El Gobierno anuncia que usará el escudo social de las últimas crisis si el conflicto de Irán lo exige
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Díaz acuerda con los agentes sociales «monitorizar» el impacto de la guerra para desplegar las medidas laborales en cuanto sean necesarias
05 mar 2026 . Actualizado a las 19:59 h.Si en algo está curtido el Gobierno de coalición —seis años de experiencia— es en gestionar crisis inesperadas. Se estrenó con la pandemia en el 2020, que lo obligó a diseñar en tiempo récord un escudo social con el que proteger al tejido productivo y a sus trabajadores de un insólito cerrojazo de la economía. Expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) o bonificaciones en las cotizaciones sociales fueron algunos de los ejes sobre los que, en el ámbito laboral, pivotaron las medidas adoptadas para suavizar el golpe. Ahora, con la guerra de Irán, que amenaza con contagiarse más allá de Oriente Medio, el Ejecutivo ha echado mano de lo aprendido primero en la pandemia y luego con la guerra de Ucrania, que también obligó a desplegar medidas para aliviar la crisis de precios, especialmente en energía y alimentos.
Por ello, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se reunió este jueves con los agentes sociales. Se trataba de abordar con ellos qué hacer si finalmente el conflicto acaba impactando en la economía española. Les trasladó un mensaje de tranquilidad, asegurando que su ministerio se está «preparando». «En el Ministerio de Trabajo lo que hacemos es actuar ex ante, lo que hemos hecho en pandemia, lo hemos hecho en todas las crisis, en el volcán de la Palma, en la dana, lo hemos hecho recientemente en Andalucía y ahora lo vamos a volver a hacer», señaló, enfatizando que «nuestro país está preparado para tomar las medidas que sea menester».
Algunas de ellas, como los ERTE o el mecanismo RED —alternativas a los despidos cuando cae la actividad— o las bonificaciones y aplazamientos, están ya disponibles, pues quedaron incorporadas al sistema tras las pandemia, igual que otras fórmulas, como la prestación por cese de actividad, la flexibilidad horaria o el teletrabajo. De ser precisas otras, como el escudo social, el control de precios de la energía o la bonificación de los carburantes, tendrían que activarse previa aprobación, algo a lo que la ministra se mostró abierta en la reunión con los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez; y con el secretario general de la CEOE, José Alberto González-Ruiz Martínez, que por motivos de agenda reemplazó al presidente, Antonio Garamendi. Por parte de Cepyme acudió su presidenta, Ángela de Miguel.
En cualquier caso, en el encuentro de hoy se acordó «monitorizar» el impacto de la guerra de Irán y volver a reunirse la próxima semana para ver su evolución. El objetivo es que las medidas se activen en cuanto se detecte su necesidad.
Los sindicatos exigen cifrar el coste fiscal de las ayudas
Los líderes sindicales aprovecharon la reunión para solicitar al Ministerio de Trabajo la elaboración de una memoria económica que refleje el impacto fiscal que supongan las medidas que se pongan en marcha. Sordo y Álvarez explicaron que, en un momento en el que ha cobrado fuerza el discurso contrario a los impuestos, es necesario poner en valor la necesidad de los tributos para financiar, entre otras cosas, las medidas con las que ayudar a empresas y trabajadores. «No puede ser que se gasten recursos públicos para proteger empresas, y luego haya manifestaciones en contra de pagar impuestos», señaló Sordo.