«Hay una pasividad del Gobierno en funciones para combatir la corrupción»

Pilar Campo OVIEDO

ASTURIAS

Julio Martínez Zahonero, delegado territorial de Jueces por la Democracia.Julio Martínez Zahonero, delegado territorial de Jueces por la Democracia
Julio Martínez Zahonero, delegado territorial de Jueces por la Democracia

El magistrado Zahonero asegura que la «ley mordaza» y la reforma del Código Penal eran «innecesarias». Dice que ha habido indultos «vergonzantes en casos de torturas policiales»

09 jul 2016 . Actualizado a las 09:54 h.

Julio Martínez Zahonero (Grado, 1973) es un magistrado todoterreno. Está al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Avilés, que compagina la competencia en materia de Violencia de Género con los asuntos de instrucción de la justicia ordinaria. Juez comprometido, es el delegado territorial en Asturias de Jueces para la Democracia, asociación profesional que recientemente le ha elegido miembro del Secretariado nacional. En su anecdotario personal recuerda, entre risas, cómo en una ocasión una testigo le insistía en reconocer, «sin género de dudas», a un compañero magistrado al que le había pedido como un favor personal que se colocara  en una rueda de reconocimiento para completar el número de sospechosos. También rememora cómo recibió con perplejidad varias denuncias de hurtos, con el denominador común de que los denunciantes  paradójicamente siempre llevaban, «entre 300 y 500 euros», en la cartera. Errores en las identificaciones y denuncias sobredimensionadas que forman parte de una Administración de Justicia caracterizada por la carencia de medios y para la que el magistrado moscón tiene algunas propuestas.  

-¿Qué diferencias aprecia entre sus anteriores destinos, en pueblos, y el actual en Avilés?

-Estuve destinado en Amurrio (Álava), Castro Urdiales (Cantabria), Cangas del Narcea, Luarca y ahora, en Avilés. Hay grandes diferencias entre la justicia de pueblo y la de ciudad. Aquí, están el fiscal y el forense en la sede judicial y eso facilita mucho el trabajo, mientras que en uno de pueblo el fiscal está a través de videoconferencia y el forense va una vez a la semana. En la ciudad hay más agilidad en el trabajo y más medios. Cierta concentración de la Justicia favorece un trabajo más especializado y más eficaz.

-¿Es partidario de la supresión en Asturias de partidos judiciales?

Asturias tiene una peculiaridad orográfica muy marcada y podría ser interesante abrir un debate sobre cierta concentración de partidos judiciales. En nuestra Asociación estamos en contra de suprimir todos los partidos judiciales, porque aleja la Justicia al ciudadano. Tener un mapa judicial que es del siglo XIX no es muy útil. No se puede dejar desamparadas a ciertas alas de Asturias que siguen estando aisladas. Sería interesante, por ejemplo, extrapolar el mapa sanitario al judicial, para al menos abrir el debate.

-Habitualmente se quejan de falta de medios.

-La informatización es el principal problema y es  muy grave la falta de personal en los equipos psicosociales. Son muy pocos profesionales y eso genera unas dilaciones enormes en materia de Familia pero hay que reconocer que realizan un trabajo de calidad. Ahora, en Avilés, se está citando a la gente para marzo de 2017 y eso retrasa las causas de Familia. Por eso sería necesario reforzar los equipos. No obstante, se garantiza el derecho a la tutela efectiva y, en el caso de que haya hijos, se adoptan medidas cautelares civiles provisionales, de oficio, sin perjuicio de que luego se puedan adoptar medidas de carácter definitivo.

-¿Cómo gestiona las denuncias falsas?

-Las denuncias falsas pueden darse en todo tipo de delitos. También se da en los hurtos y no se plantea su supresión porque haya gente que diga que les han robado la cartera. Curiosamente a todo el mundo le llevan de 300 a 500 euros. Yo jamás he llevado tanto dinero encima.

-¿Ha constatado un aumento de las denuncias de abusos sexuales a menores cuando se discute el régimen de visitas?

-El problema de las denuncias de abusos sexuales a menores es un tema de prueba. Estos casos son difíciles de probar a efectos prácticos, tanto si ocurre como si no ocurre. Salvo casos excepcionales, depende de periciales psicológicas que hacen difícil la investigación. Es importante contar con  medios técnicos y personal técnico.

-¿Se cumplen las ordenes de alejamiento?

