Los documentos desclasificados muestran que había diferentes operaciones, civiles, militares y mixtas, para derribar al Gobierno de Suárez
26 feb 2026 . Actualizado a las 22:30 h.Los documentos desclasificados ayer por el Gobierno muestran cómo Juan Carlos I paró el golpe del 23F una vez que el teniente coronel Antonio Tejero había tomado el Congreso, aunque no aclara los contactos que mantuvo en los meses anteriores y si estaba al tanto o no de la «solución Armada».
golpistas contra el rey
«El primer fallo, dejar al ‘borbón’ libre». El rey es «un objetivo a batir y anular» (en mayúsculas). En una nota manuscrita, sin firma ni fecha, titulada ¡¡¡Militares españoles!!! Dan unas consignas sobre lo que se debe hacer después del 23-F, se analizan los fallos que cometieron los golpistas con el objetivo de que no se repitan para el golpe que ya preparaban. El primer fallo fue «dejar al ‘borbón’ libre y tratar con él como si fuera un caballero». Este documento fue hallado en el domicilio del teniente coronel José Crespo Cuspinera, detenido por la conspiración golpista del 27 de octubre de 1982.
tres operaciones en marcha
Civiles, militares y mixtas. Un documento sobre la planificación del golpe, datado en noviembre de 1980, detalla tres operaciones en marcha para deponer a Adolfo Suárez, cuyo contenido y viabilidad se examinan. De las operaciones civiles, la más consistente era una moción de censura con apoyo del Grupo Socialista, disidentes de UCD y la abstención del PCE para que el presidente del Gobierno fuera un general liberal, que no era Alfonso Armada.
operaciones militares
Grandes probabilidades de éxito. Distingue tres: la de los tenientes generales, los coroneles y los que llama «espontáneos». Respecto a la primera operación, afirma que hay «contactos» entre los capitanes generales para revisar críticamente la situación. Y añade que últimamente hay un «mayor protagonismo» con la intervención de «un general [o varios] de gran historial y capacidad de arrastre», y de un político, Manuel Fraga. Señala que su viabilidad sería muy alta si hay «un deterioro rápido de la situación», que «la intervención sería de forma institucional, mediante el pronunciamiento» y «el rey operaría constitucionalmente». Sobre la de los coroneles, destaca que «si la situación se desarrolla según sus pronósticos la acción sería imparable». De la de los «espontáneos», dice que consistiría en aprovechar un hecho espectacular para activar el golpe. Sobre su viabilidad, sostiene que «hay serios temores de que pueda ejecutarse y triunfe», y que entraña un «peligro de guerra civil». De la operación cívico-militar, el informe considera «muy alta» su viabilidad y que se llevaría a cabo en primavera de 1981.
no a armada
No autorizar su presencia. Los papeles desclasificados dejan claro que la actuación del rey fue decisiva para impedir que triunfara el golpe. En un documento se informa de las llamadas telefónicas que hizo el rey desde la Zarzuela, aunque no se detalla el contenido de muchas de ellas. Juan Carlos I tuvo noticia del asalto al Congreso casi de inmediato a través de la radio. Minutos después, recibió una llamada de Armada, que le pidió ir a la Zarzuela, a lo que se opuso. Más tarde, mantuvo una «conversación muy tensa» con él.
el REY, A MILANS
«Cualquier golpe de Estado será contra el rey». Pasadas las siete de la tarde, el rey habla por primera vez con Jaime Milans del Bosch, capitán general de Valencia, que le pide que contacte con Armada. A las 22.35, vuelve a conversar con Milans para exigirle que retire los tanques y militares que han sacado a las calles y ordene a Tejero que deponga su actitud. A la 1.20 del día 24, transmite unas órdenes tajantes a Milans. Afirma que «cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey», y le ordena que retire sus unidades de Valencia y que le diga a Tejero que «deponga inmediatamente su actitud». «Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve está dispuesto a provocar una guerra civil. Y será responsable de ello», le advierte. Pero la situación estaba lejos de acabarse. A las 4, el rey llama a Milans y le dice «esto tiene que acabar de una vez». Este insiste en la «solución Armada». A las 6.10, pone fin a su apoyo al golpe.
antes del juicio
Reuniones del rey. El Cesid elevó a «conocimiento superior» que había recibido informaciones sobre una conversación del rey con Milans del Bosch antes de que se iniciara el juicio, con vistas a que «la Corona no salga lesionada del proceso». Así consta en un documento del 5 de febrero de 1982, que habla de «algunas entrevistas confidenciales y sigilosas del rey» con implicados en el golpe. En concreto, dice que «alguien muy importante de la Casa Real» se habría entrevistado con Armada.
campaña contra el rey
Mentiras. Existió una campaña de mentiras de los golpistas contra el rey para implicarlo, como que tenía «un avión para huir de España» o que «envió a sus hijos a Inglaterra» antes del 23F. El PCE de Santiago Carrillo también denunció los bulos de la ultraderecha.
la mujer de tejero
«El tonto desgraciado. Lo han dejado solo». Carmen Díez Pereira, la esposa de Antonio Tejero, lamentó que los jefes golpistas «me lo han dejado ‘tirao’ como una colilla. El tonto desgraciado, lo han ‘dejao’ solo».
