En su investidura, hace tres años, prometió 183.000 viviendas públicas y de alquiler asequible
07 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado, ponen fin a una legislatura marcada por la incapacidad del Gobierno de coalición para aprobar los Presupuestos y por el incumplimiento de muchas de las promesas que Pedro Sánchez hizo en su discurso de investidura, hace tres ya más de tres años, entre las que destaca la de movilizar 183.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Otras reformas, que ya estaban en fase de anteproyecto, decaen ahora por la disolución del Congreso y el Senado, y solo podrán ser recuperadas si se inicia de nuevo su tramitación parlamentaria durante el próximo mandato.
Legislatura hasta el 2027
Presupuestos y financiación autonómica. La ausencia de cuentas públicas y su prórroga constante han sido la mayor evidencia de la debilidad de un Ejecutivo en minoría parlamentaria, cuyo presidente siempre sostuvo que no apostaría por el adelanto electoral y que gobernaría hasta agotar la legislatura en el 2027. La última vez, el pasado 9 de septiembre, en una entrevista en RTVE: «Ese es el compromiso». La convocatoria hace decaer la nueva financiación autonómica y la condonación de la deuda.
Vivienda
Rehabilitación de inmuebles. El principal problema en España según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y en Galicia, según Sondaxe, la vivienda, ha marcado el fin precipitado de la legislatura. La promesa del socialista en el 2023 de movilizar 183.000 viviendas públicas y de alquiler asequible tampoco fue cumplida. El ministerio del ramo cifra en 10.620 los pisos de promoción pública con calificación definitiva desde entonces. Las rehabilitadas hasta el segundo trimestre de este año apenas superan las 32.000 cuando el objetivo era de medio millón.
Laboral
Sin Estatuto del becario ni jornada de 37,5 horas. Pese al empeño de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el Gobierno de coalición tampoco ha conseguido implementar la semana laboral de 37,5 horas, que se queda en el camino al igual que conocido como estatuto del becario, que aún no había sido convertido en ley.
Lenguas oficiales
La UE, sin gallego, catalán ni vasco. Esta reforma impulsada por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para cumplir uno de los acuerdos adquiridos con el partido de Carles Puigdemont, exige la unanimidad de todos los Estados miembros de la Unión Europea. El gallego, el vasco y el catalán siguen hoy sin ser lenguas oficiales en Bruselas, ante la negativa de países como Alemania, Suecia, Lituania y Croacia.
Hoja de ruta energética
Prorrogada la central nuclear de Almaraz. Aunque el calendario del cierre nuclear previsto por el Ejecutivo fechaba en noviembre del 2027 y octubre del 2028 el cierre escalonado de los dos reactores de Almaraz, el encarecimiento de los combustibles causado por la guerra en Oriente Medio obligó al Ministerio de Transición Ecológica a prorrogar la vida útil de las dos unidades de esta central cacereña hasta junio del 2030.
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Social
Sin máximo de 30 días para las ayudas de dependencia. En noviembre del 2023, Sánchez prometió establecer el plazo máximo para recibir prestaciones como la de ayuda a la dependencia en 30 días, sin embargo, tres años después, este se redujo solo de seis a tres meses.
Sanidad
Sin tiempos máximos de espera. Socialistas y magentas habían acordado aprobar una ley para limitar los tiempos de espera para las intervenciones quirúrgicas, las consultas al especialista, las pruebas complementarias y la atención en salud mental de menores de 21 años, que ahora el adelanto electoral deja en vilo, al igual que la ley antitabaco, el Estatuto Marco y la ley del medicamento.
Transporte público
Sin gratuidad para jóvenes y parados. La promesa inicial de un transporte público gratuito para jóvenes de hasta 24 años y parados tampoco llegó a materializarse esta legislatura.
Reformas paralizadas
No se deroga la ley mordaza. Pese al acuerdo inicial entre varios socios de investidura para derogar la ley de seguridad ciudadana, también llamada ley mordaza, y eliminar los delitos de injurias al rey y de ofensa a los sentimientos religiosos, esta continúa en vigor. Por otra parte, la nacionalización de los saharauis, aprobada en el Congreso el 10 de septiembre, es ya papel mojado, al no haberse votado en el Senado.
Otras reformas, en fase de anteproyecto, decaen por la disolución de las Cortes y solo podrán ser recuperadas si se inicia su tramitación parlamentaria