La Justicia europea determinará este jueves el futuro de Puigdemont
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El TJUE se pronuncia sobre el delito de malversación que afecta a los líderes del «procés»
17 jul 2026 . Actualizado a las 21:22 h.La ley de amnistía espera el veredicto de la curia europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado para este jueves, a las diez de la mañana, la vista sobre las dos primeras cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional en julio y septiembre del 2024, respectivamente. La del Tribunal de Cuentas es consecuencia de la demanda de Sociedad Civil Catalana (SCC) contra los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, junto al resto de dirigentes que encabezaron el procés: el ex vicepresidente Oriol Junqueras y losex consejeros Dolors Bassa, Antoni Comin, Clara Ponsatí, Francesc Homs, Lluis Puig, Raul Römeva, Jordi Turull y Neus Munté. La acusación se centra en la responsabilidad contable por el desvío de unos 5,3 millones de euros de fondos públicos a los gastos de la causa secesionista.
Según Sociedad Civil, los demandados «actuaron con pleno conocimiento de que la finalidad de los gastos que se ordenaba o autorizaba con la convocatoria era contraria al orden jurídico, constituyendo, por tanto, una actuación dolosa generadora de responsabilidad contable». En su escrito de 114 páginas, la entidad insta a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado a actuar para recuperar el dinero malversado.
La demanda se presentó en el Tribunal de Cuentas antes de la aprobación de la ley orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Esta exime de responsabilidad penal, administrativa y contable a los actos vinculados al procés entre el 1 de noviembre del 2011 y el 13 de noviembre del 2023. Entre otras cosas, da por extinguidos los delitos de desobediencia, desórdenes públicos y usurpación de funciones, además de las penas e inhabilitaciones asociadas, y ordena a los tribunales que la apliquen en un plazo máximo de dos meses.
Con la ley en vigor, la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas elevaron cuestiones prejudiciales al TJUE ante las dudas de que alguno o varios de sus preceptos puedan infringir la normativa europea o lesionar los intereses de la Unión. No fueron los únicos: también lo hicieron la sala segunda del Tribunal Supremo y un juzgado penal de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
El alegato de Spielmann
El abogado general del TJUE, Dean Spielmann, dio su aval a la amnistía en noviembre del 2025. En un controvertido informe de un centenar de páginas, el letrado mayor de la UE estimó que la norma no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros de la Unión. Aunque la opinión de Spielmann no es vinculante para los 15 magistrados de la Gran Sala, su criterio suele guiar la mayoría de las resoluciones.
Los argumentos del luxemburgués chocan con los del letrado de la Comisión, el español Carlos Urraca, que llegó a tildar la ley de «autoamnistía» por formar parte de un «acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España». Spielmann lo niega: «Nada permite calificar la ley de autoamnistía», señala en su alegato, pues esta se acordó «en un contexto real de reconciliación política y social», y fue «fruto de un procedimiento parlamentario regular en el seno de un sistema democrático pluralista».
Diga lo que diga el TJUE, la sentencia no afectará directamente a la orden de detención contra Puigdemont, que sigue vigente, aunque sí determinará la posición que adopte el Tribunal Constitucional a la vuelta del verano o en diciembre como muy tarde. El órgano de garantías debe resolver el recurso de amparo presentado por la defensa del expresidente catalán contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía por el delito de malversación.
Los partidos catalanes, Junts en especial, confían en un veredicto favorable de la curia europea que allane el camino para el regreso de Puigdemont y sus ex consejeros Comín y Puig, y libere a los demás de las penas de inhabilitación que arrastran desde la condena del Supremo. Esquerra espera que la decisión abra las puertas a Junqueras para presentarse como candidato a la Generalitat en las próximas autonómicas.
El socialista Salvador Illa también se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de la amnistía y del regreso del líder de Junts, mientras que el Partido Popular considera «amortizada» la resolución de la corte de Luxemburgo.
El exconsejero Toni Comín confía en que la sentencia «debe ir bien»
El ex consejero de Carles Puigdemont y eurodiputado electo de Junts Toni Comín se ha mostrado optimista este miércoles respecto a la sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará este jueves sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho de la UE.
En declaraciones a la radio autonómica, el dirigente independentista ha asegurado que «debe ir bien», ya que no ve «cómo el Tribunal se podría desmarcar del razonamiento que hizo el Abogado General el noviembre pasado», en el que ha descartado que la ley fuera una «autoamnistía» que colisionara con la legislación europea y que afectara a intereses financieros de la Unión. «Incluso el Abogado de la Comisión Europea, que es un señor, por decirlo así, infiltrado del PP, y que nos quiere todo el mal del mundo» estuvo de acuerdo con que no había una afectación a los intereses financieros de la UE, ha sostenido.
Comín ha cargado contra el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, del que dijo que «se inventó dos excusas» para no aplicar la amnistía: una, que en la malversación había enriquecimiento personal; y otra, que afectaba a los intereses financieros de la UE. En este sentido, ha argumentado que si la sentencia es favorable a los independentistas, le quitarán a Llarena «una de las excusas», aunque en lo tocante a la malversación, en su opinión, será el Tribunal Constitucional quien deberá decidir.