Las otras «Maricarmen» que esperan un desahucio: vulnerables, víctimas de violencia de género y con niños enfermos a su cargo

Maricarmen Abascal fue desahuciada la semana pasada y volverá a casa después de alcanzar un acuerdo con Urbagestión, la empresa que le arrendaba el piso en el que vivía. Su caso, que movilizó a cientos de jóvenes que aún siguen acampados en la Puerta del Sol de Madrid, fue el más mediático, pero no el único. El Consejo General del Poder Judicial advirtió que tan solo en el primer trimestre del año se desalojó a 4.005 personas, lo que supone hasta 45 al día. El año pasado, fueron más de 25.000 personas las que se vieron en la calle. Y esta semana, una ola de casos también han pasado a integrar estas cifras.

Mataró

Siete miembros, uno con autismo. Una familia de siete miembros en la Ronda Cerdanya, en el barrio de Cerdanyola (Mataró), recibió la visita de los Mossos d'Esquadra para ser desalojada. Su situación era de especial vulnerabilidad, ya que entre ellas se encontraban un hombre con un 87 % de discapacidad y tres menores, uno de ellos con autismo. Vecinos y activistas se concentraron frente al inmueble con la intención de impedir el desalojo, aunque finalmente la actuación se llevó a cabo. La vivienda pertenecía a un fondo de inversión que se negó a negociar la permanencia de los inquilinos tras 11 años de residencia en dicha vivienda. El mismo día también se desahució a otra familia en la calle Colòmbia, en el barrio de Rocafonda. 

Madrid

Junto a la acampada. En paralelo a las expulsiones en Mataró, en el número 5 de la calle Navas de Tolosa de Madrid, que queda muy cerca de Callao y de la Puerta del Sol, se impidió otro desalojo. Muchos de los acampados para reclamar una vivienda digna acudieron a una convocatoria de redes sociales para impedir que una mujer mayor y un número indeterminado de familiares con los que vivía tuvieran que abandonar su domicilio. La presión terminó por aplazar el desahucio hasta el día 14 de octubre a las 9.30 horas de la mañana.

Vitoria

Sin dónde ir tras una semana de pensión. Driss, Sanae y sus dos hijos de ocho y diez años fueron expulsados también de un domicilio de Vitoria el viernes pasado. El caso es también de especial vulnerabilidad. Llevaban 14 años viviendo arrendados con un alquiler de 450 euros y denunciaron irregularidades por parte de su casero: la familia pidió en el 2021 al pagar a través de transferencia bancaria para que quedara constancia de su situación, pero el arrendador se negó y les obligó a abandonar la casa en enero del 2022. No se produjo la situación hasta la semana pasada debido a que el proceso judicial se alargó. La familia dijo que contaba con una semana de alojamiento en una pensión, pero después, no tienen dónde ir.

Zaragoza

A la expectativa. En la calle Orense del barrio zaragozano de Torrero, la comisión judicial no llegó a presentarse al desahucio de Esmeralda y su hija de 11 años, ya que fue paralizado tras un acuerdo por el que se estipula que se podrá quedar en casa hasta que el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza propongan una alternativa habitacional para Esmeralda y su hija, que viven esta situación por impago del alquiler de la vivienda, propiedad de un particular. La inquilina está enferma y fue víctima de violencia de género, cobra unos 500 euros al mes, y varios familiares han abandonado el domicilio que compartían. 

Murcia

Aplazado. En la localidad murciana de Molina de Segura se paralizó este mismo miércoles el desahucio de Loli Ortega y sus dos hijos, previsto para las 10.30 horas de la mañana. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca informó de que la residente presentó un informe de Servicios Sociales para demostrar su vulnerabilidad. Ya que vive con sus dos hijos, uno de 23 años y estudiante y otro menor de 15 años con discapacidad y una escoliosis severa, que se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica. Promontoria Coliseum, dueña del inmueble, no quiso suspender el desahucio.

Bilbao

Efecto inquiokupa. El juez también suspendió el desalojo de una vecina de los pisos de Viviendas Municipales de Bilbao porque su casa estaba «destrozada» por unos «inquiokupas» y por encontrarse ella en una delicada situación económica. La plataforma Kaleratzerik ez! Plataforma Bizkaia, que lleva su caso, informó de que ahora cuentan con más tiempo para negociar con la arrendataria pública.

Logroño

A la espera de alojamiento. El desahucio previsto para hoy en un piso del centro de Logroño fue aplazado, a la espera de encontrar un nuevo alojamiento para la inquilina y sus dos hijas menores. La decisión, a última hora de ayer, estuvo vinculada a un informe de vulnerabilidad de la familia, que lleva más de una década en la vivienda. Según varios medios, la mujer llegó a ofrecerse a asumir un alquiler mayor, pero se encontró con la negativa del dueño del inmueble, multipropietario y con un negocio de pisos turísticos. El Sindicato de Vivienda riojano celebró la decisión y dejó claro que no fue gracias a «unos decretos insuficientes».

Elche

Contrato irregular. Débora, su marido, sus dos hijos  y su perro creyeron alquilar un piso en el Sector V de Elche a una mujer, pero resultó que habían subarrendado con otra persona. Los dos, autónomos, solicitaron ayudas del Bono Alquiler Joven que no pudieron percibir por dicha irregularidad. Acto seguido, se sucedieron varios impagos por la imposibilidad de asumirlos, por lo que la arrendataria les reclamó 12.000 euros. Tienen un desahucio programado para el próximo 22 de octubre tras aplazarse la orden que recibieron en septiembre, pero ni el alquiler de protección oficial les ha comunicado una alternativa residencial ni el mercado les permite acceder a otra vivienda.

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