Una demanda ciudadana acusa a cuatro gigantes de la IA de pactar para frenar el desarrollo de la tecnología
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Los usuarios consideran que el presunto acuerdo entre las compañías vulnera las leyes antimonopolio
20 sep 2026 . Actualizado a las 19:46 h.Una nueva demanda colectiva presentada ante un tribunal federal de California acusa a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google de haber coordinado sus actuaciones para ralentizar el ritmo de desarrollo de sus respectivos sistemas de inteligencia artificial. Los demandantes sostienen que este supuesto acuerdo podría vulnerar las leyes antimonopolio de Estados Unidos y perjudicar a los consumidores que pagan por estos servicios. El caso, que fue presentado ante el tribunal del distrito norte de California, está promovida por cuatro consumidores que cuentan con suscripciones de pago a ChatGPT, Claude, Grok o Gemini y pretende representar a una clase nacional formada por otros usuarios de estos servicios.
El núcleo de la demanda se encuentra en el debate surgido durante este sobre la conveniencia de moderar el ritmo de desarrollo de los sistemas de IA más avanzados. El 12 de septiembre, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó un ensayo en el que defendía una mayor cooperación entre los principales laboratorios de inteligencia artificial para moderar el ritmo de los avances tecnológicos y reforzar las medidas de seguridad.
Ese mismo día, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI; Elon Musk, responsable de SpaceXAI; y Demis Hassabis, cofundador y presidente de Google DeepMind, respondieron públicamente a las propuestas de Amodei y expresaron su respaldo a distintos aspectos de la idea.
Los demandantes interpretan esas declaraciones como indicios de una coordinación entre empresas que compiten directamente en el mercado de la inteligencia artificial. Según su argumento, si una compañía decidiera ralentizar por su cuenta el desarrollo de sus modelos, podría perder usuarios, ingresos y posición competitiva frente a sus rivales. Por ello, sostienen que un acuerdo entre competidores para reducir conjuntamente el ritmo de innovación podría tener efectos anticompetitivos.
La demanda también sitúa los primeros indicios de esta coordinación varios meses antes. En particular, hace referencia a una declaración de julio del 2026 firmada por altos cargos de varios laboratorios de IA. El documento reconocía la fuerte presión competitiva que existe para que ninguna empresa ralentice unilateralmente su desarrollo y reclamaba apoyo gubernamental para un esfuerzo internacional destinado a moderar el desarrollo de determinadas formas de inteligencia artificial automatizada.
La cuestión antimonopolio
Los demandantes sostienen que un acuerdo entre empresas rivales para que el progreso tecnológico sea más lento de lo que sería bajo una competencia independiente podría constituir una restricción de la competencia. El procedimiento se plantea, entre otras cuestiones, al amparo de la Sección 1 de la Sherman Act, la legislación federal estadounidense que prohíbe determinados acuerdos entre empresas cuando restringen el comercio o la competencia.
Sin embargo, la presentación de una demanda no significa que las acusaciones hayan sido demostradas. El tribunal todavía tendrá que determinar, entre otras cuestiones, si existió realmente un acuerdo entre las compañías y, en caso de existir, si tuvo efectos anticompetitivos que infrinjan la legislación estadounidense.
Los demandantes solicitan que el caso sea reconocido como una demanda colectiva, una declaración de que se produjo una infracción de las normas antimonopolio y medidas judiciales destinadas a impedir determinadas formas de coordinación entre las empresas demandadas.
Seguridad frente a competencia
Un elemento importante del caso es que los demandantes aseguran que no se oponen a que cada empresa decida individualmente ralentizar el desarrollo de sus propios sistemas por razones de seguridad. Su objeción se dirige a que empresas que compiten entre sí puedan acordar conjuntamente ese ritmo de desarrollo. Según la demanda, la legislación antimonopolio no permitiría sustituir las decisiones independientes de cada compañía por una limitación colectiva de la competencia.
Nick Rowley, abogado principal de los demandantes, defendió públicamente la posición de sus clientes y expresó su preocupación por que cuestiones relacionadas con la seguridad de la IA queden determinadas mediante acuerdos privados entre grandes empresas tecnológicas.
