Puente redobla sus críticas a la Junta de Andalucía por la tardanza de las emergencias
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El PP nacional le pide que dimita por el informe de Hitachi que estima que el carril pudo romperse hasta 22 horas antes
18 abr 2026 . Actualizado a las 09:45 h.El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha exigido en reiteradas ocasiones explicaciones a la Junta de Andalucía por el retraso de los servicios de emergencias a la hora de atender a los pasajeros heridos del Iryo y, especialmente, del tren Alvia en el accidente de Adamuz. «Lo que dicen las víctimas, y es algo que también hay que esclarecer, es si precisamente una negligencia, del modo que sea, en la prestación del servicio 112, pudo conducir a que hubiera personas que fallecieran como consecuencia de esa prestación de atención tardía», destacó el titular de Transportes hace tres días, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las víctimas del Alvia tardaron más de una hora en ser atendidas. El accidente ocurrió a las 19.47 y no fue hasta las 21.16 cuando la Guardia Civil reportó «un numero indeterminado de personas atrapadas y varios fallecidos entre ambos trenes, que se encuentran a casi 1 kilómetro de distancia entre sí».
El consejero de Sanidad Presidencia y Emergencias de la Junta es Antonio Sanz, que acusó a Puente de ser «mala persona» y de utilizar a las víctimas para sacar rédito electoral, con los comicios en esta comunidad a un mes vista. El jueves, aseguró que es «radicalmente falso que se cayera el 061» y pidió al ministro «que deje de mentir y que deje de atacar a los profesionales sanitarios y de emergencia».
Puente intensificó sus críticas al Ejecutivo andaluz, pese a que en un primer momento cerró filas con la Junta. El titular de Transportes, solo dos días después de la tragedia, aseguró que tenía «cero reproches». «No puedo decir otra cosa que chapó», aseguró entonces el exalcalde de Valladolid en una entrevista en La Sexta.
La actitud cambia en Génova
La actitud comedida de la Junta de Andalucía, gobernada en solitario por el PP, contrasta con la agenda de los populares a nivel nacional, que sí han solicitado reiteradamente la dimisión del titular de Transportes. Este mismo jueves se lo pidió Eduardo Carazo, diputado como el ministro por Valladolid, que llegó a portar un cartel en el que se podía leer: «Puente dimisión». «Es una exigencia ética inaplazable», remarcó.
Los populares reforzaron su petición a raíz del informe de la empresa Hitachi Rail, gestora del circuito de vía. Este documento, que figura en uno de los atestados de la Guardia Civil, refleja que la vía podría tener un carril roto hasta 22 horas antes del accidente. Es en este momento temporal cuando la citada empresa detecta una bajada de tensión en el tramo accidentado. La caída es de apenas un voltio, por lo que esta afirmación aún es solo una hipótesis que maneja la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
Todos los diputados del PP presentes el jueves en el hemiciclo del Congreso gritaron al unísono: «¡Dimisión, dimisión!», en referencia al titular de Transportes. El PP aprovechó la presencia de familiares de víctimas mortales y pasajeros supervivientes de los dos trenes siniestrados en los exteriores de la Cámara Baja, que se concentraron para pedir «verdad, justicia y garantías» y exigieron también la salida de Puente del Consejo de Ministros.
El AVE a Málaga
Los populares también le reprocharon a Puente la tardanza en reabrir la línea de alta velocidad que conecta Málaga, después de que el desprendimiento de un talud en Álora la inhabilitara el 4 de febrero. La alternativa es un viaje en autobús hasta Antequera, donde sí llega el AVE. El popular Elías Bendodo —malagueño y hasta el 2022 consejero andaluz de Administraciones Públicas— le exigió un calendario «cierto» para la vuelta de este servicio. El último plazo marcado es el 27 de abril. El anterior era el 23 de marzo. Su incumplimiento, que conllevó mantener el servicio suspendido en Semana Santa, provocó críticas de los sectores económicos más vinculados al turismo en la provincia malagueña.