Seis agentes secretos del Cesid colaboraron con los golpistas
Redacción / La Voz
Una de las 153 unidades documentales sobre el 23F desclasificadas desvela que al menos seis agentes de los servicios secretos españoles dieron «apoyo operativo» a los golpistas; se reunieron con el nuncio del papa en España y con el embajador de Estados Unidos en Madrid antes de la asonada militar; y luego intentaron encubrir su fallida participación activando la llamada operación Míster.
Eran soldados y oficiales de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME), que estaba integrada en el seno del Cesid —antiguo Centro Nacional de Inteligencia—. Los traidores eran el capitán de Infantería Francisco García Almenta; el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias; el sargento de la Guardia Civil Miguel Sales; los cabos primero de este cuerpo Rafael Monge Segura y José Moya; y el comandante del Ejército de Tierra José Cortina. Este último, según el informe de Defensa, se citó con el embajador norteamericano Terence Todman, al que le habría transmitido pormenores de la operación, junto al agente de la CIA Ronald E., quien tenía experiencia en Grecia, donde había sido testigo del alzamiento castrense que acabó destronando al rey Constantino, hermano de la reina Sofía.
Cortina, que era el jefe de operaciones especiales, fue destinado a Jaén como castigo por su implicación en el golpe, ya que se recogieron indicios suficientes de que era conocedor del mismo. El capitán García se encargó de entregar medios materiales a los golpistas; mientras el sargento Sales y los cabos Monge y Moya apoyaron a la columna militar que se dirigió al Congreso e hicieron «misiones de control» en el entorno de las Cortes.
Posteriormente, el director del Cesid, el coronel Narciso Carreras, ordenó una investigación interna que acabó detectando «contradicciones» en las declaraciones de los implicados. Cuatro de ellos causaron baja en la unidad, y el capitán de la Guardia Civil Vicente Gómez Iglesias fue el único condenado.
EE.UU.: «Es un asunto interno»
Pese a la reunión entre el diplomático Todman y el comandante Cortina, la Embajada de Estados Unidos en Madrid envió un cable el 9 de marzo de 1981 —solo trece días después del golpe—, que recogía las declaraciones a la prensa del entonces secretario de Estado, Alexander Haig, quien se limitó a decir que era «demasiado pronto para hacer ningún comentario [...]. Es un asunto interno».
El jefe de la diplomacia estadounidense señaló, además, que «el desafío a la democracia española se limitó a un pequeño grupo de gente porque la mayoría de las Fuerzas Armadas y del pueblo español permanecieron leales al rey y a la Constitución». De hecho, este telegrama también resaltó que «el papel y el liderazgo del rey Juan Carlos I fueron claramente fundamentales para poner fin a la crisis y merecen una particular admiración».
«Tirar a matar», la orden dada a los soldados que tomaron la sede de TVE
Redacción / La Voz
«Tocaron alarma y preparar todo, petates, la virgen, como para marcharse. Nos iríamos de maniobras y venga a Televisión y órdenes de no hablar con nadie, el primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada». Esta era la orden directa dirigida a la unidad militar que tomó el edificio de Prado del Rey, sede de TVE en Madrid, el 23F. Así se recoge en un diálogo, incluido en uno de los archivos desclasificados, donde un participante en el golpe explica que la instrucción dada era «tirar a matar». Su objetivo era el «estrangulamiento» de los medios de comunicación porque consideraban a parte de los trabajadores del ente público como «peligrosos». «No sé lo que va a pasar, solo sé que aquí estamos, asfixiados, sin dormir, ni nada», recoge este documento, fechado el 24 de febrero de 1981.
80-110 muertos en el Congreso
Un texto del 18 de marzo de 1981 destaca que el Cuerpo Superior de Policía había ideado asaltar el Congreso, tomado por la Guardia Civil, en una operación planeada por el Grupo Especial de Operaciones (GEO), cuyos mandos habían calculado que podrían producirse entre 80 y 110 muertos. Sin embargo, finalmente se descartó la operación para proteger a una persona —cuyo nombre aparece tachado y es ilegible— que permanecía «en un despacho inmediato a una de las vías de penetración estudiada».
Esta información se conoció a través de una filtración sobre que el director de Comunicación del Ministerio del Interior y el director de Cambio 16, José Oneto, preparaban un libro al respecto. Un año más tarde, Oneto publicaría La verdad sobre el caso Tejero: El proceso del siglo.
La dimisión del entonces alcalde de A Coruña, Domingo Merino
Redacción / La Voz
Los documentos desclasificados que pueden consultarse en la web de la Moncloa detallan «normalidad absoluta» tras el 23F en las dependencias militares de A Coruña —incluidas la Capitanía General y la Comandancia Marítima—, según un télex de la VIII Región Militar Noroeste. Sin embargo, el 26 de febrero de 1981, solo tres días después del golpe, el entonces alcalde de la ciudad herculina, el nacionalista Domingo Merino, y el primer teniente de alcalde, el senador y militante socialista Antonio Carro, presentaron su dimisión «de manera inesperada» tras un tenso pleno sobre las manifestaciones de apoyo al rey.
Preso en el castillo de La Palma, en el municipio de Mugardos, «a 650 kilómetros» de Madrid, Tejero criticó que el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo lo trasladara a una celda «llena de humedad» y sin que un juez lo acordara.
Una celda «llena de humedad»
En un escrito dirigido al Ministerio de Defensa, fechado el 28 de julio de 1981, su letrado denuncia que el golpista está «enfermo, afectado de reuma, en una prisión militar llena de humedad y, asimismo, de anemia». Por ello, reclama su traslado al Establecimiento Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid), «donde tenía que estar en la actualidad».