La cuestión resulta especialmente relevante porque el propio Dario Amodei había reconocido los posibles problemas relacionados con la legislación antimonopolio en su propuesta inicial. El responsable de Antrhopici planteó que el Gobierno estadounidense podría mediar o facilitar las conversaciones entre los laboratorios de IA. También propuso que pudiera establecerse una exención limitada de las normas antimonopolio para determinadas conversaciones relacionadas exclusivamente con la seguridad.
La idea planteaba así una posible vía para que las empresas pudieran colaborar en cuestiones de seguridad sin exponerse a determinadas restricciones legales derivadas de las normas de competencia.
Sam Altman respondió que OpenAI veía con buenos ojos un marco federal que estableciera requisitos de seguridad comunes para los desarrolladores de inteligencia artificial. Al mismo tiempo, sostuvo que las empresas no deberían necesariamente esperar a obtener una exención antimonopolio o una nueva legislación para comenzar a trabajar en medidas destinadas a generar confianza y mejorar la seguridad.
Un debate más amplio sobre la regulación de la IA
La controversia forma parte de un debate más amplio sobre cómo deberían desarrollarse y regularse los sistemas de inteligencia artificial más avanzados. Diversos dirigentes del sector llevan tiempo planteando la necesidad de establecer estándares comunes de seguridad y mecanismos de cooperación entre laboratorios. El argumento central es que determinados riesgos asociados a sistemas cada vez más capaces podrían requerir protocolos compartidos que ninguna empresa pueda establecer por sí sola.
Los demandantes no cuestionan que las compañías puedan solicitar al Congreso, a la Casa Blanca o a otras instituciones federales que establezcan normas comunes para el sector. Tampoco se oponen, según la demanda, a que las empresas soliciten formalmente una exención de las leyes antimonopolio que permita determinadas formas de cooperación.
La diferencia se encuentra en si esa colaboración debe producirse mediante un acuerdo privado entre competidores o dentro de un marco regulatorio establecido por las autoridades públicas.
El debate también tiene una dimensión política y regulatoria. La Administración de Donald Trump ha expresado su intención de que los laboratorios estadounidenses mantengan una posición competitiva frente a los desarrolladores de inteligencia artificial de China y ha mostrado cautela ante determinadas propuestas de regulación tecnológica.
Trump ha criticado anteriormente iniciativas destinadas a imponer restricciones a determinadas tecnologías y ha cuestionado que los propios líderes de la industria soliciten una regulación que, en su opinión, podría perjudicar a las empresas estadounidenses.
Al mismo tiempo, su Administración acaba de anunciar la creación de un grupo de trabajo sobre inteligencia artificial y el nombramiento de un responsable específico para las cuestiones relacionadas con esta tecnología, un zar de la IA, como lo definió Trump, aunque inicialmente se ofrecieron pocos detalles sobre sus funciones.
En el Congreso también existen posiciones diferentes. El senador republicano Josh Hawley ha rechazado la posibilidad de conceder una exención antimonopolio a las grandes empresas tecnológicas para que puedan coordinarse, argumentando que una medida de ese tipo podría permitir que los principales competidores colaborasen para limitar la competencia.
Por ahora, el caso se encuentra en una fase inicial. No existe una resolución judicial que determine que las compañías hayan alcanzado un acuerdo ilegal ni que hayan infringido las leyes antimonopolio. La cuestión central que deberá examinar el proceso será, por tanto, si las declaraciones y conversaciones mencionadas por los demandantes constituyen realmente un acuerdo entre competidores y, en caso afirmativo, si dicho acuerdo produjo una restricción de la competencia suficientemente relevante para vulnerar la legislación estadounidense.
El caso pone sobre la mesa una cuestión de creciente importancia para el sector: hasta dónde pueden llegar empresas que compiten entre sí al colaborar en materia de seguridad de la inteligencia artificial sin que esa cooperación se convierta en una restricción ilegal de la competencia.