La Justicia francesa condena a la multinacional Lafarge por financiar a Estado Islámico en Siria
ACTUALIDAD
El Tribunal de París declara culpable al mayor fabricante de cemento del mundo e impone seis años de prisión a su expresidente
14 abr 2026 . Actualizado a las 20:39 h.La Justicia francesa pronunció este lunes al mediodía una pena que deja en muy mal lugar al mayor fabricante de cemento del mundo. El Tribunal de París declaró culpable a Lafarge Holcim de haber financiado al Estado Islámico, así como a otras dos organizaciones yihadistas en Siria entre el 2013 y el 2014. Esta multinacional franco-suiza ha sido castigada con la multa máxima contemplada por la legislación gala: 1,12 millones de euros. «Se trata de unos hechos de una gravedad extrema», destacó la jueza, Isabelle Prévost-Desprez, durante la lectura del veredicto del primer juicio en el país por financiación del terrorismo por parte de una empresa.
La larga lectura del fallo —duró cerca de cuatro horas— terminó con una escena poco habitual en los recintos judiciales galos: el exdirigente de una gran empresa del Cac 40 (la Bolsa de París) saliendo esposado de una sala de audiencias y escoltado por agentes de Policía para que lo llevaran directamente a la prisión. La Corte condenó a Bruno Lafont, que era el presidente y director general de Lafarge en el momento de los hechos, a seis años de cárcel y una multa de 225.000 euros. Su abogado ha considerado que la aplicación inmediata de la pena «no estaba justificada» y ha anunciado que pedirá la liberación provisional de su cliente, de 69 años.
Además de la empresa —sancionada en Estados Unidos con una multa de 778 millones de dólares por este mismo caso— y de quien fuera su presidente entre el 2007 y el 2015, los jueces declararon culpables a los otros siete acusados. Todos habían ocupado cargos relevantes en la francesa Lafarge, que se convirtió en el 2014 en el número uno mundial del cemento tras fusionarse con la suiza Holcim. Las penas oscilaron entre los siete años y uno y medio entre rejas, y las multas de entre los 20.000 y los 225.000 euros. Christian Herrault, exdirector general adjunto del grupo, también salió esposado de la sala, después de que lo hubieran condenado con cinco años de prisión y una aplicación inmediata de la pena.
Hasta 5,6 millones de euros
«Esos pagos» a yihadistas y, «en particular, a Estado Islámico resultaron decisivos para permitir el control por parte de esas organizaciones de los recursos naturales de Siria», afirmó Prevost-Desprez. «Sirvieron para financiar acciones terroristas en esa zona, pero también en el extranjero, especialmente en Europa», añadió sobre unos hechos que tuvieron lugar poco antes del inicio de la oleada de atentados en Francia. La Corte estimó en 5,6 millones de euros la cantidad total que la multinacional aportó a esos grupos armados. Además de Daesh, Lafarge financió al Frente al Nusra (rama siria de Al Qaida) y Ahrar al Sham, organización fundamentalista que lideró el actual presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa.
Lafarge decidió financiar a grupos yihadistas en aras de mantener abierta, al precio que fuera, una fábrica en Jalabiya que había adquirido en el 2008 y en la que había invertido hasta 680 millones de dólares, siendo la más importante que poseía en Oriente Medio. Solo tres años después de esa compra, estalló la revuelta en contra del régimen de Bachar al Asad. La situación degeneró a partir del 2012, cuando el norte del país se convirtió en un mosaico de bandas armadas. Así lo reflejaba el hecho de que esa planta se encontraba en una zona controlada por los kurdos —asociados a la oposición prodemocrática—, pero estaba rodeada por varias áreas en manos de organizaciones islamistas radicales.
Esa compleja situación motivó que la multinacional decidiera pagar a esas organizaciones para permitir que sus trabajadores y mercancías llegaran y salieran de la planta, además de evitar una toma violenta, que terminaría produciéndose el 19 de septiembre del 2014. Los magistrados han considerado este lunes que esos pagos «no fueron fruto de extorsiones», porque el grupo había negociado antes y «siempre dispuso de la autonomía de poder cerrar la fábrica». Han determinado que actuó de esa manera por avaricia económica y por querer «beneficiarse de una situación de monopolio en la reconstrucción de Siria al final del conflicto», momento en que el cemento se convertiría en uno de los materiales más preciados.
Esta sentencia «demuestra que la búsqueda de beneficios no puede justificar cualquier decisión y que hay un límite en las actividades empresariales. Las multinacionales que operan en el mundo también deben tener en cuenta los derechos humanos, sobre todo cuando operan en países en guerra», dijo a este medio la abogada Julie Février, de la asociación Sherpa. Esta onegé ha tenido un importante rol en el enjuiciamiento de este caso, destapado la pasada década por una periodista independiente en el diario Le Monde. El veredicto no solo representa una advertencia para las grandes compañías que actúan en zonas en conflicto, sino también una victoria de una parte de la sociedad civil. Ha sido castigada una inmoralidad económica mayúscula.