La actual presidenta encargada de Venezuela sería la líder de una trama donde Zapatero mediaba a cambio de comisiones. Diez sociedades pantalla y once instrumentales con testaferros
21 may 2026 . Actualizado a las 16:02 h.El rescate en pandemia de la compañía venezolana Plus Ultra con 53 millones de euros procedentes de las arcas públicas en España resulta circunstancial en el conjunto de la investigación iniciada en el 2024 por la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional y la Policía Nacional. Ya la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero con sus compañeros del PSOE en el Gobierno de Pedro Sánchez, presuntamente a cambio de dos millones de euros, implicaría una mordida más de otras recibidas a cambio de mediaciones entre inversores internacionales y Delcy Rodríguez; tras la detención de Nicolás Maduro a manos de los EE.UU. el pasado enero, la actual presidenta encargada de Venezuela habría empezado en liderar un entramado apuntalado en gran parte en la gestión de recursos naturales de Venezuela para el beneficio particular de los implicados, Zapatero entre ellos, mediante la obtención de decenas de millones en ganancias a repartir entre todos.
La dama
Pozo sin fondo. El magistrado instructor, José Luis Calama, sitúa a Delcy Rodríguez como líder en la sombra, y la identifica tras el alias de La Dama. El relato incriminatorio la erige en la autoridad fáctica sobre el terreno, Venezuela, y la persona con el poder suficiente para manejar a su antojo el rumbo de los buques cargados de petróleo que salen del país y se vendían pensando en el interés particular de los investigados, no en el general de los venezolanos. Un mensaje interceptado a dos imputados, y aportado al procedimiento, afirma que «la Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos con petroleo». Calama añade que era imperativo «canalizar la gestión [para comprar crudo] a través de la red de influencia» del expresidente Zapatero, operando como un peaje indispensable. En otra comunicación intervenida en enero del 2024, Domingo Amaro presumía de estar «listo para viajar a reunirse con la Dama y ministro petróleo». Los implicados celebraban igualmente tener «chinos listos para comprar barcos», y evidenciaban injerencia al reconocer entonces que todo «depende del Partido Comunista».
El papel de mediador oficial de Zapatero queda plasmado igualmente al exigir a los empresarios extranjeros remitir una carta a la oficina del expresidente, como hizo en el 2023 la empresa China International Cultural Technology Resources Group CO LTD. Sobre aquello, Calama descarta que se trate de una «transacción mercantil ordinaria», porque los compradores pedían instrucciones para asegurar la carga sin saber qué tipo de crudo adquirían.
Auditoría clave
Deloitte. La documentación judicial conocida hasta ahora se concentra en el auto de imputación contra José Luis Rodríguez Zapatero. Detalla cómo se gestó el rescate de Plus Ultra, y cuánto se habría llevado el expresidente por presionar a sus compañeros del PSOE en el Gobierno, que habrían aceptado sin que se sepa por ahora si a cambio de algo. También expone los elementos técnicos que manejaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez para descartar el millonario rescate de una compañía aérea sin apenas actividad. Calama utiliza como fuente una auditoría de Deloitte que demuestra que la empresa ya estaba en situación de disolución en el 2019, antes de la pandemia, cuando fue rescatada en el 2020, y tenía una deuda con la Seguridad Social de 451.954 euros. A mayores, para ocultar su quiebra y engañar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Plus Ultra usó un supuesto «préstamo participativo» de un banco panameño (Panacorp) que inmovilizaba fondos en la isla de Dominica y maquillaba su situación real patrimonial para que los fondos propios no figurasen en negativo.
Gobierno militar
De Venezuela. Las diligencias policiales, ratificadas en autos judiciales, detallan que la influencia de la trama no se limitó a España o intereses empresariales en China. Julio Martínez (amigo y persona presuntamente utilizada por Zapatero para legalizar sus ingresos mediante honorarios de consultoría a través de la firma Análisis Relevante) mantenía línea directa con el Mayor General Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela. Martínez, añade el procedimiento, intercedió para que el INAC autorizara vuelos de Plus Ultra (ruta Caracas-Madrid) que la aerolínea estaba comercializando sin autorización. También negoció con este alto cargo militar el perdón o fraccionamiento de una deuda de 258.618 dólares que Plus Ultra tenía con el Estado venezolano. El relato policial, en gran parte sustentado en confesiones de los propios investigados a través de mensajes o correos enviados entre ellos y aportados a la causa, demuestran que Martínez se relacionaba con la élite gubernamental y militar de Venezuela por el respaldo que le brindaba Zapatero.
