La sentencia del Supremo ordena indemnizar a los nietos de Franco tras dejarlos sin el pazo de Meirás
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La Justicia confirma por unanimidad las sentencias dictadas en Galicia que le dieron la propiedad al Estado al anular la donación de 1938 y la compraventa de 1941
12 mar 2026 . Actualizado a las 17:16 h.El pazo de Meirás ya es definitivamente una propiedad del Estado. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en la esperada resolución al recurso de casación presentado por los herederos de Francisco Franco en el 2021 contra las sentencias dictadas en A Coruña que les quitaron la propiedad del emblemático edificio 82 años después de que el dictador lo recibiese en una donación popular, en 1938. En septiembre del 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña declaró al Estado español propietario del pazo y condenó a la familia Franco a la devolución del inmueble y de su enorme finca, situadas en el municipio coruñés de Sada. El juzgado estimaba así en su totalidad la demanda planteada en el 2019 por la Abogacía del Estado, representada por Javier Suárez y Adela Álvarez, por la que se reclamaba la propiedad de las torres de Meirás. Los Franco recurrieron esa decisión ante la Audiencia Provincial de A Coruña, que confirmó la sentencia de primera instancia y ordenó a los herederos del dictador que desalojasen el inmueble y entregasen las llaves al Estado, aunque con un matiz: reconocía el derecho de los herederos de Franco a ser indemnizados, algo que ahora confirma el Tribunal Supremo, que además los declara poseedores de buena fe del inmueble, un concepto jurídico que elevará la cantidad a pagar a los nietos del dictador.
Tanto el juzgado como la Audiencia declararon en sus sentencias la nulidad de la donación efectuada en 1938 al dictador «por carecer del requisito esencial de forma» y por considerar que el pazo no se le regaló a Francisco Franco Bahamonde por sí mismo, sino al jefe del Estado. Las sentencias ahora confirmadas por el Tribunal Supremo también anularon la compraventa del pazo que se hizo tres años después, en 1941, a favor de Franco porque fue «una simulación total». Con ese título, el dictador había logrado inscribir la finca del pazo de Meirás a su nombre en el Registro de la Propiedad de Betanzos. En primera instancia, el juzgado recordó que el Estado asumió desde el primer momento todos los gastos del pazo porque era la residencia de verano oficial del jefe del Estado de España, por lo que las dependencias «se gestionaban de forma idéntica al palacio de El Pardo».
Al haber confirmado que el pazo es un bien público, queda abierto el frente económico. El Tribunal Supremo ratifica la decisión de la Audiencia de A Coruña que reconoció el derecho de los herederos de Francisco Franco a recibir una indemnización por los gastos de conservación del inmueble, pues considera acreditado que hicieron múltiples obras de rehabilitación y mantenimiento y que tuvieron que realizar numerosas reparaciones tras el incendio declarado en el edificio en 1978.
Un mínimo de 800.000 euros
La cantidad a pagar a los herederos de Franco se establecerá en el momento de la ejecución de la sentencia y por el momento no se ha fijado ninguna cifra, aunque el Supremo establece que tendrá que calcularse teniendo en cuenta el tiempo que va desde noviembre de 1975, cuando murió el entonces jefe del Estado, y el momento en que se presentó la demanda, en el año 2019. Hasta ahora, los Franco apenas aportaron documentación sobre los gastos de conservación del pazo. En su momento, el entonces abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, fue el único que habló de cantidades. Lo hizo en una entrevista en La Voz en octubre del 2020, cuando aseguró que la familia Franco había gastado mucho dinero en la finca de Meirás: «Reconstruir el pazo fue muy costoso. En su día hablamos de un mínimo de 800.000 euros, pero se pagaron además impuestos, contribuciones, conservación y vigilancia. Es mucho dinero, pero aún no lo hemos cuantificado».
El día que se entregaron las llaves del pazo
El 10 de diciembre del 2020 fue un día de simbolismos. «Es un día que deja una sensación de justicia histórica», expresaba la que entonces era abogada general del Estado, la gallega Consuelo Castro Rey, poco después de recibir las llaves del pazo de Meirás de manos de la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña. Canales es la magistrada que firmó la histórica sentencia que dejó a los nietos de Francisco Franco sin el pazo de Meirás, 82 años después de que su abuelo se hiciese con la extensa propiedad que se convirtió en residencia oficial de verano del jefe del Estado.
