La Fiscalía mantiene las penas de prisión para los siete hijos de Pujol
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El tribunal archivará la causa contra el ex president por «falta de capacidad cognitiva»
12 may 2026 . Actualizado a las 12:24 h.La Audiencia Nacional confirmó este lunes el sobreseimiento de la causa contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por la fortuna oculta en Andorra. La resolución se basará en la «falta de capacidad cognitiva y de defensa», la misma razón aducida hace dos semanas y que sirvió para que el exlíder de CiU, que cumplirá 96 años el mes que viene, evitara declarar ante el tribunal por los delitos que se le imputan: asociación ilícita y blanqueo de capitales, por los que la Fiscalía Anticorrupción pedía nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros. En cambio, el ministerio público mantiene las penas de prisión para sus hijos: 29 años para el mayor, Jordi Pujol Ferrusola, al que acusa a demás de los delitos de falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y alzamiento de bienes; 14 para su hermano Josep, y ocho años para los demás: Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta. Además, Mercè Gironès, exmujer del primogénito, se enfrenta a 17 años de cárcel, y a otros cinco cada uno de los nueve empresarios implicados en la causa. Fernando Bermejo sostiene que la familia urdió una trama criminal para cobrar mordidas a empresarios a cambio de adjudicaciones de obra pública cuando su padre presidía la Generalitat, algo que hizo durante 23 años. En el trámite de conclusiones celebrado este lunes, Bermejo introdujo solo dos modificaciones respecto a su escrito inicial: las peticiones de archivo de la causa para el ex president, por demencia, y para el empresario Carles Vilarrubí, fallecido en diciembre.
«Con el PSOE facturamos más»
Por su parte, las defensas se ratificaron en sus peticiones de absolución para los 17 acusados y, en caso de ser finalmente condenados, que el tribunal les reduzca las penas por razón del tiempo transcurrido desde que se inició el proceso entre los años 2012 y 2014, y la vista, que arrancó en noviembre del año pasado, 12 años después.
Antes de la intervención del fiscal y las defensas, declararon los últimos empresarios de la trama: Luis Delso, del grupo Isolux (disuelto en el 2020); Carles Sumarroca, exvicepresidente de Emte; Josep Cornadó, expresidente de Copisa; y el inversor hotelero Alejandro Guerrero. Todos defendieron la legalidad de los pagos al primogénito de Pujol, que efectuaron por sus «gestiones de intermediación» en diversos negocios y no, según ellos, por comisiones ilegales. De hecho, llegaron a afirmar que sus contratos con la Generalitat se incrementaron con el tripartito del socialista Pasqual Maragall. «El principal cliente de Copisa es el Ministerio de Transportes y después la Generalitat, pero estamos también en la Comunidad de Madrid; cuando tuvimos más suerte fue con el tripartito», explicó Josep Cornado. «Con los socialistas facturamos mucho más», subrayó.