«Yo apostaría por un sistema distinto, pero no puedo hacer más», asegura el consejero
09 jun 2016 . Actualizado a las 19:02 h.El consejero de Empleo del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, ha calificado hoy de «expolio» la pérdida de control del Principado sobre la extinta Cajastur en el proceso que condujo a la creación, junto a Caja Cantabria y Caja Extremadura, de la entidad financiera Liberbank.
Blanco se ha manifestado así en sus respuestas ante el pleno de la Junta General del Principado a sendas preguntas de Podemos y Foro sobre la situación creada en el banco tras el plan de ajuste que afectará a 1.090 trabajadores de toda España entre bajas voluntarias e incentivadas -171 en Asturias- y el cierre de sucursales.
«Estoy de acuerdo en que ha sido un expolio perder el control de Cajastur y yo apostaría por un sistema distinto, pero no puedo hacer más», ha señalado el consejero al diputado de Podemos Enrique López tras las críticas que el parlamentario morado ha realizado a la inacción del Gobierno regional en este proceso.
Según Blanco, el actual sistema derivado de la desaparición de las cajas de ahorros con control público a través de la representación política no da al Principado ni al Parlamento regional -entidad fundadora de Cajastur junto al Ayuntamiento de Gijón- ninguna capacidad «para controlar lo que pasa allí».
En este sentido, ha señalado que la Cámara regional tiene únicamente un representante en la Fundación bancaria Cajastur -accionista mayoritario de Liberbank-, pero al Principado no les corresponde ni siquiera el protectorado de la misma dado que, al ser un negocio bancario que opera fuera de la comunidad autónoma, dicha función corresponde al Ministerio de Economía.
«No hay una norma autonómica que pueda cambiar la ley estatal y no puedo sacar soluciones milagrosas de un catálogo de Ikea, tengo que atenerme a la realidad y a la ley», ha subrayado antes de acusar al parlamentario de Podemos de intentar «engañar a la ciudadanía» al trasladar la imagen de que el Gobierno asturiano tiene más capacidad de actuación en este ámbito pese a que «no puede ser».
Según Blanco, que se ha mostrado confiado en que el plan de ajuste laboral pueda llevarse a cabo desde el acuerdo con los sindicatos y sin vulnerar los derechos de los trabajadores, el Principado no tiene «ningún mecanismo real de control» sobre Liberbank como se demostró con las discrepancias que mantuvo con el Principado sobre el cierre del centro de Soft Computing en Mieres.
Para el parlamentario de Podemos, ataviado con una camiseta negra alusiva al conflicto laboral en Liberbank, el Gobierno regional se limita a «rendir pleitesía» al consejero delegado de la entidad, Manuel Menéndez, que en 2014 fue elegido con los votos de PP y PSOE como representante del Parlamento en la Fundación Cajastur.
Según López, el Principado «no arregla nada» mientras Liberbank reduce empleo y aplica un plan de cierre de oficinas incluso en localidades donde se trata de la única sucursal existente por lo que ha advertido a Blanco de que se necesita «algo más que talante» y de «documentos llenos de contenido» para afrontar una situación «en la que los clientes »ven cómo les roban la caja que les perteneció».
Además, ha emplazado a que desde el Parlamento se pusiera «firme» a Menéndez dado que fue quien le nombró y ha retado al Gobierno a trasladar a Liberbank su oposición al plan de ajuste y de cierre de oficinas y al proceso de privatización de Cajastur «que ha acarreado la liquidación de la obra social» tal y como hizo hace dos días el Ayuntamiento de Oviedo con el voto a favor del grupo socialista.
Para el diputado de Foro Pedro Leal si el Gobierno regional no ha hecho «nada» para asumir el protectorado de la Fundación Cajastur es «porque no quiere» dado que tenía la posibilidad de adaptar la normativa autonómica y prefiere dejar a una entidad »que va a la deriva« en un «limbo» jurídico en cuanto a control y supervisión.
La Fundación Cajastur, ha subrayado, sigue siendo el máximo accionista de Liberbank «y tiene la obligación de defender su patrimonio» y de evitar la pérdida de empleo estable y la ausencia de crédito en Asturias tras haber reducido su vinculación con el tejido socioeconómico de la región tras desinvertir en empresas estratégicas como EdP (antigua Hidrocantábrico) o Telecable.