Presiones
Al Banco Santander. La trama agitaba el nombre Zapatero para beneficio propio sin reparo, incluso dejando rastro por escrito en las más altas esferas financieras del país. El auto de imputación del expresidente recoge presiones directas de investigados contra el Banco Santander invocando a Zapatero a través de una carta dirigida expresamente a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de la entidad en España. La misiva solicitó ayuda para obtener un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para Plus Ultra: «Siguiendo instrucciones del presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted...», decía la demanda enviada en mayo del 2020. Pocos días después, Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, preguntó a Roberto Roselli, consejero delegado de la aerolínea, por los avances de Zapatero con el banco. Roselli respondió que «se están moviendo», a lo que Rodolfo Reyes añadió, dejando constancia de la naturaleza del acuerdo con Zapatero, que «ellos cobran si se mueven».
HARD ROCK en Tarragona
Plantillas de falsificación. Los dos años de trabajo policial en España permiten sostener que los investigados prestaban también servicios de opacidad a corporaciones externas. Según la Audiencia Nacional, entidades como el Grupo Aldesa firmaron adendas de contratos para canalizar dos millones de euros ligados a un proyecto de la marca Hard Rock en Tarragona. En este circuito destaca la empresa Softgestor, que funcionaba como una fábrica de falsificaciones. La Policía Nacional asegura haber constatado la elaboración de borradores de contratos remitidos a empresarios afines al chavismo, como Francisco Flores. Estos documentos se devolvían para cambiar únicamente el nombre del cliente, evidenciando que eran meras plantillas prefabricadas y fácilmente intercambiables utilizadas para blanquear.
El expresidente compró el lunes un billete para volar este miércoles a Caracas
La actuación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) frustró un viaje no planificado de José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela. Según informó El Confidencial, el expresidente socialista adquirió un billete de avión para el pasado lunes para viajar este mismo miércoles a Santo Domingo a bordo de un avión de Air Europa. En la capital dominicana preveía tomar una conexión en jet privado para aterrizar en Caracas.
Oficialmente, no había constancia de la salida de Rodríguez Zapatero, que debe comunicar sus viajes al extranjero al Gobierno para poder movilizar a los equipos de escolta y apoyo. Según el diario digital, el exdirigente socialista alegó que se trataba de un viaje por asuntos particulares relacionados con su actividad privada.
Fruto del conocimiento de ese viaje improvisado, Vox y Hazte Oír solicitaron ayer mismo al juez José Luis Calama que retire el pasaporte a José Luis Rodríguez Zapatero, le prohíba salir de España y le obligue a comparecer periódicamente ante la Audiencia Nacional mientras avanza la investigación del caso Plus Ultra.
La formación que lidera Santiago Abascal —personada como acusación particular junto al PP, Hazte Oír o Manos Limpias— sostiene que la gravedad de los delitos atribuidos al expresidente, sus vínculos internacionales y su estrecha relación con el régimen venezolano justifican la adopción urgente de medidas cautelares para evitar un eventual riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
Además de la retirada del pasaporte, desde Hazte Oír solicitaron también al magistrado de la Audiencia Nacional la imposición de una fianza que cubra las sumas presuntamente percibidas por el entorno de Zapatero procedentes de la trama, «cifradas indiciariamente en 490.780,00 euros satisfechos directamente a su favor y 239.755,00 euros transferidos a la mercantil What The Fav, S.L., participada por sus hijas». También piden el «embargo preventivo de cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión, productos financieros y participaciones societarias».
Un nombre hueco para una trama de alcance sin precedentes en España
La discreta investigación realizada en España desde el 2024, a requerimiento de las fiscalías de Francia y Suiza, por la unidad de élite de la Policía Nacional en delitos financieros, la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y una agencia especializada en el control aduanero de los EE.UU. se ha plasmado en una causa que no tiene precedentes en España; y que la investigación bautizó operación Tíbet sin que el nombre elegido responda a nada concreto.
La singularidad del caso no solo responde a la imputación nunca vista en España de un expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; también al alcance de la investigación, ya avanzado y plasmado en el procedimiento instruido en el Juzgado Central 2 del Alto Tribunal. Porque aunque la causa está secreta, y solo se conocen las 88 páginas del auto de imputación del expresidente Zapatero, si ha trascendido por fuentes consultadas por La Voz que lo destapado hasta ahora supone solo una pequeña parte del caso en su totalidad.
Añaden que es algo de mucho mayor alcance y más grave, con el presunto movimiento fraudulento de millones y millones de euros y dólares en divisas, comisiones y ventas no solo de petróleo. También de oro, que es el otro gran recurso natural de Venezuela. Añaden las fuentes consultadas por La Voz, a modo de ejemplificación, sin voluntad de entrar en comparaciones pero para dimensionar el asunto, que el alcance conocido en los dos últimos años sobre las tramas de corrupción que afectaron al Gobierno de Pedro Sánchez o a la presunta financiación ilegal del PSOE no son equiparables porque se ciñen al ámbito nacional. A diferencia del caso de Zapatero, con múltiples ramificaciones geográficas y financieras internacionales.