baja fue el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien reclamó a los grupos «altura de miras» y evitar «hacer daño a millones de ciudadanos» que los votaron. El socialista insistió en que el objetivo de este real decreto-ley es «proteger a personas con dificultades» y avanzar hacia una sociedad «más justa y cohesionada», por lo que pidió apoyos para impedir los «desahucios de gente que no tiene adónde ir». Sus argumentos no acabaron de convencer a socios de investidura como el PNV, que, pese a votar a favor del texto, fue muy crítico. «Este decreto contiene una mezcla de medidas urgentes y necesarias con otras controvertidas, y está diseñado para forzar un falso dilema: o se acepta todo o se es el malo de película», censuró la diputada Idoia Sagastizabal, quien lamentó ligar la subida de las pensiones a la prohibición de los desahucios. «Nosotros no somos los malos; ninguno de los que criticamos su oportunismo. Mírense al ombligo porque ahí van a encontrar al villano de su película», pidió la nacionalista vasca a la bancada azul.
Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cargó contra los que tumbaron la iniciativa, acusó a Feijoo de tomar como «rehenes» a los jubilados, y recordó que el PP congeló en el 2013 las pensiones desvinculándolas de la evolución de los precios. «Frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear para que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores», avisó en un vídeo en redes sociales. También la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reprochó a los populares que le hayan quitado «a diez millones de personas 50 euros que estaban percibiendo su pensión».
El Ejecutivo debe ahora aprobar un nuevo real decreto-ley específico y someterlo a votación en el Congreso para que los jubilados no vean mermadas sus nóminas del mes de febrero.