El ministro Puente insta a Puigdemont a regresar a España aunque lo detengan: «Me plantaba hoy en España, y que me detengan y me lleven a prisión»
ACTUALIDAD
Lo ve un gesto de liderazgo ante el auge de Aliança Catalana
17 jul 2026 . Actualizado a las 21:32 h.El Gobierno insiste en considerar el fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el encaje de la ley de amnistía en el derecho comunitario como un aval rotundo a su decisión de olvidar los delitos cometidos por los líderes del procés y, aún más allá, como una reconvención a los reparos puestos por los tribunales españoles a su aplicación en todos los supuestos que tanto el PSOE como los partidos independentistas contemplaron cuando la pactaron.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, insistió en reclamar al Supremo que permita ya que Carles Puigdemont y otros líderes del procés que fueron acusados de malversación se beneficien de la medida. Pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, fue aún más lejos. En el habitual tono de confrontación que, en un claro reparto de papeles, la Moncloa avala e incentiva, Puente argumentó que la decisión de Luxemburgo pone de manifiesto el «error jurídico» en el que, según él, incurrieron el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional «a la hora de plantear que la ley de amnistía incumple el derecho comunitario» y acreditan «que hay una parte del poder judicial en España que no respeta la legitimidad del poder legislativo, y cree que está por encima para decir qué es lo que se puede o no se puede legislar». Y a continuación, invitó al expresidente de la Generalitat a desafiar al alto tribunal. «Si yo fuera Puigdemont, me plantaba hoy en España, y que me detengan y me lleven a prisión», dijo en RNE.
«Si el Tribunal Constitucional [que ya se avaló la compatibilidad de la amnistía con la carta magna] y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han pronunciado sobre la ley, y yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues vamos a ponernos todos colorados de una vez. Dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo. Yo lo haría», abundó.
En realidad, lo que hizo el TJUE fue responder dos cuestiones prejudiciales muy concretas, planteadas por el Tribunal de Cuentas, sobre la responsabilidad contable del procés, y por la Audiencia Nacional, sobre la amnistía a los CDR acusados de terrorismo, ambas resueltas a favor de la ley. Pero el fallo no entra por completo en el terreno en el que se sostiene el bloqueo de la amnistía Puigdemont. El Tribunal Supremo no elevó ninguna cuestión prejudicial ni de inconstitucionalidad sobre la malversación sino que decidió directamente no aplicar la ley por entender que hubo afectación a las finanzas de la UE — esto sí ha sido rebatido—, pero también porque entiende que existió enriquecimiento patrimonial, una causa de exclusión que la propia ley contempla.
Bolaños apremia a los jueces
La llave para amnistiar a Puigdemont (también a Oriol Junqueras, aunque, en su caso, tras el indulto solo le queda una pena de inhabilitación hasta el 2031) sigue en el Constitucional, que prevé resolver los recursos de amparo presentado por los líderes del procés en otoño. Por eso, en una entrevista en la cadena Ser, Bolaños dirigió su llamamiento también a este otro órgano. «Lo que tienen que hacer es resolver esos recursos que están pendientes; creo que sería positivo para la sociedad catalana y para la sociedad española en su conjunto».
Malestar en Junts
Puente, en todo caso, se extendió en su incitación a Puigdemont con un argumento que no sentó nada bien en Junts, su partido. El ministro adujo que ya que la formación atraviesa un momento de debilidad interna con competencia electoral creciente de Aliança Catalana y de la CUP, asumir el riesgo de una detención podría devolver al expresident huido en Waterloo la autoridad que ha ido perdiendo. «Eso también sería por su parte un gesto de liderazgo político, porque hay cosas que son insostenibles y a las que hay que plantar cara de una vez, yo creo que lo tiene a huevo», insistió.
El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, calificó sus palabras en X de «miserables y frívolas». El número dos de Junts fue más allá y aseguró que en TV3 que «hay un cruce de poderes, el poder judicial quiere hacer de poder legislativo, y el poder ejecutivo actúa al margen del legislativo».
Con algo más de humor, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, respondió a Puente en RAC1 que, si el expresidente tiene que volver en tren, es posible que la resolución del Tribunal Supremo llegue antes que él. «Por qué alargar esta agonía? No pueden discutir la constitucionalidad de la ley ni la europeidad», añadió el letrado, que no quiso responder si el expresidente autonómico volvería a España tras la sentencia del TJUE.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró este viernes que «la Justicia de verdad ha sentenciado que no hay malversación» y añadió que lo que está en juego no es la situación de los fugados, sino la democracia española porque «los derechos políticos no pueden depender de la voluntad de una parte de la judicatura al servicio de determinados intereses partidistas».