Las víctimas del accidente piden a la clase política que aúne fuerzas
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz tomó forma a finales de febrero, mes y medio después del trágico siniestro ferroviario que se cobró la vida de 46 personas. Su presidente es Mario Samper, que encabezó el miércoles una concentración en las proximidades del Congreso. Los congregados colocaron 47 sillas en honor a los fallecidos en Adamuz y al maquinista en prácticas que perdió la vida días después en Gelida (Barcelona). En la concentración, las víctimas trasladaron su «vergüenza dolorosa y corrosiva» hacia la clase política.
Samper se mostró en varias ocasiones crítico con la falta de consenso político en torno al accidente. El miércoles, pidió en Onda Cero a los dirigentes y parlamentarios que «aúnen fuerzas». La asociación se ha reunido ya con distintos estamentos involucrados de forma directa o indirecta con el siniestro que marcó sus vidas. La de Samper, en forma de lesión, ya que todavía está recuperándose de una fractura.
El 7 de abril se vieron las caras con el presidente del ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña. El representante de las víctimas del accidente aseguró que les pidió disculpas por lo ocurrido, pero que no asumió ninguna responsabilidad. «Lo que ha hecho es utilizar los diversos entes a su alrededor para echarles las culpas de todo lo que le íbamos diciendo. Por ejemplo, el robo de materiales, decía que era culpa de la CIAF que había abandonado supuestamente la investigación en el lugar del accidente», destacó a Europa Press. La cabeza visible de la asociación le pidió a Marco de la Peña que dimita, ya que no le veía capacitado para ello «tras lo que había pasado». «Se ha negado porque decía que su responsabilidad es precisamente la contraria», destacó, al término de una reunión de casi cuatro horas.
Samper también se citó con la Agencia Europea del Ferrocarril, que ejerce de observador externo de las investigaciones de la CIAF. «Desde la agencia nos dieron bastantes garantías de que ellos sabían que la investigación se estaba haciendo de forma independiente y que van a tener ellos acceso al borrador de los propios investigadores», remarcó. Añadió que la agencia comunitario les dijo que la CIAF contaba con «escasos medios, sobre todo humanos» y que iban a hacer todo lo posible por «ayudar en ese sentido».
Samper también se reunió con representantes de la compañía italiana Iryo. El primer tren descarrilado pertenece a esta empresa. Samper detalló que desde la compañía querían tener «una primera toma de contacto informal en donde le comentáramos cuáles eran nuestras inquietudes y nuestras necesidades y a partir de ahí, contactar con las personas adecuadas de Iryo y dar una respuesta».
La familia de la única persona ingresada pide representarla
La familia de la única hospitalizada por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), la malagueña Raquel García, solicitó al juzgado que le permita, dado su estado clínico, representarla para la toma de decisiones, entre otras las de tipo médico para su recuperación.
García, que, según fuentes próximas este jueves, permanece estable dentro de la gravedad en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Málaga por el siniestro en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero, dio a luz este sábado a un niño que está en buen estado, de nombre Teo.
Ante lo que consideran como una situación de limbo legal, la petición efectuada por la familia, admitida a trámite por el juzgado, es el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria de curatela (medida judicial de apoyo para personas con discapacidad que necesitan asistencia continuada, respetando su voluntad y deseos) representativa en favor de ella, que está en proceso, según ha informado a Efe la abogada María Reina, del despacho de letrados dirigido por Daniel García Prieto.
Designar a un curador
Ese expediente, previsto para los adultos que no pueden tomar decisiones plenas por enfermedad o causas sobrevenidas, como es el caso de Raquel —de profesión abogada—, busca designar a lo que se conoce como un curador para atender la necesidad urgente de que alguien pueda gestionar todas sus cuestiones, tanto económicas como médicas. La solicitud se formula ante el tribunal de instancia del lugar de residencia de la persona en cuestión, en este caso Málaga, y se le explica lo sucedido, la situación personal, se aporta documentación médica y se propone a un familiar para que la represente. Tras la admisión a trámite, el juzgado ha efectuado requerimientos para explorar la situación personal y médica de la afectada.