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Castro recepcionó el pazo en representación del Estado. Lo hizo acompañada de la subsecretaria de Hacienda, Pilar Paneque, y de los abogados del Estado en Galicia, Javier Suárez y Adela Caramés, que fueron los que llevaron el pleito tras presentar la demanda para recuperar el pazo. Atrás quedaba el trabajo de muchos meses en los que se analizaron los elementos probatorios de naturaleza histórica y se abrieron nuevas investigaciones hasta desembocar en el pleito que la abogada general del Estado calificó de «jurídicamente complejo». En Meirás no hubo ese día nadie en representación de la familia Franco. «No era necesario que estuvieran, fue suficiente con que entregaran las llaves», explicó la abogada general. Las depositaron en el juzgado el día anterior, quizás para no verse mezclados en las imágenes del trascendente episodio.
Un nuevo inventario de bienes
De todas formas, aquel día la recepción oficial del pazo se hizo esperar. Los técnicos de Patrimonio de la Consellería de Cultura tuvieron que volver a revisar los casi 700 bienes que identificaron en el primer inventario que les encargó el juzgado. Había que asegurarse de que todo estaba tal y como lo habían visto el pasado 11 de noviembre, cuando la comisión judicial entró por primera vez en el pazo. Todo estaba en orden, como informaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, aunque se hizo una aclaración, ya que se quedaron fuera dos de los bienes incluidos en el inventario. Son la Casa das Conchas y el hórreo anexo. El motivo es que esas dos edificaciones no se encuentran dentro del recinto amurallado, por lo que no han sido objeto de la demanda de la Abogacía del Estado y siguen siendo propiedad de la familia Franco.
El pazo de Meirás, situado en el municipio coruñés de Sada, es un edificio construido por orden de la escritora Emilia Pardo Bazán a finales del siglo XIX. Ya en manos de Franco, fue residencia de verano del jefe del Estado durante toda la dictadura, tras la donación efectuada en 1938 que finalmente ha sido declarada nula por la Justicia.
Tras la muerte del dictador en 1975, la familia lo utilizó hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público en una demanda judicial presentada en el 2019 y que fue respaldada por la Xunta de Galicia, por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, y por la Diputación de A Coruña.
Reacciones
La primera batalla contra los Franco «gañada desde Galicia»
Minutos después de que se conociese la sentencia del Supremo sobre el pazo de Meirás han empezado a surgir las primeras reacciones políticas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, celebró que haya por fin «unha sentencia clara» e insta a todas las partes implicadas a actuar en consecuencia. Sobre el dinero que habrá que pagar a los Franco, señaló: «Se hai unha consecuencia indemnizatoria, haberá que acatala, con independencia de que guste ou non».
También la portavoz del BNG, Ana Pontón, se pronunció sobre la sentencia y destacó el hecho de que «a primeira batalla deste calibre que se lle gana á familia Franco sobre o pazo de Meirás sexa desde Galicia», aunque lamenta que los Franco tengan que ser indemnizados. Pontón añadió que en todo caso «o máis relevante é que a cidadanía galega gañou e o pazo de Meirás xa é propiedade dos galegos e as galegas». Sin embargo, lamentó que haya que indemnizar a los nietos del dictador: «Non me parece ben que haxa que indemnizalos, evidentemente, e son cousas da Xustiza que non entendemos nin compartimos». La nacionalista reclamó que el pazo sea transferido a Galicia y que sea «un espazo de memoria para que non se esqueza o que pasou neste país».
El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, dijo que el de este jueves «é un día para celebrar que o pazo de Meirás é propiedade do Estado e non da familia dun ditador que tratou de facerse con el a través da fraude». Besteiro recordó a todas las personas e instituciones que lucharon durante años para recuperar el pazo, «e sobre todo ás víctimas da represión que agora ven como un símbolo do franquismo se refirma como un elemento de memoria democrática e de reparación». También destacó que la recuperación de esta propiedad «foi posible grazas a que en España e na Diputación da Coruña coincidiron gobernos progresistas».
Por su parte, el Concello de Sada, municipio donde se encuentra ubicado el pazo de Meirás, celebró que la sentencia ponga fin al litigio sobre la propiedad, «o que pecha un longo proceso xudicial e consolida a recuperación para o patrimonio público dun inmoble que nunca debeu deixar de pertenecer á cidadanía».
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, dijo que se estaba esperando desde hace tiempo «esta boa nova, que era unha cuestión social para devolver ao pobo o que se lle quitou facendo unha fraude». Añadió que de esta forma se hace justicia con las familias represaliadas durante la dictadura «e o pazo volve ao pobo».
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, también se hizo eco de la sentencia sobre el pazo de Meirás y aseguró que la decisión del Tribunal Supremo «es una magnífica noticia del día de hoy» porque significa «devolver a lo público lo que público era». Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se celebró por que el Supremo confirmase que el pazo «é de todos os galegos e galegas e de todos os españois e españolas»», al tiempo que destacó que «el fallo é un exercizo de democracia e de xustiza».