También ha solicitado una pena de 13 años de cárcel para el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte
24 jun 2026 . Actualizado a las 13:42 h.La Fiscalía ha pedido ocho años de prisión para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, por los presuntos delitos de cohecho y pertenencia a grupo criminal por el caso Mediador. La misma pena solicita para el sobrino de Tito Berni, Taishet Fuentes, exdirector General de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino del exdiputado nacional por los presuntos delitos de cohecho y pertenencia a grupo criminal. El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, también ha solicitado una pena de 13 años de cárcel para el mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte por los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, pertenencia a grupo criminal, estafa y cohecho en la pieza principal del caso Mediador.
En total son 16 las personas investigadas en la pieza principal del caso, que versa sobre una presunta trama de corrupción en la que varios cargos públicos, empresarios y el citado intermediario habrían cobrado o reclamado sobornos y comisiones a cambio de favores administrativos y políticos. El fiscal pide 8 años de cárcel para el exdiputado socialista, 11 para su sobrino, Taishet Fuentes, exdirector General de Ganadería del Gobierno de Canarias, y 13 para Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario que da nombre al caso Mediador. El ministerio público solicita penas de menor entidad para el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas (2 años de cárcel), así como para cargos administrativos intermedios y para los empresarios que supuestamente colaboraron en la trama.
La Fiscalía se dirige al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife para solicitar la apertura de juicio oral con el fin de esclarecer una presunta trama que trataba de captar a empresarios del sector primario y de las energías renovables en Canarias durante el 2020 y el 2021 para ofrecer tratos de favor, adjudicación de contratos públicos y anulación de expedientes sancionadores a cambio de dinero, regalos y servicios de prostitución. El caso estalló políticamente en febrero de 2023, cuando se conoció que Fuentes Curbelo estaba siendo investigado y el PSOE forzó su salida del Congreso. El exdiputado causó baja el 14 de febrero de ese año y, pocos días después, el foco ya no estaba solo en la presunta red de mordidas, sino también en las imágenes incorporadas al sumario: visitas de empresarios al Congreso, fotografías ante dependencias parlamentarias, comidas en Madrid y fiestas posteriores en hoteles y locales de alterne.
La causa provocó un fuerte desgaste público por la mezcla de corrupción política y episodios de carácter escabroso. Los investigadores situaron varias reuniones de la trama en el Congreso en el 2021, con empresarios captados por el 'mediador', y al menos una de esas visitas, la del 14 de abril de ese año, aparece seguida en el sumario por una fiesta con prostitutas en un hotel próximo a la Cámara. También constan referencias a pagos para servicios sexuales y a fotografías con mujeres en clubes y habitaciones de hotel. El escándalo se amplificó además por las alusiones a fiestas con alcohol, cocaína, Viagra y prostitutas, siempre según las declaraciones y documentos incorporados al procedimiento. La oposición pidió explicaciones en el Congreso y el PSOE trató de acotar el daño a responsabilidades individuales. Patxi López admitió entonces que algunos diputados socialistas acudieron a una cena con Fuentes Curbelo y el 'mediador', pero negó que participaran después en fiestas con prostitutas y cocaína.