En el año 2000 sólo 144 personas en la comunidad habían sido incapacitadas para el sufragio pero las demandas de inhabilitación se han disparado en una década
12 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.En los últimos tres comicios, los autonómicos y locales juntos a las dos elecciones generales en el plazo de seis meses, se han repetido las quejas de los españoles que no pueden ejercer su derecho al sufragio por retrasos en el voto rogado. Sin embargo apenas se sabe nada de los españoles que tampoco pueden votar, aunque también ellos quieran, por habérseles retirado ese derecho después de ser incapacitados por un juez. Son casi 100.000 en España y de ellos, alrededor de 2.000 residentes en Asturias.
En las últimas elecciones generales celebradas el pasado 20 de diciembre, un total de 1.909 asturianos no pudieron ejercer su derecho al voto por por circunstancias como padecer algún grado de discapacidad intelectual, ser mayor con algún proceso degenerativo o estar internado en un psiquiátrico. Además el número de personas incapacitadas por un juez para votar en Asturias se ha disparado en los últimos años. En el año 2000, la estadística de la Oficina del Censo Electoral apenas recogía 144 casos de asturianos privados del derecho al voto; ese número se incrementó hasta 375 en el año 2004. La cifra se disparó cuatro años después hasta 1.132; en 2011 ya eran 1.657 y, por último, el censo de 2015 arrojaba la cifra de 1.909.
Son datos recogidos por El Confidencial (que solicitados a través de una solicitud de acceso a la información pública a la que la Oficina del Censo Electoral se negó en primera instancia y que, tras recurrir a los tribunales, el periódico consiguió en enero) que, además, ofrece una explicación para el hecho de que se haya multiplicado de forma creciente el número de personas incapacitadas en las sucesivas citas ante las urnas: un «aluvión» de sentencias totales de discapacidad solicitadas por las familias de los incapacitados para protegerles de abusos, tanto en el ámbito electoral (ya que se han repetido casos de denuncias contra partidos que organizan el transporte de personas con las facultades mermadas hasta el colegio electoral) como para proteger su patrimonio.
Son privados de derecho al voto las personas con una discapacidad intelectual, en diferentes grados, que son tutelados por sus familiares o por alguna fundación encargada de velar por su protección. También pierden su capacidad para votar las personas ingresadas en un psiquiátrico en el caso de que familiares o personas cercanas soliciten un proceso civil de inhabilitación que, si es tomado en consideración por un juez, determina aspectos como su incapacidad para poner en marcha negocios jurídicos, también su privación de libertad y que incluye retirarle el derecho al voto.
En el caso de las personas que ingresan en prisión después de haber sido condenadas por un delito, hasta la reforma del Código Penal de 1995 los presidiarios no podían ejercer tanto el derecho al sufragio activo (el de poder votar en las urnas) como el pasivo (el de poder presentarse para ser elegido). Tras esa reforma, los presos siguen sin poder ser candidatos en una lista pero sí pueden ejercer su derecho al voto por correo. Según el artículo de El Confidencial, apenas un 5% de la población penitenciaria participa en los comicios.