La Audiencia Nacional da la razón al Gobierno, que tras la comunicación del ERE le reclamó devolver lo cobrado por emisiones indirectas de CO2 en los años 2017, 2018 y 2019
02 jul 2026 . Actualizado a las 11:21 h.La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de Aluminio Español S. L., entidad mercantil que pertenece a Alcoa y que posee la electrolisis de Cervo, y le impone la devolución al Estado de 34,26 millones de euros recibidos en ayudas y de otros 2,32 millones en intereses de demora. Contra la sentencia cabe recurso de casación.
Alcoa solicitaba la nulidad de la resolución dictada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el 10 de septiembre del 2021, que exigía el reintegro de las subvenciones percibidas al abrigo de las compensaciones por los costes de emisiones indirectas de CO2 repercutidos en la electricidad correspondientes a 2017, 2018 y 2019.
En octubre del 2020, Alcoa comunicó un despido colectivo que implicaría el despido de 524 trabajadores y la parada de las 512 cubas de la electrolisis. El Gobierno le recordaba en la resolución que estaba obligada para beneficiarse a no recortar en más del 85 % su capacidad de producción y su plantilla en los tres años siguientes a la aprobación de las ayudas.
Alegaba Alcoa que la comunicación del despido colectivo debía considerarse inexistente al anular el ERE los tribunales y que solo paró las cubas —rearrancadas este año— tras llegar a un acuerdo con la plantilla para un cese temporal de la producción. Rebate la Audiencia Nacional que «la comunicación determina el incumplimiento (...). La fabricación de aluminio primario por electrolisis supone más del 99 % del consumo eléctrico industrial de Aluminio Español y es la principal actividad subvencionada», resalta.
Consultada al respecto, la multinacional no se pronuncia sobre la sentencia ni desvela si presentó recurso casacional.