-En general, las órdenes se cumplen. El denunciado no se expone a cometer un delito seguro como es el quebrantamiento, pero cuando incumplen se agravan las medidas anteriores e incluso pueden ingresar en prisión.

-¿Ha cambiado la tipología delictiva por la coyuntura de crisis económica?

-Sí. Al juzgado llegan bastantes temas de contratación bancaria; de consumidores y cláusulas abusivas. Con la crisis bajaron mucho los asuntos de Familia, aunque ahora parece que vuelven a repuntar un poco. 

¿Cómo valora la gestión del ex director general de Justicia, Rafael Abril?

-Su paso por la Consejería de Justicia fue muy positivo, porque conocía la Administración de Justicia así como sus carencias y necesidades. Ha encauzado el problema de varias sedes muy problemáticas, como son las de Luarca, Pravia y Piloña.

-¿Cree que saldrá adelante el Pacto por la Justicia?

-Para nosotros es importantísimo, porque en España estamos muy por detrás del resto de los países europeos punteros en cuanto a inversión y número de jueces por habitante. Es importante tanto para mejorar el servicio y reducir las dilaciones como para poder combatir eficazmente delitos como los de corrupción. No se trata de hacer un pacto para una legislatura, hay que hacer reformas a largo plazo, desplegar los tribunales de instancia, crear un expediente digital eficaz y formar al personal,  pero en el Ministerio da la impresión de que confunden escanear con digitalizar expedientes y la digitalización mal hecha es el colapso.

-¿Aprecia impunidad desde el Gobierno en funciones para combatir la corrupción?

-Hay una pasividad por parte del Gobierno en funciones a la hora de poner los medios para la solución de estos delitos. Estamos muy vigilantes en esta materia.

-¿Qué espera del nuevo Gobierno?

-Primero que se forme y que sea receptivo a un Pacto por la Justicia. Rafael Catalá ha sido de trato  mejor,  más accesible y de más receptividad que su antecesor Alberto Ruiz Gallardón, pero a efectos prácticos ha sido igual de inmovilista. No ha habido cambios.

-¿La Justicia sigue siendo la hermana pobre de la Administración?

-Sí. Sigue con los índices más bajos de inversión en porcentaje de Producto Interior Bruto (PIB) en Justicia. Ha gestionado buena parte de reformas introducidas ya por Gallardón que no han servido más que para atascar aún más los juzgados. La gestión de la Lexnet, por ejemplo, ha sido nefasta. Incluso se da en reformas como la de los plazos de instrucción. Si nos dicen que hay que acabar la instrucción en seis meses y no nos ponen medios se generan disfunciones y causas cerradas precipitadamente. Esta  ha sido también otra gestión desastrosa del Ministerio.

-¿Qué opina de la Ley de Seguridad Ciudadana?

-En Jueces para la Democracia estamos totalmente en contra de la «ley mordaza», que era innecesaria vistas las estadísticas de conflictividad y orden público que demostraban que, en los últimos años, se habían ido bajando la conflictividad callejera o urbana. Era innecesaria también la reforma del Código Penal, que establece un endurecimiento de penas de tintes muy populistas cuando España es el país con menos delitos por habitante y el segundo en número de presos por habitante. Todos los estudios serios criminológicos han puesto de relieve lo innecesario de la reforma del Código Penal. El cambio está en manos del legislador, pero es complicado cambiarlo por las cuestiones de retroactividad, las revisiones de todas las causas y genera problemas sistemáticos de redacción y de interpretación.

-¿Se abusa de las peticiones de indulto?

-Los indultos tienen que estar motivados y ser controlables. En la anterior legislatura hemos visto indultos vergonzantes en casos de torturas policiales y se concedían indultos inadmisibles en nuestro estado de derecho, como ocurrió en el caso de los Mossos de Esquadra, con videos donde se mostraban palizas.

-Hubo incluso movilizaciones por encarcelamientos por hurtos de 79 euros.

-Es lo que dijeron en las redes sociales, pero no es cierto que el acusado entrara en la cárcel sólo por hurtar 79 euros. Tenía otros delitos, como falsedad, clonación de tarjetas, integración en banda organizada... No hay que creer todo lo que se dice en las redes sociales.

-¿Los juzgados aceptan como prueba las grabaciones de móvil?

Los juzgados estamos bombardeados de pruebas obtenidas con nuevas tecnologías, porque se graban conductas, conversaciones...