Polémica por la redacción en el BOE del decreto Maricarmen: «una víctima de las leyes del franquismo» y de los «fondos buitre»
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El texto aprobado por el Consejo de Ministros apunta a que las leyes heredadas de la dictadura y la especulación «le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años»
30 sep 2026 . Actualizado a las 19:46 h.El primer decreto que aprobó este martes el Consejo de Ministros y que contiene parte de las medidas para paliar la crisis de vivienda nacional se publicó este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el documento, se recoge como «punto de inflexión» el desahucio de Maricarmen Abascal, a la que se retrata como una «víctima» de las leyes del franquismo y de los fondos buitre.
«Es una mujer vulnerable de 87 años, víctima de una legislación machista y retrógrada procedente de una dictadura y de la especulación más voraz, que le han impedido seguir viviendo en la misma casa donde residió sus últimos 70 años, a pesar de no tener una alternativa habitacional digna», recoge el texto.
Maricarmen fue desalojada del domicilio donde residió toda la vida, pero alcanzó un acuerdo con Urbagestión en el Hospital Gregorio Marañón por la explosión social en solidaridad con ella. Se estableció la prolongación del contrato durante ocho años y la afectada abonará una cantidad similar a la que venía pagando ahora, entre 450 y 500 euros mensuales, que sería el 30 % de la cantidad que percibe de su pensión y/o rentas netas: unos 1.400 euros al mes. Pero la situación ya es más trascendental que ella.
El texto del decreto recoge que la octogenaria es un símbolo «de un derecho roto por unas administraciones competentes que no han dado cumplida satisfacción a la regulación vigente para garantizar su derecho a la vivienda». Un inusual ejercicio de autocrítica del PSOE al inmovilismo institucional para regular legalmente las situaciones de especial vulnerabilidad en el mercado de la vivienda o el motivo por el que Sumar retrasó una hora el Consejo de Ministros para firmar unos decretos suficientes que aún deben pasar el examen del Congreso.
Además, retratan los redactores del texto que «este caso confirma por la vía de los hechos que existen deficiencias que permiten que situaciones así se produzcan y que es urgente subsanar legalmente», apuntando que la legislación anterior a los decretos no se ocuparon debidamente de apostar por el inquilino y fueron permisivos con fondos y propietarios.
«Ni siquiera una solicitud expresa de suspensión del desahucio por parte de la Organización de las Naciones Unidas sirvió para su paralización», apunta también el texto publicado en el BOE, que concluye que «si las administraciones públicas cierran cualquier perspectiva de acción sobre la redistribución, la justicia social y de modificación de un ordenamiento jurídico que, aun siendo cumplido, supone un fracaso social e institucional, como ha ocurrido con el caso de Maricarmen Abascal, resulta del todo contradictorio e incoherente afirmar que esas mismas administraciones están cumpliendo con los principios rectores de la política social y económica y las condiciones del artículo 9.2 de la norma fundamental del Estado».