El Constitucional avala la amnistía a Turull y allana el camino a Puigdemont

Xavier Gual BARCELONA / E. LA VOZ

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El secretario general de Junts, Jordi Turull, este martes en Barcelona.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, este martes en Barcelona. Quique García | EFE

La mayoría progresista se declara partidaria de perdonar la malversación del «procés»

23 sep 2026 . Actualizado a las 08:48 h.

El pleno del Tribunal Constitucional se decantó este martes por aplicar la ley de amnistía a Jordi Turull y al resto de los líderes del procés, incluido el prófugo expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Al final no hubo sorpresas y el magistrado José María Macías, del bloque conservador, no obtuvo el respaldo de la mayoría a su propuesta de resolución del recurso presentado por el exconsejero de Presidencia catalán y actual secretario general de Junts contra la decisión del Tribunal Supremo de negarle la amnistía. El alto tribunal resolvió que Turull (y el resto de políticos independentistas) malversaron dinero público para sufragar los gastos del referendo ilegal del 1-O. En la ponencia, Macías defendió este argumento, rechazó amnistiar la malversación y propuso desestimar el amparo solicitado por el hoy número dos de Junts. El texto no llegó a votarse ante el rechazo de los siete magistrados progresistas, entre ellos, su presidente, Cándido Conde-Pumpido, partidarios de aplicar la ley del olvido penal en su totalidad, incluida la malversación. Macías volverá a presentar una nueva propuesta, que esta vez sí reflejará la opinión mayoritaria, en la próxima reunión que tendrá lugar en dos semanas, el 6 de octubre. Se da por hecho que el documento irá acompañado del voto particular contrario de los cinco magistrados discrepantes.

Por su parte, Turull celebró la decisión del TC, que consideró una «desautorización absoluta» del Supremo. Sin embargo, señaló que «todavía faltan muchos pasos» para que la amnistía se pueda dar por aplicada definitivamente.

Enriquecimiento personal

La clave de las deliberaciones reside en la interpretación de la malversación. Según el Supremo, los dirigentes separatistas incurrieron en un «beneficio patrimonial personal» al usar fondos públicos para el referendo ilegal del 2017, ahorrándose el coste que habría supuesto para sus bolsillos. Este supuesto era una de las excepciones contempladas en la propia norma, y es el mismo que Macías defiende en su ponencia: «El enriquecimiento no puede limitarse al aumento del patrimonio, sino también a evitar su disminución, imputando gastos personales al erario público». Y subraya que «los ciudadanos que apoyaron el proceso con donaciones vieron reducido su patrimonio», en tanto que los líderes políticos «mantuvieron intacto el suyo».

En el debate, que fue breve, Conde-Pumpido criticó el razonamiento del Supremo contra la «letra y espíritu de la ley de amnistía», que tildó de «artificiosa». El presidente de la corte de garantías anunció que él mismo llevará al próximo pleno su propuesta sobre el amparo reclamado por otra dirigente separatista, la exconsejera Dolors Bassa. Su caso se votará una vez despachado el de Turull, y tanto uno como otro servirán de base para resolver los recursos de los demás: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Toni Comín y Lluís Puig. En el caso de Carles Puigdemont, el instructor de la causa en el Supremo, el magistrado Pablo Llarena, deberá decidir si mantiene la orden nacional de detención vigente contra el expresidente catalán o la retira. La semana pasada, Llarena optó por mantenerla, aunque dejó la puerta abierta a levantarla en función de lo que dictamine el Constitucional. Si este, como parece, avala la malversación, el regreso de Puigdemont, prófugo de la justicia española desde hace casi nueve años, podría ser cuestión de días.

Otra causa que podría correr la misma suerte, también a expensas de lo que decida el órgano de garantías, es la que se sigue en el Tribunal de Cuentas contra una treintena de políticos, entre ellos los expresidentes Puigdemont y Mas. A todos ellos se les acusa de desviar más de cinco millones de euros para financiar el desafío secesionista.