La violencia callejera en A Coruña tras un acto de Vox empaña la carrera a las urnas
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El Gobierno achaca los altercados a un «grupúsculo de radicais», Rueda defiende el trabajo de los antidisturbios, Inés Rey condena el vandalismo y el BNG denuncia cargas «desproporcionadas»
23 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Las protestas del miércoles en A Coruña, primero contra un acto de Vox y después contra la «violencia policial», dejaron trece agentes, dos periodistas y numerosos manifestantes heridos; tres detenidos, y una treintena de contenedores quemados. Los altercados en la urbe herculina —que enturbian la campaña de las elecciones generales del 29N— fueron provocados por un «grupúsculo de radicais e antisistema» que lanzaron sillas, mesas, piedras y bengalas, infiltrados dentro de un grupo mayor pacífico, según aseguró el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. «A violencia non ten cabida na nosa sociedade e non pode xustificarse baixo ningún concepto», apuntó el máximo representante del Ejecutivo central en la comunidad antes de reiterar su «condena máis rotunda e firme» de unos hechos que tachó de «inadmisibles».
Blanco, que lamentó la «intranquilidade que viviu a veciñanza da Coruña», insistió en desligar tajantemente a la inmensa mayoría de los asistentes a las concentraciones de los conatos vandálicos, obra de unos pocos, en cuya identificación ya trabajan las fuerzas de seguridad del Estado. Los tres arrestados se enfrentan a penas por posibles delitos por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños en bienes públicos.
Sobre el papel de los agentes antidisturbios, que lanzaron pelotas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes —entre los que había menores de edad—, el delegado opinó que «la actuación policial fue la que tenía que ser a la vista de lo que hay; hay imágenes en las que se les lanzan piedras; acabaron quemando contenedores».
Treinta contenedores quemados
También la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, condenó los altercados. «Hay grupos violentos, no sé de dónde vienen [...]. Lo que condeno es que se ejerza violencia y se deslegitime una concentración que estaba siendo pacífica», sostuvo la regidora, que cifró en una treintena los contenedores calcinados (valorados en 360.000 euros), mientras siguen estimando los daños, que serán «cuantiosos», según adelantó.
«No sé en qué momento el fascismo se combate quemando mobiliario urbano, más allá de amplificar el mensaje de la ultraderecha [...]. El fascismo se combate en las urnas, con política, con debate de ideas y, sobre todo, votando», valoró Rey, que trasladó su apoyo «a todos los heridos», y a los comerciantes y hosteleros perjudicados por los incidentes. Aunque se negó a «entrar a valorar» el trabajo de los antidisturbios, ya que ella no coordina los dispositivos, respaldó su actuación: «No vi a la policía quemando contenedores».
Cuando le preguntaron de forma expresa por la violencia callejera, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió, tras un acto en Santiago: «En Galicia non gustan os extremismos. Coidado con estas cousas». El popular defendió que «os policías e forzas antidisturbios fixeron o seu traballo. Outra cousa é a dirección política deses traballos», dijo, apuntando al delegado del Gobierno, aunque no llegó a pedir su dimisión. «Terá que explicar cal foi a reacción, se realmente se puido facer algo para evitar eses altercados, ou se puido facer máis», indicó, sobre la responsabilidad de Blanco. «En Galicia non somos así. En Galicia non queremos vivir así. Non temos esa intolerancia. Pódennos gustar máis ou menos determinados posicionamentos políticos, pero para iso están as urnas, para expresarse, e creo que aquí, ata o de agora, somos un caso único en España», destacó Rueda, recordando así que Vox no tiene representación en la comunidad que preside.
«Son escenas non desexables que non merecen outra cousa cá condena. Alá os que non son capaces de condenalo. Como os representantes do BNG, con todo tipo de filigranas dialécticas para non dicir que o condenan. Seguro que a inmensa maioría dos galegos pensamos que non pode ser», criticó, antes de reconocer que la postura del Bloque le preocupa «moitísimo». La portavoz de los nacionalistas, Ana Pontón, sí que rechazó «calquera tipo de violencia», después de que su candidata a las municipales en A Coruña y concejala, Avia Veira, centrara sus críticas en las cargas policiales «absolutamente desproporcionadas». La postura del BNG también fue censurada por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado. «Non pode ser que a señora Pontón diga que se sente orgullosa dunha mocidade que lanza bolardos, adoquines e cadeiras», reprochó la dirigente, quien consideró «normal» que Néstor Rego defienda a sus «cachorros», y acusó al delegado de «deixamento de funcións». Sin embargo, fuentes de la Delegación del Gobierno indicaron a Efe que Blanco estuvo el miércoles en A Coruña en un acto de Defensa antes de que pasase nada en María Pita.
Para el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la libertad de expresión y el rechazo a la violencia son compatibles. «Unha cousa non ten que ver con outra. Podemos expresarnos sen ter comportamentos violentos. A violencia, veña de onde veña, rexeitámola totalmente», dijo en declaraciones a los medios en Lugo. Coincidieron con él las Xuventudes Socialistas de A Coruña, que trasladaron su solidaridad a las personas heridas en los disturbios y aclararon que su organización no convocó la protesta y no está relacionada con la Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS).
Desde el Sindicato Profesional de Policía (SUP), que elevó el número de agentes heridos a 17, se exigieron «responsabilidades políticas al máximo nivel» por «ignorar los evidentes riesgos para la seguridad ciudadana» que representaba la coincidencia temporal y espacial del acto de Vox y la concentración convocada por Galiza Nova. Esta asociación juvenil del Bloque convocó ayer concentraciones en las siete ciudades gallegas para el próximo domingo contra la «represión policial».
El Ayuntamiento herculino está valorando los daños, aunque avanzó que son «cuantiosos» y superarán los 360.000 euros