Roger Español declara que un policía nacional le disparó en un ojo «en represalia»
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Arranca el juicio contra los cuatro agentes no amnistiados del 1-O
16 sep 2026 . Actualizado a las 20:43 h.Casi nueve años después del 1-O, la Audiencia de Barcelona inició este miércoles el juicio contra los cuatro agentes de la Policía Nacional acusados del disparo de una bala de goma que le causó la pérdida de un ojo al activista Roger Español. Son los únicos agentes del orden no amnistiados por el procés, que se enfrentan a penas de hasta 13 años de cárcel. Los hechos ocurrieron durante los altercados en una concentración frente a la escuela Ramon Llull de Barcelona, que acogía urnas del referendo ilegal independentista del 1 de octubre del 2017. Español reconoció haber lanzado a la calzada unas vallas que encontró en una obra para frenar el avance de los agentes del orden que trataban de impedir la votación, declarada inconstitucional días antes por la corte de garantías. El activista acusó al policía que disparó el proyectil de destrozarle el globo ocular izquierdo, y a tres de sus superiores de actuar en «represalia» porque minutos antes había intentado alejar la porra de un agente que previamente le golpeó en un muslo.
La Fiscalía pide la absolución
Más de un centenar de agentes que participaron en el dispositivo policial para impedir la votación han sido amnistiados. Todos menos los cuatro juzgados en la Audiencia de Barcelona, excluidos por la ley del olvido penal del procés. La Fiscalía pide su absolución porque actuaron «en estricto cumplimiento del deber», siguiendo las instrucciones de Interior y después de que el referendo fuera prohibido por el Tribunal Constitucional.
El texto, pactado en el 2024 por el PSOE y los partidos independentistas, estableció que serían amnistiadas las acciones policiales en el 1-O, con la excepción de «actos dolosos» que causasen «muerte, aborto o lesiones al feto, o la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro». Las acusaciones populares ejercidas por las entidades separatistas Òmnium Cultural, ANC e Iridia solicitan entre 12 y 13 años de cárcel e inhabilitación por un delito grave de lesiones con pérdida de órgano y otro de tortura.